QUITO — A las 00:00 de este lunes 13 de junio arrancó la movilización nacional de varias organizaciones sociales que se unieron para protestar contra el Gobierno del presidente Guillermo Lasso. La crisis económica, la falta de empleo y el aumento del precio de algunos combustibles son parte de la agenda de reclamo que abandera la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
Leonidas Iza, presidente la Conaie, invitó “a todo el pueblo, a toda persona que se sienta jodida por este Gobierno”, a sumarse a la medida de hecho que se concentrará en Quito pero que también se instalará en otras ciudades del país.
“Convocamos no solo a las organizaciones, también a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos de la clase media, de la clase popular que estamos jodidos en el día a día, invitamos a esta movilización nacional”, declaró Iza en una rueda de prensa de este domingo por la noche donde dijo que la movilización será “nacional e indefinida”, además de “pacífica”.
A la Conaie se sumarán organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine) y la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador (FEI).
Asimismo, participará la Unión Nacional de Educadores (UNE) para protestar por “el alto costo de la vida y la política neoliberal del régimen”, aunque los maestros anunciaron que gestarán su propia protesta el próximo 16 de junio.
La Conaie asegura que la movilización se da “luego de agotar las instancias de diálogo con el gobierno” en encuentros que se dieron el 11 de junio, el 4 de octubre y el 10 de noviembre del 2021, donde el Gobierno mostró “su incapacidad y falta de voluntad para responder a las demandas sociales”.
LA AGENDA DE LOS PROTESTANTES
En la agenda de la “lucha nacional” se enlistan diez puntos, que son los siguientes:
- Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel a US$ 1,50 y la gasolina Extra y Ecopaís a US$ 2,10, derogar los decretos 1158, 1183, 1054, y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio.
- Moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas para cuatro millones de familias con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero.
- Precios “justos” en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate, entre otros.
- Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al IESS.
- Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales.
- Respeto a 21 derechos colectivos: educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
- Rechazo a la “privatización” de los sectores estratégicos.
- Políticas de control de precios y de la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.
- Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
- Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado.
LA REACCIÓN DEL GOBIERNO
Tras confirmarse la medida de hecho, el ministro de Interior, Patricio Carrillo, escribió en su cuenta de Twitter que “la movilización o manifestación anunciada, en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse. ¿Quién se beneficia de otra protesta sin límites?”.
Esto a pesar de que la protesta no ha iniciado, por lo que varios defensores de derechos humanos creen que el pronunciamiento del funcionario fue innecesario. “Una protesta que aún no se ha dado no debería ser estigmatizada en base a supuestos, mucho menos viniendo de una autoridad, que debería ejercer sus funciones de control en conocimiento claro de los límites posibles al derecho a la protesta, y sin sesgos”, dijo la abogada defensora de DD.HH Dolores Miño.
“La deslegitimación de la lucha social es una estrategia del fascismo disfrazado de democracia y libertad, señor ministro. Ojalá usted y Guillermo Lasso entendieran que los pueblos tienen derecho a protestar cuando el hambre, la inseguridad y el desempleo azota”, escribió en su cuenta de Twitter el asambleísta de Pachakutik Mario Ruiz.
De su lado, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, intentó ser más conciliador e hizo un llamado al diálogo a través de un tuit: “El país que queremos es el del diálogo y consenso, no de las paralizaciones! ¡El Ecuador no puede detenerse, necesita trabajar!”.
A la par, esta cartera de Estado envió un comunicado haciendo un llamado la protesta pacífica:
LLAMADO A RESPETAR LOS DD.HH.
De su lado, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a respetar los derechos humanos durante la jornada de movilización. En un comunicado, la entidad recordó que la Constitución de la República y los tratados e instrumentos internacionales reconocen el derecho a opinar y expresarse libremente y el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.
En este contexto, hizo “un llamado a las fuerzas públicas a respetar estrictamente los derechos humanos y garantías de las personas que ejercerán su derecho a la manifestación y libertad de expresión”.
De paso, exhortó a la ciudadanía a manifestarse de forma pacífica y “evitar todo tipo y forma de violencia en todos los niveles, con el fin de garantizar un ambiente de respeto a los derechos de todos y todas”. Asimismo, advirtió que se “mantendrá́ alerta a nivel nacional” y en todas las delegaciones provinciales del país.
LOS QUE NO SE UNEN AL PARO
Los transportistas anunciaron que no participarán de la movilización nacional. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, en un comunicado, manifestó que “no participará de las movilizaciones convocadas en la fecha señalada”. Según el gremio, los temas inherentes a su sector “está siendo analizados en las mesas de trabajo que las estamos llevando adelante con los señores ministros respectivos”.
Asimismo, el Ministerio de Educación indicó que las clases presenciales se mantienen en las escuelas y colegios del país para garantizar “el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de planteles fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país”.
