¿Del amor al odio? Colombia y petroleras dependerán de políticas para el sector

No cumplir contratos de exploración o modificar las reglas sobre el camino puede llevar a un arbitraje internacional para proteger billonarias inversiones

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Bogotá — La incertidumbre política a la que se enfrenta Colombia a pocos días de elegir quién llegará a la Casa de Nariño, ya sea Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, también ha inyectado ciertas preocupaciones en algunas industrias. Un caso de estas es la del sector minero y de hidrocarburos porque las decisiones respecto a este podría traer un coletazo importante en la industria y en las finanzas públicas del país.

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Para poner en contexto lo anterior hay que mencionar que aunque ambos candidatos son antifracking, Petro ha dicho públicamente que en su gobierno “se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”, dice un apartado del plan de gobierno de Petro.

En entrevista con Bloomberg Línea Ricardo Bonilla, asesor económico de Gustavo Petro, comentó que “lo que el candidato ha dicho es que no va a firmar nuevos contratos de exploración, pero los vigentes siguen su curso. Hoy hay cerca de 150 contratos de exploración que cubren alrededor de 7 millones de hectáreas alrededor del país. Lo que hoy se sabe es que muchos de sus contratos de exploración no están explorando”.

“Lo que sí queremos tener es un balance real de cuál es la exploración y por qué ha habido tantas dificultades para volver a encontrar petróleo o gas y que antes de que digan firme otro contrato de exploración, nos digan qué está pasando con esto porque esos contratos deben tener algún resultado y si logran encontrar petróleo o gas, la explotación no se suspenderá”, añadió el asesor.

“Ojalá esa exploración arroje nuevos resultados que extiendan las reservas. El tiempo estimado de reservas para petróleo y gas hoy es 7 u 8 años y creemos que se puede llegar a los 15 si efectivamente hacen la tarea. Lo que pasa es que hoy no exploran para decir que hay que hacer fracking y el gobierno les va a decir, no, exploren”,

Ricardo Bonilla

Incertidumbre e inversiones

Pese a lo expuesto, en el sector petrolero y minero todavía hay mucha incertidumbre sobre qué podría pasar con las inversiones ya realizadas en el país y las que se podrían estar pensando para los próximos años.

De acuerdo con datos de Campetrol, “en el último cuatrienio se firmaron 69 nuevos contratos de exploración y producción, los cuales contemplan compromisos de inversión de alrededor de US$3.700 millones para los próximos seis años. Adicionalmente, se espera que, de mantenerse los precios actuales, se lleguen a inversiones anuales similares a las que tendremos en 2022 durante los próximos años, las cuales se estiman en promedio en US$5.200 millones anuales para toda la cadena”.

“En la última década el sector de petróleo y gas ha representado en promedio anual el 6% del PIB a nivel nacional, el 43% del total de exportaciones, el 26% de la inversión extranjera directa y el 9,1% de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central”,

Campetrol

Leonardo Güiza, director del Centro de Innovación para la Minería y el Ambiente de la Universidad del Rosario, explicó a Bloomberg Línea que si los contratos de concesión, que ha otorgado la autoridad minera y de hidrocarburos en el país, se interrumpieran de “ipso facto, sin duda acarrearían una serie de demandas internacionales contra el Estado colombiano por el incumplimiento de estos contratos y los daños y perjuicios que conlleva”.

El mes pasado, en una entrevista con Bloomberg Línea Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, se refirió al tema y dijo que el problema de la inestabilidad jurídica en el sector no es que las empresas mineras se vayan del país y reiteró que “muchas veces la gente cree que la actividad minera es de multinacionales, pero en Colombia quedan 2 o 3, la mayoría de los 1.200 títulos mineros de carbón que existen hoy son de empresas nacionales y ellos tienen unos títulos otorgados a 30 o 20 años todavía”.

Cante agregó que “muy seguramente la discusión jurídica va a ser bien interesante y si se trata de compañías nacionales o internacionales la pregunta es de dónde va a salir la plata para indemnizar las inversiones que tienen los titulares mineros con los derechos adquiridos si es que se toma una decisión de cerrar la actividad, eso es algo que se volvería impagable para la Nación”.

Sobre la propuesta del candidato Petro, expuesta en diversos medios, en la que se refiere a que compraría la totalidad de la producción de carbón a los productores, Leonardo Güiza dijo que “la pregunta aún sin responder es qué va a realizar un eventual gobierno de Gustavo Petro con el stock de carbón que compre directamente y de dónde va a sacar los cerca de $5 billones que cuesta la producción anual de este mineral”.

Aunque en el sector quedan varias preguntas sin resolver y esperan mayor claridad al respecto, por lo pronto, hasta este domingo el país conocerá quién gana la contienda electoral en las urnas y con ello, cómo quedarían las reglas de juego para esta actividad.