San Salvador — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, objetó el “interés repentino” de la comunidad internacional sobre el país por los “cambios profundos” impulsados por su gestión y las detenciones durante el Régimen de Excepción.
El mandatario sugirió que la comunidad internacional teme que El Salvador puede convertirse en un modelo que otros países latinoamericanos podrían replicar.
“¿Por qué tanto interés repentino en El Salvador? ¿Será que estamos dando un mal ejemplo? ¿Será que otros países de Latinoamérica podrán querer hacer lo mismo y eso les preocupa?”, cuestionó en su discurso ante la Asamblea Legislativa por su tercer año de gobierno.
Bukele no se refirió a ningún país en concreto, pero catalogó a los críticos en dos grupos: “los que acaban de aparecer” y “los que nos saquearon y nos mataron durante 40 años”.
“El primer grupo lo forman los que acaban de aparecer, estas organizaciones y representantes de organismos internacionales que ni conocen El Salvador. Y de repente somos su prioridad. Pasan todo el día comentando, sancionando y condenando y operando en El Salvador, pero antes ni sabían dónde estaba”, dijo.
El mandatario salvadoreño dijo a la comunidad internacional que no permitirá que “vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes”. “Todos los que quieran apoyarnos son bienvenidos a construir este sueño con nosotros, pero los que no, mejor apártense”, advirtió.
En el discurso de su tercer año en el cargo de la República, Bukele se enfocó en el combate a las maras. “Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas”, aseguró.
El Salvador está muy cerca de convertirse en el país más seguro de América Latina, con unos 17 homicidios en mayo “si no contamos a los pandilleros tratando de enfrentar a nuestras fuerzas del orden”, manifestó.
“Pasar del país más inseguro del mundo al país más seguro de América Latina no es cualquier cosa. Y no es porque estamos haciendo las cosas mal”, defendió.
En su rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa abordó poco o quedaron fuera otros temas de impacto como la inflación, el bitcoin o la deuda externa.
“Pronto tendremos la biblioteca más moderna de la región, un estadio nacional del primer mundo, un tren que conecta el país de punta a punta, un aeropuerto en oriente que traerá más oportunidades y la primera Ciudad Bitcoin, pero la seguridad de la gente vale más que cualquier obra que podamos hacer”, apuntó.
Gobierno expuesto a sanciones penales
Organismos internacionales siguen manifestando su preocupación por el Régimen de Excepción en El Salvador, que ha dejado un saldo de 36.000 personas en prisión, en apenas dos meses. El estado de emergencia llegará hasta el 25 de junio y todavía puede ser prorrogable.
De una tasa de 609 personas presas por cada 100.000 habitantes, El Salvador subió a 1.164, lo que lo convierte en la nación con la mayor tasa de personas en cárceles per cápita del mundo. “El 1,7% de la población mayor de 18 años está tras las rejas”, dijo Éricka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La institución condenó que al menos unas 18 personas han muerto bajo tutela de las autoridades tras ser detenidas por ser sospechosas de pertenecer a pandillas. El gobierno salvadoreño ha cometido “violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos”, recalcó.
Muchas detenciones han sido arbitrarias, sin la intermediación de una orden de aprehensión o situación de flagrancia, sino solo por poseer tatuajes, ser familiar de pandilleros, la acusación de un tercero o simplemente por vivir en zonas controladas por las maras. “Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva”, señaló Amnistía Internacional.
La situación se agrava pues los tres poderes del Estado siguen los lineamientos de Bukele para “procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas”. “La política implementada por el gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional”, advirtió Guevara Rosas.
Además puede leer:
