Frontera dominico-haitiana, millonariamente pobre: invertirán más de RD$6.000 MM

República Dominicana y Haití comparten una isla, pese a eso, sus realidades sociales y económicas son muy distintas

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Santo Domingo — El Estado dominicano invertirá RD$6.783 millones, (US$123,3 millones, a la tasa del día) durante el 2022, en siete provincias de la zona fronteriza con Haití, lo que representa el 12% de la inversión total a nivel provincial.

República Dominicana y Haití comparten una isla, pese a eso, sus realidades sociales y económicas son muy distintas. Por el lado dominicano, su producto interno bruto (PIB) crece sobre el 5% anual, mientras que el haitiano no supera el 1%, siendo la economía de menor desarrollo de América Latina.

La frontera entre ambos países tiene una extensión territorial de más de 370 kilómetros cuadrados, las provincias dominicanas fronterizas, registran los niveles más altos de pobreza y el índice de desarrollo humano más bajo.

Sin embargo, los mercados binacionales ubicados Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales mueven millones de pesos diariamente de manera informal.

El Estudio Económico del mercado fronterizo domínico-haitiano 2014-2018, realizado por el Banco Central, destaca que el flujo de comercio informal fronterizo entre ambos países ascendió a US$429,6 millones en el año 2017. Unos US$331,5 millones corresponden a exportaciones nacionales y US$98,1 millones a importaciones nacionales.

Como resultado el comercio total (exportaciones más importaciones, tanto nacionales como de zonas francas) con la vecina República de Haití ascendió a US$1.361,4 millones en el año 2017″, dice el informe.

Además de las cinco provincias fronterizas, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, se incluyeron Bahoruco y Santiago Rodríguez dentro de los programas, por la cercanía con la frontera.

Los proyectos estarán enfocados a las necesidades básicas de la zona, como lo son: educación, salud, acceso a los servicios básicos, conectividad vial, servicios de energía y la mano de obra profesionalizada.

Además, el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, a través del programa multisectorial Conectar los Asentamientos Humanos para el Desarrollo (CAHD) intervendrá 50 comunidades a lo largo de la frontera para la provisión del servicio de internet satelital, para las que no lo poseen.

¿Cómo se hará?

El director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Erick Dorrejo en conversación en exclusiva con Bloomberg Línea, explicó que esa entidad ha identificado las carencias de las provincias fronterizas y la han enmarcado en 90 iniciativas, con una estrategia de cinco programas.

Puntualizó que la mejor forma de reducir esa pobreza es atendiendo a los servicios básicos.

“Sucedía históricamente, en la zona fronteriza la gente en lugar de invertir está gastando muchos recursos. Estos gastos, muchas veces quedan en el vacío porque no están orientados y no van a las prioridades. Lo que hemos hecho, es que lo que se está gastando orientarlo hacia inversiones específica”, dijo.

Dorrejo explicó que, de manera global, conocer las principales necesidades permite priorizar las obras con un presupuesto limitado y en condiciones de pandemia.

Instaurar industrias formales

La búsqueda del desarrollo formal de la zona fronteriza no es algo nuevo, en 2001, se promulgó la Ley No. 28-­01 que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.

La misma, establecía que las empresas ubicadas en las referidas siete provincias tendrían una exención de un 100% del pago de impuestos internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto, durante un período de 20 años. Además, un 50% en el pago de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos.

Según explicó a Bloomberg Línea, el director de desarrollo de la zona fronteriza, bajo esa ley se establecieron 83 empresas que operan en las referidas provincias.

En febrero de 2021, la Ley 28-01 caducó y entró en vigor la Ley 12-21 que añade otras exenciones de impuestos.

¿Qué le preocupa al sector empresarial de la zona?

Ante la interrogante de si los empresarios le preocupaban la seguridad, debido a la cercanía con Haití y los actos de violencias que se han generado en el país vecino, Dorrejo enfatizó que dentro del sector empresarial las principales preocupaciones son los temas de la conectividad vial, los servicios de energía y la capacidad para contratar mano de obra de calidad. Descartó que la seguridad no sea una preocupación.

Explicó que las inseguridades para las personas que comercializan en los mercados fronterizos son del lado haitiano, ya que, de la línea de frontera hacia la República Dominicana, vigilancia está garantizada por el Ministerio de Defensa.

Muro entre Haití y República Dominicana

Una de las obras en construcción más polémicas de la zona es la verja perimetral que divide el territorio dominicano del haitiano. Está valorada en RD$1.750 millones (US$31,8 millones), aproximadamente el 26% del presupuesto proyectado para las obras en la zona.

La verja perimetral o muro, como popularmente es llamado, contempla 54 kilómetros con hormigón armado y estructura metálica, 19 torres de vigilancia y control, 10 puertas de acceso para patrullaje y 54 kilómetros de caminos para vigilancia y mantenimiento a ambos lados.

De acuerdo con el director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del MEPyD, la verja perimetral va a contribuir a que el comercio informal que se da alrededor de los mercados nacionales sea un comercio más organizado y ordenado.

“Es decir, que los que vienen desde y hacia el mercado binacional tengan la posibilidad de acceder al mercado, no de continuar su trayecto hacia la República Dominicana. De esa forma, la seguridad está contribuyendo al desarrollo”, dijo.

Puntualizó que la verja no se construye con un pensamiento de división, de fraccionamiento o de beneficiar a o dañar a un lado u otro.

Recalcó que la verja se construye para que se articule el mercado bilateral en orden y control, que las personas que hacen vida económica tengan garantías, ya que ese comercio es el que les da vida y alimentación a las comunidades de la zona.