Bogotá — El próximo 19 de junio, Colombia (Baa2 estable) celebrará la segunda vuelta presidencial entre el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y el empresario Rodolfo Hernández.
Ambos candidatos se han comprometido a realizar cambios significativos al sistema económico y político del país, en medio de crecientes tensiones sociales.
Moody’s Investor Service, que le tiene a Colombia una calificación de Baa2 con perspectiva estable respondió seis preguntas de lo que a su juicio puede pasar con la economía colombiana en los próximos 4 años dependiendo de quién sea el próximo presidente.
¿El nuevo rumbo de políticas de la próxima administración tendrá implicancias crediticias para el soberano?
Es probable que la administración entrante tome medidas para abordar la desigualdad de ingresos que podrían ser positivas en términos crediticios a largo plazo.
No obstante, la solidez fiscal podría deteriorarse si el mayor gasto en estas prioridades no proviene de fuentes de ingresos permanentes o no se compensa con un menor gasto en otras áreas.
Recuerda Moody’s que Petro ha propuesto políticas que podrían pesar sobre el sentimiento de los inversores, como la modificación del mandato del banco central y la composición de su Junta Directiva, el cambio del pilar privado (cuentas de ahorro individual) del sistema de pensiones, la imposición de aranceles a las importaciones y la renegociación del acuerdo de libre comercio del país con EE.UU.
“Su propuesta de acelerar la descarbonización también podría tener efectos significativos en el sector petrolero al no adjudicar, por ejemplo, nuevos contratos de exploración”, dice Moody’s.
Advierte también que “la plena implementación de las propuestas políticas de Petro podría cambiar significativamente el modelo económico de Colombia y pesar sobre sus balances fiscales y externos”.
Sin embargo, aclara la agencia calificadora que “dado que la coalición del Pacto Histórico de Petro no cuenta con mayorías en ninguna de las dos cámaras legislativas (Senado y Cámara de Representantes), es poco probable que su programa se apruebe tal y como está concebido”.
Finalmente, explica que “si es elegido, es probable que tenga que moderar sus posiciones para obtener el apoyo legislativo del centro-izquierda y del centro; de lo contrario, su gobierno se enfrentaría a importantes problemas de gobernabilidad”.
¿Cuál es la expectativa de Moody’s respecto de la estabilidad macroeconómica bajo la nueva administración?
La perspectiva sobre la calificación soberana de Colombia asume que el próximo gobierno mantendrá políticas macroeconómicas prudentes, “incluyendo la implementación de un programa de consolidación fiscal que sea consistente con el marco de políticas delineado por la nueva regla fiscal, que esperamos contribuya a la estabilización y potencial reducción de los desequilibrios fiscales y externos”, dice la agencia.
Espera que los controles y contrapesos de los poderes legislativo y judicial al poder presidencial también evitarían cambios radicales en las políticas.
Dice, además, que su “escenario base también incorpora un margen para que la próxima administración lleve a cabo una reforma fiscal que garantice aún más la estabilidad de las métricas crediticias de Colombia e introduzca medidas que podrían reducir la carga de la deuda”.
Advierte, sin embargo, que “una presión crediticia negativa surgiría si concluyéramos que es poco probable que los esfuerzos de consolidación fiscal conduzcan a la estabilización de los ratios de deuda del gobierno, dado que esto disminuiría la fortaleza fiscal de Colombia en relación con la de sus pares y debilitaría el perfil crediticio del soberano”.
¿La propuesta de los candidatos modificará la recaudación de ingresos para los gobiernos locales y regionales?
Ambos candidatos han propuesto medidas fiscales para incrementar la recaudación de ingresos, lo que se traducirá en mayores transferencias del gobierno nacional a los gobiernos locales y regionales.
Para Bogotá, el Distrito Capital (Baa2 estable) y la ciudad de Medellín (Baa2 negativa), estas transferencias representan menos del 15% de los ingresos totales, pero suponen más del 30% para todos los demás gobiernos regionales.
Según el plan de Petro, las transferencias del gobierno aumentarían a través de un nuevo IVA previsto para los productos que actualmente no están sujetos a impuestos, así como de mayores impuestos sobre la renta.
Al mismo tiempo, la propuesta de Petro de reducir la exploración petrolera se traduciría probablemente en una menor recaudación de regalías del sector petrolero a medio y largo plazo, lo que implicaría menores transferencias a los GRL.
El gobierno central comparte las regalías del petróleo y la minería con los GRL a través de su sistema general de regalías.
Los GDR destinan estas regalías a sectores y fines específicos, como el fomento de las inversiones en pequeñas y medianas empresas relacionadas con la minería, o para el gasto social y económico en regiones con una importante actividad de exploración y producción de petróleo.
Hernández ha propuesto aumentar la proporción de las transferencias no destinadas a fines específicos al 23% desde el 11%, y en un 4% para las transferencias destinadas a apoyar inversiones adicionales.
Dice Moody’s que, si se aplican, estos aumentos aligerarían la presión presupuestaria de los GDR por la elevada inflación. El candidato también ha anunciado que aumentará la parte de las regalías del petróleo y la minería que corresponde a los GDR, y que les dará más flexibilidad para utilizar el dinero.
Las regalías petroleras y mineras representan menos del 2% de los ingresos totales de Bogotá y Medellín, mientras que superan el 5% de los ingresos de los GRL con una exposición significativa a esas industrias extractivas.
Hernández también planea implementar estándares mínimos de eficiencia y eficacia administrativa y fiscal para los municipios.
El cumplimiento de estas normas permitiría a los municipios recaudar algunos de los impuestos que hoy recauda el gobierno central, lo que aumentaría los ingresos a nivel de los GDR.
Hernández ha dicho que planea un nuevo estatuto tributario territorial destinado a mejorar la recaudación de ingresos propios de los GRL.
Pero su plan para fortalecer los sistemas de educación y salud de Colombia presionaría los presupuestos de los GDR a menos que reciban transferencias adicionales o recauden otros ingresos. La plataforma política de Petro no incluye ninguna propuesta similar.
¿Un cambio de gobierno afectará a nuevas inversiones en infraestructura?
Esperamos que la próxima administración priorice las inversiones para apoyar el crecimiento económico y la transición energética, al mismo tiempo que el marco institucional continúe respaldando los proyectos de prestación de servicios y las concesiones privadas existentes.
Moody’s considera que “la postura más agresiva de Petro en cuanto a la reducción del uso de combustibles fósiles apoyaría una transición más rápida hacia una economía de bajas emisiones de carbono, lo que sería positivo para el crédito de los sectores de infraestructura a largo plazo, pero también crearía nuevos riesgos, basados en la menor fiabilidad de las fuentes de energía renovables en la actualidad”.
Entre tanto, dice que “Hernández también ha prometido incorporar el desarrollo de las energías renovables en su programa de infraestructuras, pero considera el desarrollo de la minería y los combustibles fósiles como un medio para la transición a una economía baja en carbono, lo que probablemente tendría menos implicaciones crediticias para las redes de gas y las centrales eléctricas de gas”.
Añade que este “ha propuesto un esfuerzo masivo de electrificación y gasificación para conectar al menos el 50% de los hogares que actualmente no tienen acceso a estos servicios básicos, mientras que el programa político de Petro hace hincapié en la reducción del uso de combustibles fósiles mediante la inversión en energías renovables, en particular las distribuidas y no convencionales, incluidas las pequeñas centrales hidroeléctricas”.
Dice la agencia que “este enfoque apunta a una menor inversión en infraestructuras de gas natural, sin desarrollo de la producción de gas no convencional, incluida la fracturación hidráulica o fracking. Petro también ha propuesto la creación de un fondo de transición energética financiado por las regalías y la eliminación de los beneficios fiscales para las empresas petroleras y mineras”.
Asegura Moody’s que “estas medidas crearían oportunidades de negocio para las empresas eléctricas, pero también implicarían un mayor riesgo crediticio para las centrales eléctricas de gas y las empresas de transporte de gas. Aun así, un regulador independiente determina las tarifas de transporte de gas basándose en rendimientos definidos sobre la inversión, lo que alivia los riesgos crediticios de las empresas de transporte de gas como Transportadora de Gas Internacional y Promigas”.
Petro ha declarado que, si es elegido, consideraría la posibilidad de cancelar el proyecto Hidroituango de Empresas Públicas de Medellín (Baa3 estable), un proyecto hidroeléctrico de 2.400 MW que ha sufrido retrasos importantes y sobrecostes.
“Una decisión de este tipo perjudicaría a un valioso activo y debilitaría la calidad crediticia de EPM, socavando la confianza de los inversores y el marco institucional de Colombia. Pero es poco probable que Petro, si es elegido, cancele y desmantele Hidroituango, cuya construcción se había completado en más de un 88% en abril y que la empresa proyecta que entrará en funcionamiento a finales de año”, dice.
El proyecto es fundamental para la red eléctrica de Colombia porque ampliará el suministro de electricidad del país hasta en un 17%. Petro también ha dicho que buscará desarrollar sistemas de transporte público alimentados por energía limpia, así como un metro subterráneo en Bogotá.
¿Cómo impactará a los bancos las propuestas de los candidatos?
Esperamos que las condiciones operativas sigan siendo favorables para los bancos, siempre y cuando se mantengan políticas macroeconómicas prudentes y no se vislumbre ninguna medida particular que afecte materialmente al sector.
“Consideramos que los perfiles crediticios de los bancos colombianos son estables, respaldados por la suposición de que el entorno operativo seguirá siendo favorable independientemente del resultado de las elecciones”, dice Moody’s.
Basa esta opinión en su “expectativa de que se mantenga la estabilidad macroeconómica y la independencia del banco central, que es clave para la estabilidad del sistema financiero, y en el hecho de que ninguno de los candidatos ha anunciado intenciones de implementar cambios que afectarían directamente a los bancos”.
Sin embargo, la incertidumbre general en torno al proceso electoral y a algunas de las propuestas de los candidatos ha afectado al sentimiento de los inversores, lo que se ha traducido en un aumento de las primas de riesgo de la deuda de los bancos.
A pesar de los efectos del sentimiento de los inversionistas sobre la disponibilidad y el costo de la financiación, “esperamos que las condiciones de financiación para los bancos colombianos más grandes sigan siendo adecuadas, ya que estos bancos siguen siendo predominantemente financiados por depósitos y los riesgos de financiación de mercado están contenidos”, agrega la agencia.
Una propuesta de política que afectaría al sistema financiero colombiano es el plan de reforma de las pensiones de Petro, que aumentaría la participación del Estado en el sistema de pensiones a expensas de los fondos privados.
“Un cambio de este tipo requeriría un amplio apoyo de todo el espectro político, un proceso que podría tardar en materializarse y que probablemente resultaría difícil dada la composición actual del Congreso. Pero si el Congreso acordara cambios en el sistema de pensiones que reduzcan el papel del sector privado, podría limitar la disponibilidad de financiación local para los bancos y, a su vez, restringir la oferta de crédito”, añade la agencia.
Dice también que esto se debe a que los fondos de pensiones privados son grandes fuentes de financiación a largo plazo de los bancos. Petro también ha propuesto unificar las operaciones de las instituciones financieras estatales de Colombia, que podrían incluir el banco comercial Banco Agrario de Colombia y las entidades de desarrollo Finagro, Findeter, Bancoldex y FDN, para fomentar los préstamos a las pequeñas y medianas empresas y a otros sectores actualmente desatendidos por el sistema bancario.
Sostiene igualmente, que “estas entidades estatales tienen una baja penetración en Colombia, representando menos del 10% de los préstamos del sistema, por lo que los efectos sobre la competencia bancaria o la estabilidad financiera serían limitados, al menos a medio plazo.
Además, y en línea con las implicaciones para el soberano, un mayor enfoque en la reducción de la desigualdad de ingresos, si tiene éxito, podría sentar las bases para una mayor inclusión financiera y podría aumentar la población que puede obtener crédito bancario.
Hernández, por ejemplo, ha pedido que se mejore el acceso a los servicios bancarios para las familias de las zonas rurales, incluida la disponibilidad de créditos a tipos bajos, aunque no ha esbozado ninguna medida específica.
La penetración de los servicios bancarios y financieros en general ha aumentado significativamente en los últimos años en Colombia, en parte debido al crecimiento de los canales digitales implementados por los bancos más grandes del país.
Concluye que “esperamos que el entorno regulatorio bajo la nueva administración siga favoreciendo una mayor digitalización para mejorar la penetración del crédito y la eficiencia del sistema financiero”.
¿Cambiará el ambiente operativo para la industria de petróleo y gas?
Moody’s cree que independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, es probable que las políticas públicas de Colombia no obstaculicen la capacidad de la industria del petróleo y el gas para generar flujo de caja en un futuro próximo.
El sólido historial de producción de petróleo del sector ha generado regalías, impuestos y dividendos para el gobierno, que han ayudado a financiar el gasto fiscal.
Agrega que “la solidez institucional de Colombia también respalda nuestra hipótesis de que el sector estaría protegido de cualquier cambio normativo drástico o de cualquier modificación de las concesiones, licencias, permisos u otros tipos de contratos existentes”.
En otras circunstancias, la preocupación por el impacto medioambiental de la actividad de exploración y producción podría obligar al próximo gobierno a establecer un programa de petróleo y gas que limitara las perspectivas de generación de efectivo a largo plazo del sector.
Pero debido a la importancia de la industria petrolera para la economía colombiana, el empleo, el presupuesto fiscal, la generación de divisas y la seguridad energética, cualquier cambio importante en la agenda energética encontraría resistencia no sólo en el Congreso, sino en toda la sociedad.
Dice que “no está claro qué cambios de política podría buscar una nueva administración gubernamental con respecto al sector energético, pero cualquier cambio estaría relacionado principalmente con la exploración de petróleo y gas, es decir, con el acceso a nuevos recursos energéticos, no con cambios radicales en la infraestructura de producción existente”.
“Por ejemplo, el gobierno podría decidir suspender las subastas de nuevas concesiones de exploración y producción. Sin embargo, esperamos que las empresas petroleras y de gas continúen perforando pozos de exploración y desarrollo con los actuales contratos de concesión y permisos de perforación”, señala.
Los activos energéticos de los productores de petróleo y gas calificados de Colombia son lo suficientemente importantes como para garantizar una producción estable durante unos 10 años sin necesidad de nuevas asignaciones de concesiones de petróleo y gas o permisos de perforación.
