Bloomberg — La conducta de Boris Johnson durante el escándalo “Partygate” vuelve a estar en el centro de atención tras la renuncia de su asesor de ética, Christopher Geidt, justo un día después de sugerir en el Parlamento que el primer ministro había incumplido el código ministerial.
“Con pesar, creo que es correcto que renuncie a mi puesto como asesor independiente sobre los intereses de los ministros”, dijo Geidt el miércoles en un comunicado publicado en la página web del gobierno británico. Su dimisión es una sorpresa y un misterio para Johnson y su equipo, según un funcionario del gobierno.
La renuncia de Geidt frustra la capacidad de Johnson para superar la saga que lo convirtió en el primer primer ministro en funciones al que se le descubre que violó la ley. La policía lo multó por asistir a una reunión por su cumpleaños en Downing Street en junio de 2020, incumpliendo las normas sanitarias por Covid-19 que introdujo su propio gobierno. La semana pasada, Johnson prometió “seguir adelante” con su programa tras ganar por estrecho margen la votación sobre su liderazgo, en la que el 41% de sus diputados conservadores estuvieron en su contra.
Geidt dijo el martes a una comisión parlamentaria que es “razonable” decir que Johnson puede haber violado el código ministerial al participar en una reunión que rompió las reglas en Downing Street durante la pandemia de Covid-19 y que llevó al primer ministro a ser multado por la policía. También dijo que había sentido “frustración” y que la opción de la dimisión siempre estuvo “en la agenda”, aunque dijo que no hubo un momento en el que se formara “una sola propuesta directa” en su mente.
La semana pasada, el diputado conservador John Penrose, que lideraba la agenda anticorrupción de Johnson, también renunció a su cargo, y dijo a Sky News que “está bastante claro” que el primer ministro había infringido el código ministerial del país “de forma muy material”.
Johnson está siendo investigado por el Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes para determinar si cometió un desacato al Parlamento al engañar a la Cámara cuando respondió a las preguntas sobre el “Partygate”. Infringir el código ministerial o engañar intencionadamente al Parlamento suelen considerarse delitos de dimisión, aunque no hay obligación de renunciar.