La Paz — El sábado pasado el presidente Luis Arce declaró que había llegado a un acuerdo con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) para abrir la puerta a una nueva Ley del Oro en Bolivia.
“Hay puntos importantes, el primero de ellos: Ferreco acepta la viabilidad de la continuidad del proyecto de Ley del Oro, destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para su tratamiento y aprobación legislativa. Esto significa que el oro que se produce en nuestras cooperativas mineras se quedará para los bolivianos, para las RIN en el Banco Central de Bolivia (BCB)”, dijo Arce.
El presidente de Ferreco, Eloy Sirpa, que estuvo al lado del presidente, dijo: “esto es resultado de las mesas de trabajo que hemos ido sosteniendo en estos nueve meses. Nosotros, sobre la Ley de Reservas Internacionales, más conocida como la Ley del Oro, nunca nos hemos opuesto; por el contrario, hemos propuesto un régimen tributario, por eso ahora va a continuar su análisis. Otro tema que nos preocupa es la minería ilegal”.
El acuerdo también incluye un tema que está en debate hace mucho tiempo: el análisis tributario. Esto se debe a que en Bolivia la explotación minera se hace a través de cooperativas, que dominan el 94% del total del mercado, y estas están exentas del pago de impuestos que se exige a cualquier empresa privada.
En una investigación publicada por la Fundación Jubileo analizando el sector minero del oro en Bolivia, la fundación recomienda: “Para hacer sostenible el cooperativismo aurífero, en primer término, se debe construir una escala adecuada de regalías e impuestos, de manera que, si el excedente es pequeño, éste sirva para la sobrevivencia de los trabajadores; pero si aquél es grande, sea compartido adecuadamente con el resto del pueblo boliviano y no enriquezca sólo a unas cuantas personas”.
El 2020, las cooperativas mineras produjeron 21,8 toneladas de las 23,2 toneladas producidas a nivel nacional. Ese mismo año el valor de producción del oro alcanzó a 1.263 millones de dólares. Pero las regalías recibidas por el Estado fueron de 34 millones de dólares, apenas el 2,7%.
La explotación de oro en Bolivia se da mayoritariamente en el departamento de La Paz que produce el 71.9 % de la producción nacional. Sin embargo, el aporte económico es muy bajo para los municipios como para este departamento. “Bajar la regalía del oro marginal a 2,5% (para exportación) fue una medida para que el excedente generado por la explotación de este oro fuera mayor y proporcione un mayor beneficio a los cooperativistas; pero, es evidente que la medida está siendo aprovechada por gente que no merece ese descuento y el que sale perjudicado es el Estado y, particularmente, el departamento de La Paz. Para impedir esta situación, se debería trabajar en la identificación precisa del tipo de yacimiento de cada cooperativa y en el registro de sus producciones para evitar que cualquier otro operador –que intente aprovechar la baja regalía– estafe al Estado”, explica el informe.
La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz (Fecoman LP) agrupan a unas 850 asociaciones y los asociados superan los 30.000.
Algo importante para entender el tema del pago que hacen estas cooperativas al Estado boliviano es la forma en que se declara el tipo de yacimiento del que se extrae el mineral, que según la normativa actual “para buenos yacimientos, la regalía que se debe pagar es 7% del valor bruto de ventas; en cambio, si el yacimiento es marginal, la regalía que se tiene que pagar es sólo de 2,5%”.
Y justo ahí está la trampa a la ley. Esta diferenciación por el tipo de yacimiento es aprovechada para no pagar regalías al Estado. Según datos oficiales, el 2014 la mayor parte del oro exportado fue registrado como oro obtenido en yacimientos marginales. Pero para la Fundación Jubileo “es casi imposible que se produzcan más de 30 toneladas en un año, a partir de yacimientos marginales”.
Otro problema que esconden las cooperativas es la falta de información pública debido al tipo de administración que tienen que no permite el control estadístico. Esto da lugar a operaciones irregulares de contrabando de oro de países vecinos que aprovechan los vacíos legales y la falta de control para blanquear su oro en Bolivia. Las denuncias de oro ingresado de manera ilegal al país son públicas pero no han tenido mayor respuesta del Estado en pasados gobiernos.
En 2012, según datos oficiales, Bolivia produjo 12 toneladas de oro. Pero en las exportaciones se registró 26,9 toneladas. De dónde salieron las toneladas extras, es una tarea pendiente que tienen las autoridades llamadas al tema. El año 2014, se vio el mismo fenómeno. Se produjeron 25 toneladas de oro y se exportaron 34. En reportes de prensa local, consta como estas cifras fueron modificadas tratando de ocultar la información. Sin embargo, quedaron pruebas de los reportes oficiales que se contradecían entre sí durante la administración de Evo Morales.
Fue durante el gobierno de Morales que se cambió la normativa sobre el oro por última vez en 2014. En la Ley 535 de minería y metalurgia, hecha por el MAS (partido del gobierno actual), las cooperativas consiguieron fijar una reducción de sus pagos que bajaron del 7 % al 2,5% en explotación de yacimientos marginales. Estos porcentajes se organizan según el techo del precio del oro y estos techos generan pérdidas al Estado.
“A partir de la idea general de que es mejor que los recursos naturales minerales sean explotados por manos de bolivianos y no de extranjeros o empresas multinacionales, se creó una normativa que prioriza a las cooperativas de mineros. Pero en Bolivia esta figura de las cooperativas en realidad está sirviendo para ocultar empresas de corte tradicional en el sentido de que hay alguien que tiene más dinero y pone capital. Sirven como un paraguas para organizaciones económicas que están liberadas de la ley laboral, de las normas ambientales, de los impuestos (ya que solo pagan unas mínimas regalías)”, explica la senadora por el departamento de La Paz, Cecilia Requena, miembro de la agrupación opositora Comunidad Ciudadana.
Requena, que lleva años denunciando minería ilegal en áreas protegidas, indica que se sabe que las cooperativas incumplen los mismos principios que las norman como, por ejemplo, no tener empleados sino socios o distribución equitativa de las ganancias. “Lo que sucede acá es que hay una persona que tiene capital, compra maquinaria y afilia como socios (solo de nombres) a campesinos o trabajadores a los que les pagan muy poco y que aportan con lo mínimo. Este es un sistema muy pernicioso que no está controlado”, agrega Requena.
Otra normativa de la cual están liberados los cooperativistas en Bolivia es la ley laboral, lo cual ha causado que muchos de sus trabajadores, campesinos o indígenas provenientes de las comunidades cercanas a los yacimientos mineros, se quejen por los pagos bajísimos y condiciones pésimas de salud y seguridad en las que trabajan.
Para la Fundación Jubileo no todo en este sistema organizativo es malo pero hay mucho por normar. “Las cooperativas auríferas son una salida a la desocupación y el desempleo; pero muchas de estas instituciones cuentan con trabajadores informales para los que no hay seguridad industrial ni social, ni derechos laborales. Se debe lograr que estas personas ingresen a la formalidad y que su empleo sea sostenible y digno, dadas las limitadas capacidades que hay para generar otros empleos alternativos”, indican en su informe.
El presidente Arce se ha comprometido a trabajar junto con estos actores cooperativistas que en muchas ocasiones han mostrado públicamente su apoyo al gobierno y que en Bolivia constituyen uno de los sectores más duros cuando de presión política se trata. Aunque aún no se ha visto ningún documento con el proyecto de ley, la sola idea de una nueva normativa levantó muchas preguntas y críticas desde ya. De hecho, otro sector de los mineros se mostró en desacuerdo con las declaraciones del presidente sobre una nueva ley del oro.
