Santiago — La Convención Constitucional de Chile se acerca a su fin en medio de una baja aprobación. Luego de que sus 154 miembros escribieran una propuesta con 499 artículos, tres comisiones comenzaron un trabajo de revisión y redacción del preámbulo y de las normas transitorias. Completado este proceso se espera un texto definitivo que será votado en un plebiscito de salida el 4 de septiembre.
Pero las principales encuestas apuntan a que, en este momento, los chilenos se inclinan por rechazar este proyecto; un escenario inimaginable cuando cerca de un 80% de los votantes del referéndum del 25 de octubre de 2020 optó por escribir una nueva Carta Magna que sustituyera a la actual, que data de la dictadura militar (1973-1990). Hoy, desde el mundo financiero existen distintas miradas sobre la propuesta: Bank of America observa riesgos económicos “significativos”, aunque cree que el borrador es “mejor de lo esperado” hace unos meses. Para JP Morgan Chase los cambios planteados “debilitarán la institucionalidad”; mientras que Morgan Stanley lee con optimismo los cambios.
La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros Cáceres, cree que la tendencia al rechazo será revertida en los siguientes meses, dando paso a un nuevo pacto social que, a su juicio, sería un “referente latinoamericano” para otros países de la región. “Hemos estado en nuestros territorios y, claramente, observamos un apoyo que las encuestas, al parecer, hasta ahora no han reflejado, porque esto ocurrió hace dos semanas, muy poco. Tengo fe en que el pueblo chileno se va a informar y tomar su decisión”, dijo en una entrevista con Bloomberg Línea.
Nacida en la ciudad de Talca en 1981, esta odontóloga y ambientalista reemplazó a Elisa Loncon, el 5 de enero de 2022, para conducir la segunda y última etapa del proceso constituyente. “Ha sido un desafío porque soy independiente y, por primera vez, estoy en temas de política”.
Esta conversación, sostenida vía Zoom el pasado martes, fue editada por motivos de extensión y claridad.
Bloomberg Línea: En 2020 fue aprobada por una abrumadora mayoría la idea de reemplazar la actual Constitución, pero ahora las encuestas apuntan a que ganaría el rechazo en el referéndum. ¿Por qué algunos chilenos cambiaron de opinión?
MARÍA E. QUINTEROS: Tiene que ver con el contexto en que se da esto. Recordemos que el proceso constituyente es una salida a una crisis político-institucional, de mucha desconfianza y falta de representación de nuestras autoridades políticas. Esa misma desconfianza se ha trasladado al proceso constituyente; además de existir falencias desde el mismo proceso en informar a las personas.
También está relacionado con las brechas de educación cívica en la población, lo que es un hecho... Hemos podido ver cómo se hace política, cosa que antes estaba muy reservado al espacio del Congreso. Esto ha sido muy masivo por la transparencia que hemos dado al proceso y a la publicidad: todas nuestras sesiones son transmitidas. Ahí, ha habido una desconexión y, tal vez, un desencanto en cómo se configura la política.
Lo otro tiene que ver con algunos errores de los propios convencionales, que también se ha utilizado de mala manera. Telar, una plataforma de investigación del Instituto Milenio Fundamento de los Datos (IMDF), mostró que el 66% de las desinformaciones va hacia características personales de los constituyentes. Pueden ser muchos factores que se conjugan, que pueden explicar esta disminución en el apoyo hacia la Convención. Pero lo más trascendental no es la Convención, sino la propuesta de Constitución.
En un escenario donde gane el rechazo, ¿en qué posición quedaría Chile?
No veo eso como una opción, para ser honesta. Yo creo que esto se va a aprobar porque es el único proceso democrático constituyente en la historia de este país. La gente valorará también que ha habido espacios de dialogo y de pluralismo... En la historia chilena hubo un tiempo, en la dictadura, que los que pensaban distinto no podían emitir su opinión por temor a que los asesinaran o a desaparecer. Eso es una gran diferencia.
Y en el caso no aprobarse, continúa vigente la Constitución actual. Eso es lo que ocurriría.
¿Usted, personalmente, lo vería como un fracaso?
Esto no es personal, es colectivo. Es una decisión colectiva como país, de poder darnos una nueva Constitución. No podría dar una respuesta de ese tipo.
La expresidenta Bachelet dijo que uno de los desafíos de la Convención es comunicarse mejor con la gente. ¿Cuál es su estrategia para superar este desafío de cara al plebiscito de salida?
Por supuesto que coincido. Lo hemos dicho desde enero y hemos estado trabajando desde que asumimos para mejorar, primero para crear e implementar una estrategia comunicacional.
En este proceso hemos tenido que crear una institucionalidad de la nada, lo que nos tomó los primeros seis meses. Cuando asumí, junto al vicepresidente (Gaspar Domínguez), la secretaría de Comunicaciones era muy incipiente. Ahora tenemos una más fortalecida, con personal que, en base a encuestas y datos, va proponiendo.
Tenemos un mandato, que es informar acerca del borrador. Como Convención funcionaremos hasta el 5 de julio, pero no tenemos mandato para referirnos al plebiscito, información por una u otra opción. Nuestro mandato solamente es redactar la propuesta de nueva Constitución e informar, y nos quedan cuatro semanas; así que haremos todos nuestros esfuerzos a través de la estrategia por radio, medios de comunicación de masas, periódicos, también por nuestra plataforma, en terreno. Vamos a utilizar todas la estrategias que podamos levantar en estas últimas semanas.
Han hecho trabajo en terreno en los últimos días.
Sí, estas dos últimas semanas. Lamentablemente, antes teníamos un diseño que consistía que, una vez al mes, uno volvía a su distrito y tenía que comunicar los avances, pero el tiempo ha sido muy breve. Cabe recordar que el tiempo no fue algo que la Convención decidió, sino que fue impuesto.
Ahora, por ejemplo, cuando visité mi distrito (en Maule) vi mucho interés en todas las convocatorias. Eso habla del interés de la gente en conocer a profundidad, de forma objetiva y verídica, las propuestas; porque hay mucha desinformación y un poco de campaña del miedo que viene de ciertos sectores de la sociedad, lo que es legítimo. Pero lo importante es comunicar objetivamente y no en base a desinformación.
En una entrevista, el presidente de la Sonami nos manifestó su preocupación en torno a los artículos referentes a la minería, entre otros puntos por las incertezas jurídicas y porque no se protegía el carácter estatal de Codelco. ¿Qué responder a este sector que está insatisfecho con el borrador?
Hay artículos súper claros, todas las mineras, minerales, pertenecen al Estado que regulará la forma a través de la ley, cómo se va a regular finalmente eso.
La Constitución es un marco. Hay muchas cosas que define la ley, y la ley a través de nuestro órgano democrático por excelencia, el Congreso; entonces pretender que todo quedará zanjado a nivel constitucional no tiene ningún asidero porque muchas de las leyes posteriores, que emanan de estos artículos, tienen que resolver ese nivel de detalle.
Fitch Ratings decía que el borrador deja áreas grises como, por ejemplo, las leyes de propiedad. ¿Qué se puede hacer para revertir esta opinión?
Las opiniones van y vienen. Es legítimo que tengamos nuestra opinión. También hay opiniones que están a favor del proceso, que encuentran que da estabilidad económica, que es un incentivo.
Cada persona es libre de emitir su opinión y la respetamos. Hemos abierto desde siempre todas las vías para recibir esos aportes, y en base a eso poder decidir con la autonomía, legitimidad, que tiene el proceso, lo que creemos es lo mejor para Chile con un consenso alto, de un quorum supra mayoritario de dos tercios. Bienvenida todas las opiniones dentro de un marco de respeto y construcción.
¿Cree que este proyecto, de ser aprobado, ayudaría a reducir las desigualdades en Chile?
Ha sido una de las principales motivaciones de este proceso. La Constitución poco y nada dice sobre los derechos sociales, y el estallido social tiene relación con una crisis o desigualdad enorme que existe al interior del país. Pese a que Chile es catalogado como un país de altos ingresos, la institución al interior es muy desigual, y varía mucho a través de la región. Lo que se propone acá, y es lo que ha logrado este consenso, es transitar a disminuir la brecha de desigualdad en el país.
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