Santiago — El presidente de Sociedad Nacional de Minería (Sonami) de Chile, Diego Hernández Cabrera, advierte que el carácter estatal de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) no queda asegurado con la propuesta de Constitución que se está afinando en la Convención.
Este líder gremial, que conversó con Bloomberg Línea, conoce la industria minera a fondo. Fue presidente ejecutivo de Codelco entre 2010 y 2012, un cargo que asumió después de desempeñarse como presidente de la división Metales Base de la gigante BHP Billiton durante seis años. También fue presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals y ejerció importantes funciones en otras compañías.
Hoy, el presidente de Sonami considera que la precisión estuvo ausente en la escritura de los artículos referentes a la actividad minera en el proyecto de Constitución. Aunque espera que la redacción mejore durante el trabajo de la Comisión de Armonización de la Convención, cree que en este caso “difícilmente” se lograría un texto con un “lenguaje muy preciso y elaborado porque el borrador es ambiguo”.
A su juicio, esa posible ambigüedad pudiera generar “problemas en el largo plazo” debido a las posibilidades de que el contenido sea interpretado de “una manera muy distinta”.
Esta entrevista fue editada por motivos de claridad y extensión.
BLOOMBERG LÍNEA: ¿Cómo queda Codelco en la propuesta de Constitución de la Convención?
Hubo varios intentos que no prosperaron de artículos para darle más peso al Estado en la operación de las minas, desde nacionalización hasta otros artículos que pretendían que toda la minería tuviera un mínimo de participación del Estado de 30%.
Finalmente, la gran empresa del Estado de Chile, Codelco, que produce 30% del cobre chileno, no cuenta con ningún artículo en el borrador que proteja su carácter de estatal. Codelco, en ese caso, podría cambiar, ser abierto a la bolsa; podría ser privatizado, vender los yacimientos originales con una ley de simple mayoría. Llama la atención eso, por un lado el afán de estatizar todo, que no prosperó afortunadamente y, por otro, que se olvidaron de lo que ya tiene el Estado, lo que demuestra un poco de falta de rigurosidad y de sistematización en la elaboración de la Constitución, al menos, en lo referente a la minería.
¿Cómo están ven las grandes empresas de la minería esta coyuntura?
Lo que salió podría haber sido mucho peor. Pero, en el fondo, igual deja la incertidumbre pendiente; así que los artículos transitorios serán importantes para entender cómo vas a transitar del Código de Minería actual, que tiene que seguir vigente, hasta en qué plazo habría un Código distinto y en qué condiciones: si serían autorizaciones administrativas o si será otorgado por el Poder Judicial. Todo eso queda en el limbo, y eso no ayuda a hacer las inversiones.
Es decir, actualmente hay mucha incertidumbre a nivel de inversiones, ¿no?
Sin dudas. Y el borrador no ayuda a definir todos los puntos de interrogación.
¿Está preparada la pequeña y mediana minería para los cambios que vienen de la mano de la Convención?
Igual que a la gran minería, los cambios en la regulación de la propiedad minera que vendría posterior al “Apruebo” (del proyecto de Constitución) afectarían si es que no se mantiene el Código de Minería actual con el Poder Judicial otorgando las concesiones y los derechos mineros, si en vez de derechos pasan a ser autorizaciones. Todo eso afecta a la pequeña y mediana minería, igual que a la grande; aquí no hay diferencia en el tamaño.
¿Cómo definiría al actual borrador de Constitución?
Es un conjunto de ideas que, no necesariamente, armonizan entre ellas. Da la impresión de que es un conjunto de iniciativas de grupos que tienen distintos intereses, y al final al borrador le falta una visión más más clara de qué país queremos en el futuro.
¿La industria minera chilena está mejor con la actual Constitución o con la propuesta por la Convención?
Sin duda con la actual Constitución. De eso no hay ninguna duda.
¿Qué esperan de la reforma tributaria del Gobierno, donde se establecerá un royalty a la minería?
Tenemos más esperanzas ahora que las que teníamos en la tramitación del proyecto anterior, que esté en el Senado. El Ministerio de Hacienda -imagino- tiene que saber conciliar la atracción de inversiones con el aumento de la tributación, y eso significa que la expectativa de aumento de royalty tiene que ser razonable para no liquidar la posibilidad de inversión.
Esto está empezando, estuvimos haciendo una presentación en una iniciativa del Ministerio de Hacienda, llamada Dialogo Sociales para la Reforma Tributaria. Estamos en contra de un royalty ad valorem porque es regresivo y castiga a las empresas de costos más altos.
Creemos que hay mantener el impuesto especifico a la actividad minera, el royalty que tenemos; corrigiendo la escala y que siempre la referencia sea el margen operacional y no el valor de las ventas, no conectado con el precio del cobre. En un escenario de inflación, como el actual, quién sabe cómo va a afectar la inflación al precio del cobre. Un costo que hoy parece muy atractivo tal vez en cinco años ya no sea así... Hay una serie de factores a considerar, pero la ventaja es que el dialogo será con técnicos y no con políticos.
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