Bloomberg — La invasión rusa a Ucrania llevó a Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea a imponer una serie de sanciones destinadas a castigar al gobierno de Vladímir Putin y presionarlo para que retire sus fuerzas armadas.
Pero algunos funcionarios de la administración Biden ahora expresan en privado su preocupación de que, en lugar de disuadir al Kremlin como se pretendía, las sanciones están agravando la inflación, empeorando la inseguridad alimentaria y castigando a la población rusa más que a Putin o sus aliados.
En un principio, los funcionarios quedaron impresionados por la disposición de empresas desde BP Plc. (BP) hasta McDonald’s Corp. (MCD) a “autosancionarse” abruptamente, algunas vendiendo activos a precios de liquidación. Pero la administración fue sorprendida por los posibles efectos secundarios —desde cuellos de botella en las cadenas de suministro hasta exportaciones de granos que no se pueden asegurar— debido a las decisiones de las empresas de retirarse, según personas familiarizadas con las discusiones internas.
En algunos casos, las empresas han señalado que están siendo muy cautelosas o que quieren una orientación más clara por parte de EE.UU. antes de seguir haciendo negocios con Rusia. Hasta que eso suceda, están yendo más allá de los requisitos legales para asegurarse de que no violan accidentalmente las políticas de sanciones, según Justine Walker, directora de sanciones y riesgos globales de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, un grupo del sector.
“Debido a que hay tantos cambios a la vez, los gobiernos no pueden intervenir y dar aclaraciones precisas, y estamos viendo muchos ejemplos de autoridades que adoptan posturas diferentes”, dijo Walker en una entrevista. “Las empresas preguntan: ‘¿Debemos aplicar sanciones a esta entidad?’ y el gobierno les responde: ‘Deben tomar su propia decisión’”.
En reconocimiento de esa preocupación, el 25 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, que supervisa los regímenes de sanciones, extendió hasta el 30 de septiembre una licencia general para que las empresas pudieran seguir pagando los impuestos, las tarifas y los derechos de importación relacionados con la realización de negocios en Rusia. El mensaje era claro: hacer negocios en Rusia está permitido, siempre que las empresas no trabajen con entidades sancionadas.
Además, una reciente orden ejecutiva que prohibía a las empresas de consultoría de gestión y contabilidad hacer negocios con Rusia no incluía nada sobre la agricultura, la medicina o las telecomunicaciones, una medida intencional para permitir que esas actividades continuaran, según Adam Smith, antiguo asesor principal de la OFAC.
Las concesiones y ajustes ponen de manifiesto las dificultades que implica sancionar a la undécima economía más grande del mundo. Campañas de sanciones anteriores contra países como Irán y Corea del Norte trataron de imponer un nivel de aislamiento similar a economías mucho más pequeñas. Los vínculos de Rusia con los mercados mundiales de materias primas, en particular la energía y los cereales, han hecho que este caso sea mucho más complicado.
No hay señales de que los funcionarios de la administración Biden consideren que su política de sanciones fue un error o que quieran reducir la presión. En todo caso, los funcionarios han dicho que un objetivo clave de EE.UU. es garantizar que Rusia no pueda hacer a otras naciones lo que ha hecho en Ucrania.
Pero el daño colateral de las sanciones ha sido mayor de lo esperado.
Cuando comenzó la invasión, el gobierno de Biden creía que, si las sanciones eximían a los alimentos y la energía, el impacto en la inflación en casa sería mínimo. Desde entonces, la energía y los alimentos se han convertido en los principales impulsores de las tasas de inflación más altas de EE.UU. en 40 años, un enorme lastre político para el presidente Joe Biden y el partido demócrata de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que “se equivocó” al creer el año pasado que las presiones inflacionarias pasarían. Según una persona familiarizada con su pensamiento, uno de los resultados que está viendo ahora está relacionado con el repunte de los precios debido a un inesperado autosancionamiento.
Así, mientras el presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, ha instado a las empresas estadounidenses a dejar de operar en Rusia, diciendo en una sesión conjunta del Congreso que el mercado ruso estaba “inundado con nuestra sangre”, la administración Biden ha estado fomentando cierto comercio, incluso en las áreas de agricultura, medicina y telecomunicaciones. Por ejemplo, el gobierno de EE.UU. está alentando discretamente a las empresas agrícolas y de transporte para que compren y transporten más fertilizantes rusos, según personas familiarizadas con los esfuerzos, ya que el temor a las sanciones ha provocado una fuerte caída de los suministros, presionando los costes de los alimentos.
Esto sigue a las advertencias de Naciones Unidas y de los grupos humanitarios de que el hambre y la pobreza pueden dispararse si el precio de los productos básicos como el trigo se mantiene alto. La agitación provocada por el aumento de los precios de los alimentos y la energía ya ha afectado a países como Sri Lanka, Egipto, Túnez y Perú.
El Gobierno de Biden rechaza cualquier sugerencia de que las sanciones sean parte del problema, enfatizando que EE.UU. no está penalizando los bienes humanitarios o los alimentos, y echando la culpa a la decisión de Putin de atacar a Ucrania, incluso apuntando a la navegación en el Mar Negro.
“La historia de que las sanciones están causando el problema, creo que es profundamente engañosa”, dijo a los periodistas la semana pasada el embajador Jim O’Brien, jefe de la Oficina de Coordinación de Sanciones del Departamento de Estado. “A veces las empresas se confunden sobre lo que está permitido y lo que no, y trataremos de aclararlo para que puedan seguir adelante. Pero también estamos trabajando de forma proactiva tratando de informar a las empresas sobre lo que se les permite hacer.”
Unas 1.000 empresas han anunciado hasta ahora que están reduciendo sus operaciones en Rusia, según los datos recogidos por el Instituto de Liderazgo de Jefes Ejecutivos de Yale. Esto subraya una de las razones por las que las sanciones son tan populares entre los responsables políticos: en esencia, externalizan la política estadounidense al sector privado, lo que la hace menos quirúrgica, menos calibrada y menos sensible a los cambios de política, dijo Smith, exasesor de la OFAC.
