Bogotá — En su informe sobre la Política Rural de Colombia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) aseguró que el país ha registrado un notable crecimiento económico en las últimas décadas, reduciendo la pobreza y el desempleo y mejorando el bienestar de los ciudadanos.
Agregó en su informe que en medio de este desarrollo, el país está experimentando una serie de transformaciones determinantes para el futuro de sus comunidades rurales.
“Primero, el sector agrícola está reduciendo gradualmente su peso en la economía rural, a pesar de que aún emplea cerca de dos tercios de los trabajadores rurales (62%). En segundo lugar, el país está en un proceso de implementación del acuerdo de paz de 2016 entre la antigua guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional, cuyo primer punto, la Reforma Rural Integral, plantea lineamientos relevantes para la construcción de una política nacional comprehensiva de desarrollo rural”, dice el documento.
En tercer lugar, plantea que “el país ha establecido nuevos instrumentos de planificación e inversión para coordinar los intereses nacionales y locales”.
No obstante, advierte la Ocde que la política pública y el marco institucional en Colombia aún mantienen un sesgo del desarrollo rural centrado en las actividades primarias, la asistencia social y la seguridad, lo cual es un legado de una visión histórica de desarrollo centrada en lo urbano.
Dice que entender el desarrollo rural más allá de la agricultura hace parte de una transición que ya han emprendido varios países miembros de la Ocde. En medio del crecimiento de la última década, Colombia ha registrado la sexta reducción de la desigualdad regional en el PIB per cápita más alta en la Ocde, con las áreas rurales disminuyendo su nivel de pobreza de manera más acelerada que las ciudades.
Pese a ello, el país requiere fortalecer el enfoque rural en su política de desarrollo, ya que para 2020, Colombia registró la desigualdad de PIB per cápita regional más alta de la Ocde, con las zonas rurales manteniendo las mayores tasas de pobreza monetaria y multidimensional del país.
Así mismo, el documento sostiene que para movilizar el potencial rural, el gobierno debe priorizar una serie de desafíos estructurales que históricamente han limitado las oportunidades de desarrollo rural.
Estos desafíos incluyen i) alta informalidad en la tenencia de tierra, ii) la violencia que aún afecta a las comunidades rurales, iii) una infraestructura de transporte deficiente con algunas regiones aún desconectadas de la red de vías y una calidad inadecuada de transporte terrestre, férreo o fluvial, iv) un bajo acceso a banda ancha, y v) el difícil acceso a servicios de salud y educación de calidad.
Del mismo modo, dice que abordar estos cuellos de botella y movilizar el potencial rural requiere de una política rural nacional comprehensiva que pueda coordinar de manera efectiva las diferentes políticas sectoriales de desarrollo e involucrar a los actores locales en la implementación de las mismas.
Asegura que el país ya cuenta con muchos componentes para este enfoque comprehensivo de política rural. Estos incluyen los planes nacionales sectoriales con enfoque rural de la Reforma Rural Integral, y los mecanismos de planificación e inversión para adaptar las políticas nacionales a las necesidades locales (ej. Pactos Territoriales o PDETs).
Así mismo, resalta que el Gobierno ha venido avanzando en estrategias claves para las comunidades rurales incluyendo programas innovadores para aumentar el ingreso de los agricultores (ej. Agricultura por contrato), el primer sistema detallado de información del uso del suelo rural (el Catastro multipropósito) y la modernización del proceso de formalización de tierras con un número record de entrega de títulos de propiedad.
Todo ello junto con varias políticas nacionales relevantes para el desarrollo rural como los planes de transporte multimodal, el plan de logística nacional o programas de turismo sostenible y de transición energética.
