Bloomberg Línea — Casi ocho millones de latinoamericanos podrían caer en la pobreza extrema este año si el incremento de la inflación, impulsado por la invasión a Ucrania y los problemas en las cadenas de suministro, se mantiene en el segundo semestre.
Esta tendencia afectaría a todos los países de la región si la presión de los precios continúa, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
El organismo de las Naciones Unidas advirtió esta semana que la guerra en Europa impacta en Latinoamérica en forma de un menor crecimiento económico, una caída en el comercio internacional y un incremento en el precio de los alimentos, la energía y la vivienda.
El encarecimiento del costo de vida, que tiene a la inflación en máximos de décadas en varios países de la región, golpea con más fuerza a las personas de menores ingresos. La Cepal calculó que las proyecciones de la inflación para este año son más altas en el grupo de consumidores menos adinerados, teniendo en cuenta los bienes y servicios a los que acceden y su proporción sobre el total de ingresos. Mientras que para esta población las cuentas indican que la variación podría ser de un 8,3%, en el grupo de mayores ingresos el alza de los precios sería de un 7,3%.
Aunque la diferencia puede parecer poca, dijo el organismo, el aumento en los precios afecta desproporcionadamente a los hogares con menores ingresos al obligarlos a reducir o sustituir el consumo de bienes esenciales.
“Los efectos serán mayores en el caso de los hogares muy pobres, en los que incluso pequeñas alzas de precios pueden obligarlos a ingerir alimentos de menor calidad, lo que afectará el desarrollo cognitivo y la salud de sus hijos”, advirtió el organismo en un informe en el que analizó el impacto de la guerra en Ucrania en la región.
Este contexto hará que las tasas de pobreza extrema y pobreza total se eleven encima de los niveles estimados para 2021: mientras que el primer indicador alcanzaría un 14,5% (o 0,7 puntos porcentuales más que el año pasado), el segundo alcanzaría un 33% (0,9 puntos porcentuales más que el año pasado).
Pero si la inflación persiste y la variación suma 2 puntos porcentuales más, en comparación a las expectativas vigentes en el primer trimestre, la pobreza extrema crecería 1,1 puntos porcentuales más que el año pasado y la pobreza total subiría en 1,6 puntos porcentuales.
En este escenario, países como Colombia, México, Brasil y Paraguay tendrían un fuerte retroceso en la lucha contra la pobreza.
Estas economías cerraron marzo entre los países con la inflación de alimentos más alta. Por ejemplo, Colombia terminó el tercer mes del año con un alza de un 23,5% en este segmento, mientras que Paraguay cerró en 16,2%.
“Hay países que se ven doblemente afectados. Los golpea la inflación porque crece mucho, pero por otro lado son importadores netos de recursos naturales o son un importador neto de alimentos. Esto no va solo con políticas sociales, hay que tener políticas macroeconómicas que nos permitan que esto no se nos vaya de mano porque si no sería un tema muy grave para la estabilidad regional”, dijo Mario Cimoli, secretario interino de la Cepal.
Según el organismo, la inflación de alimentos es una señal de debilidad de la seguridad alimentaria de la región y su incremento no solo se debe al traspaso de los precios de las materias primas (cereales, aceites, energía, muchos de ellos en máximos históricos), sino también a la dependencia de los fertilizantes extranjeros.
Un 78% de los fertilizantes utilizados en la agricultura de la región son importados. Este escenario se agravó con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues el Kremlin produce el 88% de las importaciones regionales de fertilizantes a base de nitratos y fosfatos. La guerra también impacta en los precios de los alimentos, considerando que en 2020 los dos países en conflicto enviaron el 28% de las exportaciones mundiales de trigo, el 15% de las de maíz y alrededor del 60% de las de aceite de girasol.
“La seguridad alimentaria es fundamental. Así como nos quedamos cortos cuando tuvimos el tema del Covid-19 y nos quedamos cortos cuando no teníamos las vacunas, nos quedamos cortos con la seguridad alimentaria. Hay que intervenir a nivel regional y si no va a afectar a los sectores más débiles”, agregó Cimoli.
Las medidas son contraproducentes: FMI
Las decisiones de los gobiernos parecen ser contraproducentes. Según una investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicada este martes, los países han optado por limitar la subida de los precios nacionales recortando impuestos o dando subsidios directos, lo que terminará por crear más presiones sobre los presupuestos nacionales, ya golpeados por la pandemia.
Más de la mitad de 134 países encuestados por el FMI han anunciado al menos una medida en respuesta al aumento de los precios de la energía y los alimentos. El estudio, liderado por David Amaglobeli, jefe en el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, encontró que un 24% de los países consultados en las economías emergentes y en desarrollo ha reducido el impuesto al consumo, mientras que un 18% ha optado por congelar o subsidiar los precios.
Pero este tipo de medidas, según los investigadores, aumentarán los costos fiscales y podrían generar futuros recortes en el gasto público. Los investigadores aconsejaron permitir que los altos precios mundiales se trasladen a la economía nacional, pero sin dejar de proteger a los hogares vulnerables.
“En última instancia, esto es menos costoso que mantener los precios artificialmente bajos para todos, independientemente de su capacidad de pago”, escribieron.
Los investigadores dijeron que los países con redes seguridad social sólidas podrían utilizar transferencias de efectivo temporales, mientras que aquellos donde no lo son pueden optar por ampliar programas existentes y utilizar herramientas digitales para entregar las prestaciones.
En el caso de las economías con subsidios a la energía o los alimentos, los gobiernos deben permitir que se trasladen los precios internacionales y eliminar los subsidios, con medidas para los más vulnerables. En las economías en donde la seguridad alimentaria es una preocupación, los investigadores concluyeron que sí se podrían consideran subsidios o impuestos a la importación, pero con cláusulas claras de cuándo terminarán, sugiere el informe.
