Bogotá — A pocos días de que Colombia elija un nuevo presidente de la República, son varios los temas que se han vuelto a poner sobre la mesa respecto a las necesidades que tiene el país en diversas aristas, entre estos surgen recomendaciones para construir una nueva política de drogas.
“La política de drogas en Colombia, orientada a la reducción de la oferta, ha sido un fracaso. Hoy tenemos las mismas hectáreas cultivadas de coca que hace 20 años, desde el 2013 la producción potencial de cocaína se ha multiplicado por 4 y el consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado recientemente”, resalta un documento del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes.
Además, dicen, la violencia asociada al narcotráfico y a las intervenciones para reducir la producción también ha aumentado, especialmente contra los grupos más vulnerables como los líderes sociales. Con evidencia científica los expertos plantean cuatro pilares que debería tener la política de drogas a partir del próximo gobierno.
Esos pilares son: “i) liderar en el contexto global la discusión sobre la regulación de la cocaína, ii) implementar un enfoque de salud pública para atender a las personas con una relación problemática con sustancias psicoactivas, iii) priorizar las condiciones socioeconómicas y la seguridad de las comunidades vulnerables, y iv) diseñar las intervenciones con un enfoque de evaluación para mejorar la asignación de recursos”.
10 ideas para una nueva política de drogas en el país
- Discusión global sobre la regulación de la cocaína: el gobierno colombiano debe liderar la discusión global sobre la necesidad de la regulación de la cocaína. La experiencia de Portugal brinda aprendizajes para enfrentar el consumo de sustancias. En 2001 descriminalizaron el consumo con un enfoque de salud pública y eso no aumentó el consumo problemático de sustancias.
- Control de oferta efectivo: el foco de la política de drogas no puede estar en el eslabón más débil de la cadena. Es necesario fortalecer los sistemas de información y seguimiento financiero para aumentar la incautación de recursos del narcotráfico. Así mismo, es necesario atacar los eslabones con mayor valor agregado en la producción de la cocaína, como el tráfico.
- Intervenciones integrales y planificadas: a pesar de ser más efectivos y menos costosos, los programas de desarrollo alternativo no deben limitarse a la sustitución de los cultivos de coca por otros cultivos. El diseño de estos programas debe ser integral incluyendo la titulación de la tierra, la provisión de servicios públicos como las vías terciarias y la seguridad de las comunidades, entre otros.
- Política de drogas debe proteger a las comunidades: la producción de cocaína, su tráfico y las intervenciones para controlar su producción se asocian con mayores niveles de violencia. La política de drogas con un enfoque integral debe orientarse a la provisión de bienes públicos, entre ellos, la seguridad de las comunidades.
- Regulación del uso adulto y recreativo del cannabis: la penalización de su consumo distrae a la Policía de actividades criminales, como los homicidios y hurtos. Hay evidencia sobre la reducción de la tasa de criminalidad por la despenalización del consumo de marihuana. En cuanto a la producción, es necesario diseñar esquemas y proteger a los hogares cultivadores para que perciban los beneficios económicos de la regulación del uso recreativo y medicinal.
- Sobrepoblación de las cárceles: se ha estimado que la captura de personas por el porte, tráfico y fabricación de drogas ilícitas costó alrededor de $11 billones en 15 años donde, como se mostró, 1 de cada 3 capturas fueron a personas con menos de 25 gramos de sustancias ilícitas. Es necesario implementar medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con las drogas ilícitas, alineadas con los derechos humanos.
- Salud pública para el consumo problemático: este consumo de sustancias psicoactivas debe ser abordado desde una perspectiva de salud pública con énfasis en la prevención del consumo de menores, no a través de la criminalización de los consumidores. Es necesario implementar en Colombia programas ambulatorios que tengan un enfoque de reducción de daños.
- Investigación científica de la hoja de coca: la hoja de coca ha sido usada tradicionalmente por las comunidades indígenas en Colombia. Es necesario crear modelos de beneficios compartidos que incluya a las comunidades étnicas y campesinas para que se beneficien y participen en toda la cadena productiva de productos lícitos a partir de la hoja de coca. La hoja de coca tiene componentes que no han sido explorados ni investigados por las trabas en las normativas internacionales y nacionales.
- Microtráfico: la regulación del uso de sustancias no es suficiente para acabar con la criminalidad y la violencia. Es necesario combatir el fenómeno del microtráfico con medidas que sean eficientes. La estrategia integral de lucha contra este fenómeno debe incluir programas de prevención comunitaria, un acercamiento de las autoridades a las comunidades y un esfuerzo de control territorial por parte de las autoridades.
- Evaluación de la política de drogas: todas las políticas públicas deben ser evaluadas y la política de drogas no debe ser la excepción. Por ejemplo, no se conoce el impacto del programa de sustitución de cultivos ni en los cultivos de coca ni en las condiciones socioeconómicas de los hogares beneficiarios. Los recursos comprometidos para el financiamiento de los subsidios a los hogares vinculados al principio del programa equivalen a 0.4% del PIB. Evaluar la efectividad del gasto en los diferentes programas e intervenciones es fundamental para maximizar los retornos.
Los expertos de los Andes reiteran que “un objetivo de la política exterior del próximo gobierno de Colombia debe ser su liderazgo en la discusión sobre la regulación de la cocaína priorizando los intereses de los eslabones más débiles y afectados por el prohibicionismo y por la guerra contra las drogas”.
Durante este proceso, es necesario implementar una política de transición con los lineamientos discutidos. “En primer lugar, debemos implementar un enfoque de salud pública para atender a las personas con una relación problemática con sustancias psicoactivas a través de la reducción de daños”.
“En segundo lugar, tenemos que priorizar las condiciones socioeconómicas de los hogares con las intervenciones para sustituir cultivos de uso ilícito. Por último, debemos garantizar la seguridad territorial, no a través de la militarización de los territorios, con la implementación de mecanismos de inteligencia que se enfoquen principalmente en la protección de los líderes sociales. Estos deben ser los objetivos de la política de drogas del próximo gobierno”, concluyen las recomendaciones del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes.
