Perú propone prorrogar devolución de impuestos a exploración minera hasta 2025

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Toronto, Canadá — Para garantizar el crecimiento futuro de la actividad de minería en Perú, el ministro de Economía, Oscar Graham, señaló que el Gobierno buscará prorrogar el beneficio fiscal de devolución de impuestos a la exploración minera y de hidrocarburos, que expira a fines de este 2022, por lo menos tres años más (hasta el 2025).

En el “Peru Day” celebrado en la conferencia PDAC en Toronto, Graham dijo que con esta acción se buscará “garantizar el crecimiento a futuro de la minería” que es clave para el país andino.

“El sector minero es el más productivo de los sectores que tenemos en la economía”, destacó Graham en su ponencia durante el evento de este martes, donde dio más detalles de las propuestas de su sector para potenciar las inversiones mineras y garantizar un mejor clima de negocios tras los conflictos sociales que constantemente involucran a proyectos mineros en Perú. “El 63% de las exportaciones peruanas proviene de la actividad minera”, apuntó el ministro.

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Entre las propuestas para promover las inversiones mineras se encuentra, por ejemplo, la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mejorar los procesos de permisos de proyectos mineros, supervisiones e informes, y hacer los plazos más competitivos.

“Esto requiere el reforzamiento y mejorar los equipos que tienen que dar opinión a veces pasa por un tema presupuestal”, expuso Graham, anotando que se está coordinando para otorgar los fondos necesarios para que estas entidades y organismos estatales como OEFA, ANA, SENACE, Ministerio de Cultura, entre otras entidades del Estado, agilicen sus procesos “y la actividad sea mucho más eficiente en términos de tiempo, calidad regulatoria, etc.”.

El titular del MEF, Oscar Graham, se refirió a la importancia de que el Perú trabaje en la defensa de su macroeconomía, que ha sido clave para el país andino en los últimos 20 años.

El aumento de la financiación relacionada con la aprobación de permisos mineros, la regulación y la auditoría de varias oficinas implicadas en el marco normativo, que requiere un mayor presupuesto para racionalizar las actividades, ya había sido adelantado por Graham en una reciente convención minera en Perú, y la expectativa es que esto se pueda ejecutar en el corto plazo.

De otro lado, Graham indicó que en muchas ocasiones la actividad minera no está generando los beneficios que se podrían esperar en la población y anotó que esto “es responsabilidad de todos”, mencionando por ejemplo a los gobiernos subnacionales además del Gobierno Nacional. “Es necesario mejorar los equipos que se encargan de que estos ingresos se trasladen a obras públicas que cierran brechas en las zonas mineras”, reconoció Graham.

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En esa línea, el titular del MEF precisó como tercer punto que su cartera desplegará un equipo especializado para destrabar proyectos de inversión pública mediante la creación de unidades específicas de ejecución de proyectos, para facilitar que los ingresos mineros se trasladen en beneficios de obras para la población.

Según Graham, el objetivo es crear una “unidad ejecutora especial que hará seguimiento para hacer más rápido el proceso de ejecución de inversión pública que se puede financiar con los ingresos derivados de la actividad minera”.

A esto se sumará la ampliación de programas piloto productivos regionales, similares a los que existen en proyectos como Quellaveco y Antamina; y el fortalecimiento de programas productivos como Agroideas, fondos concursables, programas de riego tecnificado, entre otros.

“Hay experiencias en regiones muy importantes y productivas que han logrado importante desarrollo productivo como iniciativas de agroexportación. Estos proyectos deben apoyarse y se debe apoyar su escalamiento”, detalló Graham.

Finalmente el titular del MEF expuso que el Consejo Ejecutivo de Minería y Energía está trabajando en la estandarización de criterios entre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre las actividades de evaluación de impacto ambiental (EIA); la optimización del procedimiento de permisos y venta de propiedades privadas; y la mejora del proceso de consulta previa en la exploración minera.