Guerra en Ucrania: Guatemala destinará más de US$800 millones en programa de emergencia

El gabinete de crisis organizado por el gobierno de Alejandro Giammattei presentó las acciones para hacer frente a las dificultades económicas derivadas del conflicto geopolítico.

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Guatemala — Durante una actividad en el Palacio Nacional se presentó el Programa Nacional de Emergencia Conflicto Rusia – Ucrania, en el que se abordan acciones para contrarrestar los efectos económicos que pueden derivarse de este factor geopolítico.

El presidente Alejandro Giammattei resaltó que la “prolongación del conflicto Rusia – Ucrania” ha repercutido en el crecimiento económico mundial como en Estados Unidos, lo cual podría causar una disminución de envío de remesas hacia nuestro país.

Además, señaló que la estrategia que se plantea cubre también las consecuencias de la pandemia del Covid-19 en el país, cuyos contagios han tenido un repunte en las últimas semanas.

La presentación del programa estuvo a cargo de Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) e indicó que el total estimado del programa de emergencia para ejecutar cada uno de los componentes asciende a Q6.741 millones (unos US$875 millones).

Recinos comentó que la economía guatemalteca ha demostrado su resiliencia a diferentes choques, pero se encuentra amenazada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania; y más si llega a prolongarse.

Aunque es prematuro anticipar el impacto macroeconómico pleno que dicho conflicto tendría, es previsible que este evento tendría un efecto significativo sobre el crecimiento económico e inflación mundial, resaltó el funcionario.

Asimismo, dijo que el principal impacto es el aumento de los alimentos y los combustibles debido al alza del petróleo.

Esas fueron algunas de las razones por las que se diseñó este plan que busca reducir los impactos de ese conflicto, sobre todo en la población más vulnerable.

En ese sentido, el Programa Nacional de Emergencia Conflicto Rusia-Ucrania se compone de iniciativas en materia de política fiscal, protección social, políticas sectoriales, política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, cooperación internacional y otras acciones.

ComponenteCosto en millones de Quetzales
InfraestructuraQ3,191.2
Infraestructura portuariaQ129.1
Protección socialQ2,881.5
Políticas sectorialesQ540
Seguridad alimentariaQ450
Energía (tarifa social)Q90
Costo estimado del programaQ6,741.8

Las seis acciones

  1. Adoptar medidas que puedan moderar el impacto económico del reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
  2. Generar confianza e incentivar a los agentes económicos a mantener el consumo, la inversión y el empleo.
  3. Impulsar compensadores sociales en beneficio de la población guatemalteca.
  4. Garantizar la seguridad alimentaria de los segmentos más vulnerables.
  5. Asegurar el financiamiento adecuado por parte del Estado para seguir atendiendo la emergencia derivada del Covid-19.
  6. Mantener la estabilidad macroeconómica y financiera y propiciar que la actividad productiva se recupere en el corto plazo.

Saldos de caja se agotaron

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci afirmó que los saldos de caja con los que contaba el Gobierno de Guatemala se agotaron, por lo tanto, se usarán los recursos establecidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del presente año, a través de readecuaciones presupuestarias y de la contención del gasto.

Los Q12.800 millones de los saldos de caja ya se agotaron, pues con ese dinero se sufragan los apoyos temporales (subsidios por alrededor de Q2.500 millones), y estipendios a sectores más vulnerables del sector agrícola, además de Q3.200 millones de la Ley de Infraestructura aprobada por el Congreso, entre otras medidas.

“Los saldos de caja que se lograron por la buena recaudación del año pasado permitieron afrontar los apoyos temporales como al combustible, energía eléctrica, gas propano, y los estipendios al sector agrícola, por lo tanto, no se ha tocado el presupuesto vigente”, afirmó el funcionario.

De los saldos de caja salieron los fondos para la Ley de Infraestructura y los subsidios mencionados anteriormente, y no contemplan solicitar préstamos para ejecutar las acciones del programa, afirmó el ministro de Finanzas.

Por su lado, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, indicó que la tarifa social de la energía eléctrica está financiada hasta diciembre del presente año.

El apoyo temporal del gas propano, subsidio a las gasolinas y diésel, concluyen en agosto próximo, que ya están cubiertos por los saldos de caja que existían a principios del presente año.

“Somos el único país de la región que no se ha endeudado para cubrir las medidas temporales y esto podría, en el mediano plazo, brindar algún margen de la maniobra, pero aún no sabemos si volveremos a ampliar la medida”, enfatizó el ministro de Energía.

Ámbitos fiscales, sectoriales y sociales

En el ámbito fiscal, se requieren acciones específicas en materia presupuestaria (ampliación y readecuación presupuestarias) para elevar y agilizar el gasto y la inversión pública.

En esta última, se prevé el impulso de la inversión en infraestructura estratégica, mediante la utilización de inversiones públicas con el apoyo del sector privado (destaca el Decreto Número 21-2022 del Congreso de la República, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica).

La inversión pública, también tendría un impacto social, dado que existen acciones orientadas al impulso de la construcción de vivienda social, de bajo costo.

En cuanto a la protección social se estima necesario, en esta coyuntura, acelerar los procesos de implementación de transferencias monetarias a los sectores más vulnerables, mediante acciones concretas del Ministerio de Desarrollo Social.

También se estima necesario implementar medidas de protección a las personas que laboran en el sector informal.

En términos de las políticas sectoriales, se requieren acciones dirigidas a proteger la seguridad alimentaria de los segmentos más vulnerables de la población, a apoyar a los beneficiarios de la tarifa social de le energía eléctrica y a evitar la especulación en el precio de los hidrocarburos.

En ese contexto, para el abastecimiento de bienes esenciales, se propiciarán acciones para mantener el adecuado suministro de alimentos y combustibles (incluyendo el gas propano), para cuyo efecto los ministerios involucrados adoptarán medidas para garantizar la provisión de estos bienes. Al respecto, el Maga deberá implementar acciones que permitan garantizar la seguridad alimentaria de los segmentos más vulnerables de la población.

En el ámbito monetario y financiero, se estima conveniente que la Junta Monetaria considere continuar con la postura de política monetaria que permita continuar apoyando la recuperación de la actividad económica, en la medida que la meta de inflación lo permita.

En el ámbito financiero, se analizarán acciones para asegurar un normal funcionamiento del mercado crediticio en el país, por medio de una posible flexibilización temporal de los criterios para la administración del riesgo de crédito de los bancos y otras entidades que otorgan financiamiento.

Anticipar escenarios

  • El objetivo principal es contrarrestar, lo más que se pueda, los efectos económicos que pudieran derivarse del conflicto bélico y prevenir el desabastecimiento de granos básicos y cereales, entre otros, dijo Giammattei durante la actividad.
  • También se busca que generen confianza e incentiven a los agentes económicos a mantener el consumo, la inversión y el empleo.
  • El plan incluye impulsar compensadores sociales en beneficio de la población guatemalteca y garantizar la seguridad alimentaria de los segmentos más vulnerables.
  • Por otro lado, asegurar el financiamiento adecuado por parte del Estado. Con ello se busca continuar con la atención de la pandemia y mantener la estabilidad macroeconómica y financiera, a fin de que la actividad productiva se recupere en el corto plazo.
  • En una etapa de fuerte desaceleración o de contracción económica -puntualiza el Gobierno- resulta fundamental contar con sistemas ágiles de atención social para cubrir a los sectores más pobres y vulnerables de la población.

Instituciones involucradas

Para ello, la ejecución del Programa Nacional de Emergencia Conflicto Rusia-Ucrania estará a cargo de instituciones del Ejecutivo y entidades como el Banco de Guatemala.

Se contempla la participación de instituciones de los sectores público y privado, cuya adecuada coordinación garantiza la implementación eficiente y eficaz de las acciones del programa.

Asimismo, con este programa se reforzarán acciones como las transferencias monetarias y de seguridad alimentaria. En este punto se buscará viabilizar un programa para la compra de alimentos que coadyuve a contar con la disponibilidad necesaria.

Además, el plan incluye al sector privado, para que colabore con la estrategia de mejorar los precios y evitar la especulación. También se reforzará la comunicación, con el fin de que la población conozca las acciones que se implementan.

Comité de crisis será permanente

Igualmente, para acompañar la estrategia se formó un comité de crisis que analizará de manera permanente la evolución de la emergencia.

El comité de crisis se mantendrá de manera permanente un análisis de un análisis de la evolución de las emergencias, con el fin de que se generen alertas tempranas, que nos permitan hacer correctivos, con el fin de mitigar las consecuencias de la crisis para el país, dijo el mandatario.

Por ello, en este comité participan instituciones del sectores público y privado, añadió.

Además, el propósito es que se generen alertas tempranas para enfrentar posibles situaciones de riesgo, sociales y económicas.

Por último, con esta estrategia se busca asegurar la continuidad de las políticas para atender la emergencia del Covid-19.

La estrategia asegurar la continuidad de políticas para atender las emergencias del Covid-19, que han tenido un repunte importante esta semana en el número de casos, que han sobrepasado el 20% de las pruebas positivas, expuso el presidente.