Bloomberg Línea — El Ejecutivo anunció este viernes que el estado de emergencia se extenderá por 60 días en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, Apurímac, territorios en donde se realizan los bloqueos desde el pasado 14 de abril que mantienen paralizadas las operaciones de la mina de cobre Las Bambas, propiedad de la china MMG Ltd.
El decreto señala que los 60 días comenzarán a correr desde el 28 de mayo, es decir, a un mes del inicio del primer estado de emergencia, manteniendo a la Policía Nacional del Perú como articuladora para mantener el orden público en los territorios.
Al extenderse este plazo, según señala el texto del Ejecutivo, “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú”.
Esta semana se realizó una nueva ronda de diálogos entre las comunidades presentes en el territorio de Apurímac, el gobierno de Pedro Castillo y miembros de la minera Las Bambas, tras 44 en que las operaciones han estado detenidas y en los que según la compañía de MMG, las pérdidas en exportaciones para la empresa se acercan a los US$400 millones.
El 14 de abril las comunidades de Fuerabamba y Huancuire invadieron zonas aledañas a la mina para protestar por el supuesto incumplimiento de los compromisos sociales por parte de la empresa, que ha negado que sea cierta esta situación.
La mina Las Bambas ubicada entre las regiones de Apurímac y Cusco representa el 2% del suministro global de cobre. En el primer trimestre de este 2022, a pesar de un bloqueo que interrumpió su operación por poco más de tres semanas, registró resultados positivos en cuanto a extracción de cobre y un crecimiento en sus ingresos.
En las últimas horas y ante el bajo avance de los diálogos con las comunidades, la minera Las Bambas emitió un comunicado en el que lamentó y cuestionó las “exigencias desmedidas” de las comunidades.
“La falta de voluntad para llegar a un acuerdo de estas comunidades pone en riesgo 9.000 puestos de trabajo y a más de 1.400 pequeñas y medianas empresas de Cusco y Apurímac que proveen bienes y servicios para la minera Las Bambas”, precisó la compañía en el comunicado.
