Santiago — La propuesta de Constitución está siendo seguida con detenimiento por el mercado. El sector financiero es uno de los más interesados en evaluar el texto que posiblemente regirá en el país, y ya destacados bancos de inversión están dando a conocer sus conclusiones sobre lo redactado por la Convención. Bank of America (BofA) observa riesgos económicos “significativos” en el documento que será votado en un plebiscito de salida el 4 de septiembre.
Según un informe de analistas de BofA, a pesar de que el borrador es “mejor de lo esperado” hace tres meses todavía aumenta los riesgos de inversión debido que podría causar mayores gastos costos de producción, regulaciones más estrictas, entre otros aspectos relacionados con los derechos a la propiedad y riesgos legales. “Los derechos colectivos más fuertes pueden ayudar a estabilizar la situación social, pero conducirían a una mayor carga fiscal”.
Consideran que existen riesgos de inversión en artículos relacionados con mercados laborales, derechos a la propiedad, regulaciones y recursos naturales, dice el informe reseñado por Bloomberg.
Para JP Morgan Chase los cambios propuestos “debilitarán la institucionalidad” del país; recayendo algunas de sus preocupaciones sobre las nuevas tareas del Banco Central de Chile que deberá considerar aspectos adicionales, entre ellos el empleo y el cambio climático, al momento de decidir su política monetaria.
Morgan Stanley tiene una visión más optimista, indicando que no observan signos de elementos potencialmente perturbadores para la política macroeconómica, pues las ideas más radicales propuestas por comisiones se rechazaron en el Pleno. “La exclusión de propuestas menos ortodoxas para el sector empresarial, la política económica y el marco institucional, que significaban un mayor riesgo para la inversión y lo fiscal. Esto debería ser positivo para la mayoría de los activos de renta fija, lo que debería reducir la incertidumbre política para los líderes empresariales, promoviendo la inversión y manteniendo un marco fiscal mayoritariamente ortodoxo”.
Según el análisis, de ser aprobado el actual texto, el país se enfrentaría a una mayor carga fiscal y más controles regulatorios sobre las empresas, sobre todo en el aspecto medioambiental. Prevén que la propuesta será aprobada en el referéndum.
LOS CÁLCULOS DE FITCH
También las calificadoras de riesgos están evaluando el proyecto, especialmente Fitch Ratings que en los últimos días ha ofrecido su análisis sobre el documento. Pese a que destaca que muchos de los artículos que creyeron tendrían un impacto más negativo en el sector empresarial fueron rechazados, “una comprensión más completa de cómo operarán las nuevas disposiciones” dependerá de la implementación de la legislación.
La Convención está en la recta final de su trabajo, el cual concluye a principios de julio. El borrador está compuesto por 499 artículos, los cuales son revisados por la Comisión de Armonización para revisar la calidad técnica y la coherencia del texto. En paralelo, trabajan las comisiones de Preámbulo, que redacta una introducción de la Carta Magna; y de Normas Transitorias, que escribe los puntos que definirán el modo en que aplicará la Constitución en caso de aprobarse.
De momento, las encuestas apuntan a que el texto, tal como está planteado, sería rechazado en el plebiscito de salida. El Gobierno de Gabriel Boric, que apoya al proceso constituyente, se negó a una alternativa en caso de que la propuesta sea desechada por los chilenos en el referéndum.
La idea de una nueva Carta Magna, que sustituyera a la vigente desde 1990, surgió durante las protestas masivas desencadenadas el 18 de octubre de 2019, luego de la subida en las tarifas del Metro, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
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