El Gobierno de Venezuela revierte silenciosamente una política de décadas de subsidios a la electricidad, el agua, el gas y los peajes de las carreteras para apuntalar las cuentas fiscales, trasladando los costos a empresas e individuos acostumbrados desde hace mucho a los servicios públicos baratos.
En todo el país sudamericano, las facturas de luz y agua van al alza. Los peajes se han restablecido en varios estados. Las estaciones de gasolina cobran cada vez más dólares estadounidenses. Y el Gobierno de Nicolás Maduro cede el control de la venta de gas propano para cocinar y la recaudación de impuestos a los municipios.
“Hoy somos un país distinto”, dijo Gustavo Nouel, agrónomo de una finca arrocera de 80 hectáreas en Portuguesa, un estado productor de granos donde la factura de electricidad se multiplicó por 100 hasta llegar a los US$5.000 mensuales en enero. “Estamos en un proceso de transición porque hemos matado a la gallina de los huevos de oro”.
La industria petrolera venezolana, construida sobre las mayores reservas probadas del mundo, ahora produce una cuarta parte de lo que hacía antes, dejando decenas de miles de millones de dólares menos de ingresos para gastar en servicios sociales y programas para los ciudadanos. Esto ha obligado a Maduro a adoptar un enfoque más capitalista, lo que ha contribuido a impulsar una incipiente recuperación económica. Ahora, su Gobierno sube gradualmente el precio de los servicios proporcionados por el Estado hasta acercarse a su costo real, al tiempo que intenta proteger a más del 90% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza.
Después de años de recesión e hiperinflación, que solo terminaron recientemente, la política de Maduro de permitir que las empresas estatales cobren más debería ayudarlas a mejorar sus operaciones y finanzas y a pagar salarios más altos, dijo José Luis Saboin, un consultor económico en Washington, D.C., que estudia los subsidios.
“Es bastante lamentable que haya tenido que ocurrir una hecatombe económica para que esta situación de los precios se haya revertido”, dijo. “Pero como dice el refrán: más vale tarde que nunca”.
Para ser claros, Venezuela sigue siendo barata: un kilovatio hora de electricidad cuesta alrededor de un centavo, comparado con unos 11 centavos en Estados Unidos. Sin embargo, es un cambio drástico para un Gobierno que durante mucho tiempo se enorgulleció de proporcionar servicios públicos por casi nada.
La política se remonta a la década de 1970, cuando el Gobierno comenzó a subvencionar la mayoría de los servicios públicos a través del tipo de cambio, utilizando las recompensas de los altos precios de materias primas. Se mantuvo bajo el mandato del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, que se comprometió a reducir la pobreza y a permitir que millones de hogares utilizaran los servicios sin pagar. Incluso hoy, alrededor de un tercio de la población tiene conexiones de electricidad o agua pero no paga un centavo, según el Observatorio Nacional de Servicios Públicos.
No está claro cuánto gasta exactamente el Gobierno en las subvenciones, ya que no se publican cifras fiables. Los economistas del Centro de Políticas Públicas del IESA, una escuela de negocios con sede en Caracas, estimaron en 2014 que ascendían a US$25.000 millones anuales.
Maduro comenzó a cambiar la política en serio en 2020, apuntando a todo, desde el aceite para cocinar hasta las tarifas eléctricas. Muchas estaciones de gasolina pasaron de cobrar en bolívares a dólares, en tanto que el Gobierno se vio obligado a empezar a importar condensado de lugares tan lejanos como Irán para mezclarlo con el crudo local.
Pero el cambio se ha producido con poca fanfarria o publicidad, lo que ha ayudado a Maduro a evitar una reacción pública. Los comerciantes dicen que se vieron sorprendidos por las enormes facturas. Los servicios, mientras tanto, han seguido siendo pésimos.
“Antes pagábamos por servicios baratos e ineficientes. Ahora pagamos caro por los mismos ineficientes servicios”, dijo Omar Bautista, jefe de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores FAVENPA. Dijo que los fabricantes se han visto perjudicados por el frecuente racionamiento de agua y energía fuera de Caracas.
Algunos productores se han adaptado aumentando los precios o trasladándose a municipios más baratos dirigidos por alcaldes respaldados por el Gobierno que atraen a las empresas con exenciones fiscales. Otros han tenido que cerrar la tienda y vender.
En Barquisimeto, la mayor ciudad agroindustrial del oeste de Venezuela, Francisco D’Armata piensa en trasladar su negocio de fabricación de vidrio, con 45 años de antigüedad, a un lugar en el que los servicios sean más fiables y el Gobierno local haya mantenido los impuestos más bajos para recuperar la industria.
“Yo quisiera que mi negocio se extendiera hasta una tercera generación, pero las condiciones son duras para continuar. Todos tenemos una esperanza de que esto mejore”, afirma.
Para Simón Salas, director de la Cámara de Comercio de Barquisimetro, la cuna de la agroindustria venezolana, los aumentos tienen sentido, teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo en el país.
“Esto es una sinceración real, nos guste o no. Porque estamos adentrándonos en un país desconocido que se está transformando”, dijo. “Veníamos de pagar casi cero por los servicios, no podemos comparar con lo que pagamos ahora”.
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