San Salvador — El gobierno de El Salvador le apunta a seguir ampliando las detenciones de pandilleros con la prórroga del Régimen de Excepción por tercer mes consecutivo.
En dos meses, más de 35.000 supuestos pandilleros han sido detenidos por las autoridades, según cifras de la la Policía Nacional Civil (PNC). Las fuerzas de seguridad pueden detener a sospechosos de pertenecer a grupos criminales sin intermediación de orden judicial.
La Asamblea Legislativa aprobó la noche del miércoles la prórroga del decreto legislativo 333, con fecha del 27 de marzo. La pieza recibió 67 votos a favor y 16 votos en contra, una diputada se ausentó de la sesión plenaria.
Los legisladores también acordaron reforzar con US$10,9 millones a la Fiscalía General de la República (FGR) para la intervención de telecomunicaciones.
La Fiscalía destinará los fondos, según argumenta el Ejecutivo, a adquirir una plataforma tecnológica para la investigación de las organizaciones criminales.
Entre los resultados del Régimen de Excepción, la Asamblea Legislativa informó que han transcurrido 28 días sin homicidios, se han decomisado más de 7.000 celulares que los pandilleros usaban para coordinar delitos, más de 22.000 porciones de droga, 629 armas, 751 vehículos y US$1 millón.
“Nunca en 30 años se había enfrentado así a las pandillas, quienes se oponen al Régimen de Excepción, se oponen a la población”, sostuvo Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, mientras presentaba la solicitud de extender el estado de emergencia.
Población percibe más seguridad
Dos universidades privadas divulgaron encuestas en las que la población avala los resultados del Régimen de Excepción en sus primeros dos meses, aunque persisten las preocupaciones sobre la democracia.
La Universidad Francisco Gavidia (UFG) detectó que el 66,9% de los ciudadanos está de acuerdo con el estado de excepción para detener el alza de los homicidios. No obstante, un 8,5% considera que el país ha retrocedido en la democracia y el 8% afirma que la medida no era necesaria, pues el gobierno “lo controla todo”.
A finales de marzo, el presidente de la República, Nayib Bukele, solicitó a la Asamblea Legislativa que le concediera el Régimen de Excepción para combatir un abrupto incremento en los homicidios.
¿Por qué ocurrió este incremento? Según el estudio de la UFG, 54,6% de salvadoreños cree que “simplemente ocurrió”, un 9,8% piensa que el Plan Control Territorial del gobierno falló, mientras que un 19,1% sospecha que el gobierno de Bukele había negociado con pandillas o que hubo una ruptura en los acuerdos.
Por otro lado, otra encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), arrojó que el 50,2% de la población está a favor de ampliar el Régimen de Excepción, mientras que el 44,6% considera que es necesario buscar otras medidas.
El 78,% de los encuestados dijo que la delincuencia en El Salvador disminuyó como resultado de la estrategia gubernamental, un 14% que permanece igual y un 5,7%, que aumentó. Además, el estado de emergencia recibió una nota de 7,99.
Pero al cuestionar específicamente sobre los efectos en sus lugares de residencia, las respuestas son menos alentadoras, cuestionó el IUDOP.
“El 78,7% considera que el estado de excepción ha disminuido la delincuencia en el país, pero solo el 52.5% afirma lo mismo con respecto a su colonia y el 43,6% cree que la delincuencia sigue igual que antes”, analizó la UCA.
Diversos organismos internacionales han expresado sus preocupaciones por el respeto a los derechos humanos en el estado emergencia salvadoreño.
“Las intenciones pueden ser buenas, pero se tiene que hacer de una manera que respete los derechos humanos”, observó recientemente Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
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