Bogotá — La Superintendencia de Industria y Comercio colombiana (SIC) sancionó con $28.000 millones a los involucrados en un esquema de cartelización en el programa de alimentación escolar en Bogotá, que operó por unos once años entre 2007 y 2017.
Las multas recaen sobre 16 personas naturales y 9 empresas por la presunta colusión en licitación pública en el Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá (PREB), del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Durante unos once años las empresas infractoras se abstuvieron de ejercer competencia entre ellas y se coordinaron para repartirse las zonas a adjudicar.
En efecto, según la SIC, “resultaron adjudicatarias en la mayoría de los casos como únicos oferentes y sin presión competitiva alguna, lo cual impidió al Distrito acceder a mejores precios en el marco de los procesos de selección”.
El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, manifestó que la investigación se inició por una queja anónima en 2015.
En cada uno de estos procesos contractuales se estaban contratando no menos de 700.000 refrigerios.
“Esta estrategia también comprendió la coordinación para no presentarse a los procesos que fueron adelantados a través de Colombia Compra Eficiente (CCE), con el fin de que fueran declarados desiertos”, denunció la entidad.
Para defraudar a los programas de alimentación escolar los involucrados crearon una sociedad sin ánimo de lucro llamada Asociación Colombiana de Empresas Proveedoras de Alimentos (Asoproval) con el fin “de que esta coadyuvara en los procesos de selección”, dijo el superintendente Andrés Barreto.
“Utilizaban a la asociación para entutelar el proceso o poner quejas para dañarlo y que la Secretaría (de Educación) no pudiera adjudicarlo”, indicó.
Asoproval también fue sancionada por “haber desarrollado y ejecutado un sistema tendiente a limitar la libre competencia en relación con los procesos de selección contractual del PREB”, detalló la SIC.
La SIC confirmó que “las empresas sancionadas mantuvieron relaciones estrechas y de comunicación constante durante el período investigado, incluso durante el desarrollo de los procesos de selección contractual objeto de investigación”.
“Solamente en el 38,52% de las zonas se presentó más de una propuesta que implicaba un ejercicio de competencia por el mercado. Este porcentaje decreció al 25% al tenerse en cuenta exclusivamente la concurrencia de propuestas que fueron habilitadas para competir en cada zona. Esto significó que en el 75% de las zonas a adjudicar no existiera pluralidad de oferentes”, añadió.
