La Paz, Bolivia — La justicia boliviana sentenció a 10 años a la ex presidenta de transición Jeanine Áñez condenándola por un golpe de Estado a Evo Morales. En el juicio no se tomaron en cuenta los hechos previos a la toma de poder de Áñez como ser la renuncia de Evo Morales y toda su línea de sucesores. La condena fue la que el fiscal había pedido en una conferencia de prensa al inicio de esta semana.
“El juicio a la expresidenta Áñez es una aberración. Trata con una mentira, la de que “hubo un golpe de Estado”, de blanquear el fraude perpetrado por Evo Morales y su gobierno en las elecciones de 2019″, dijo el ex presidente Carlos Mesa en entrevista exclusiva para Bloomberg Línea.
“No hubo golpe de Estado, hubo una sucesión constitucional legítima. La única persona en Bolivia que tenía derecho a ocupar la presidencia por ese mecanismo era la senadora Jeanine Áñez, 2º vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ante la renuncia y huida del Presidente y el vicepresidente, la renuncia de la presidenta del Senado, del presidente de Diputados y del primer vicepresidente del Senado”, agregó.
Para Mesa, acusan a la entonces senadora de ser autora intelectual y material de un golpe de Estado inventado, en un caso abierto cuando ya estaba detenida ilegalmente.
El ex candidato a presidente que perdió las últimas elecciones ante Luis Arce dijo que a Áñez se la detuvo violando todos sus derechos, con allanamiento de morada, sin especificar la acusación en su contra y sin escucharla.
“Hasta que armaron el grotesco proceso que hoy enfrenta, la acusaron de terrorismo, sedición y conspiración en un caso jurídico también inventado, pero en el que ella no estaba incluida. Es imposible, como ocurre en este caso, violar de manera más flagrante los derechos humanos de una persona y el Estado de Derecho en un país”, agregó.
Mesa recalcó que en Bolivia “hoy no hay seguridad jurídica para nadie (salvo, claro, para quienes detentan el poder), y menos para los líderes de la oposición. Como han establecido dos informes internacionales, el último el del relator de la ONU para los Derechos Humanos, nuestro país no tiene independencia judicial alguna. El Fiscal General es un servidor del gobierno del presidente Arce y del expresidente Morales, igual que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia”.
Por su parte, los abogados y la hija de Áñez, Carolina Ribera, dijeron que apelarán la sentencia y esperan agotar recursos legales en el país para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde no haya injerencia política del partido de Evo Morales.
