Bloomberg Opinión — En este momento, en todo EE.UU., solo hay un estudio financiado por el gobierno federal sobre la prevención de la violencia armada en las escuelas de Estados Unidos. Comenzó en septiembre.
Y en los días transcurridos desde que 19 niños y dos maestros fueron asesinados a tiros en su salón de clases en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, los miembros del equipo de investigación, aproximadamente una docena de científicos y educadores han estado enviando correos electrónicos por todos lados, preguntando cómo pueden acelerar el trabajo, que está subvencionado durante tres años.
“Realmente no sabemos qué es lo que funciona y lo que no para mantener la seguridad en las escuelas ante sucesos como el del martes”, afirma Charles Branas, profesor de epidemiología de la Universidad de Columbia y uno de los principales investigadores del estudio. Los distritos escolares de todo el país están formulando políticas en el vacío sin “ninguna evidencia en la que colgarse”.
Espere, ¿qué? Columbine. Sandy Hook. Parkland. ¿El gobierno federal no estaba financiando este tipo de investigaciones antes? La respuesta es no, no durante más de 20 años.
En 1996, el Congreso aprobó la llamada “Enmienda Dickey”, llamada así por el fallecido representante Jay Dickey, que se retiró del Congreso con una calificación de A+ de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). La medida cortó efectivamente la financiación de la investigación sobre la violencia con armas de fuego en los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).
Dickey cambió de opinión después de la masacre de 2012 en un cine de Colorado que mató a 12 personas. Se asoció con un antiguo némesis, Mark Rosenberg, entonces director del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Lesiones de los CDC, para argumentar que la violencia con armas de fuego debía tratarse como una crisis de salud pública. En un artículo de opinión publicado en 2012 en el Washington Post, imploraron al Congreso que restableciera la financiación.
“Estábamos en lados opuestos de la acalorada batalla hace 16 años, pero ahora estamos totalmente de acuerdo en que se debe realizar una investigación científica para prevenir las lesiones por armas de fuego”, escribieron. “Se pueden encontrar formas de prevenir las muertes por armas de fuego sin invadir los derechos de los propietarios legítimos de armas”.
No fue hasta seis años después que un presidente republicano, Donald Trump, firmó una ley de gastos que restauró la investigación de los CDC para la violencia armada y la prevención. En 2020 y 2021, el Congreso asignó US$25 millones a lo largo de tres años para esa investigación, repartidos entre los CDC y los Institutos Nacionales de Salud. Pero eso es una miseria, dice Rosenberg, en comparación con el gasto anual de US$200 millones durante 50 años en la investigación para la prevención de lesiones en vehículos de motor. Ese gasto ha contribuido a salvar 600.000 vidas, más o menos el mismo número de vidas, señala, perdidas por la violencia armada entre 2000 y 2020.
Branas y su equipo están estudiando unas 650 escuelas públicas de todo el país en centros urbanos y no urbanos. El equipo está analizando las escuelas que han sufrido violencia con armas de fuego y las que no, examinando la eficacia de unas dos docenas de tácticas y políticas de seguridad.
El estudio está en una fase tan temprana que ni siquiera hay datos preliminares. “Realmente no está claro si armar a los profesores es una solución. Los profesores ya tienen un trabajo importante en el aula”, me dijo. “Ni siquiera hemos empezado a arañar la superficie de las implicaciones de someter a los niños a simulacros de encierro”.
Los CDC y el NIH han concedido unas 28 subvenciones para estudiar una serie de cuestiones relacionadas con la violencia con armas de fuego, como las mejores formas de intervenir y prevenir las amenazas de violencia con armas de fuego en las redes sociales; cómo averiguar quiénes corren más riesgo de ser víctimas de la violencia con armas de fuego y quiénes corren más riesgo de perpetrar actos violentos con armas de fuego; y el desarrollo de un sitio web para enseñar a los niños a cazar, disparar y a tener seguridad con armas de fuego.
“La ciencia no es el conjunto de respuestas perfectas”, me dijo Rosenberg. “Es una herramienta para llegar a las respuestas”.
Branas espera que los distritos escolares de todo el país puedan utilizar los hallazgos de su equipo para informar las medidas prescriptivas y evitar que otros niños sean asesinados a tiros sin sentido.
Espero con impaciencia sus conclusiones. Pero cuando se trata de la violencia con armas de fuego (al igual que con las vacunas y el cambio climático) me preocupa si los datos y los argumentos científicos son suficientes. Las secuelas de un tiroteo masivo son ya tristemente conocidas. Hay una plantilla, con una cobertura continua que lleva a una visita del presidente, una apasionada petición de leyes de armas más estrictas y votaciones fallidas en el Congreso.
La gran mayoría del país apoya la comprobación universal de antecedentes, la mayoría de la gente quiere prohibir la compra de armas por parte de personas que sufren enfermedades mentales y no quieren que la gente lleve armas sin permiso. Y, sin embargo, existe una sensación de desesperanza de que la sociedad estadounidense es incapaz de hacer nada contra estas masacres. Tal vez abrazamos a nuestros hijos un poco más fuerte y un poco más largo esta mañana antes de enviarlos a la escuela. ¿Qué más podemos hacer?
“Nos motiva doblemente que tenemos que encontrar algo, que tenemos que contribuir a una solución aquí”, me dijo Branas. “Y eso nos genera una pizca de optimismo”.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Bloomberg LP y sus propietarios.
Este artículo fue traducido por Estefanía Salinas Concha.
