Bogotá — Fedesarrollo lanzó este miércoles sus recomendaciones para luchar contra la corrupción. “Estas recomendaciones se basan en los resultados de la comisión de expertos anticorrupción liderada por Fedesarrollo en 2021, que en ese entonces también contó con el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral, Dejusticia y Transparencia por Colombia”, afirmó el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
El diagnóstico parte de reconocer que la corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo socioeconómico, la consolidación de un Estado eficaz y eficiente y el fortalecimiento de la democracia en Colombia.
Además, socava el crecimiento al distorsionar la asignación de recursos en la economía. En el ámbito político y social, erosiona la legitimidad de las instituciones públicas y privadas, disminuye la confianza en la democracia, y deteriora el tejido social.
“No sorprende entonces que la opinión pública considere que la corrupción es el principal problema del país, por encima de la inseguridad, la economía, el desempleo y el costo de vida”, dijo el director de Fedesarrollo.
Las manifestaciones más graves de la corrupción reflejan la capacidad de intereses particulares para capturar la política y el Estado.
Estos agentes corruptores, que pueden actuar como grupos de crimen organizado, se pueden agrupar en tres categorías: 1) las redes clientelares entre el sector público y privado, que abarcan los actores que permiten la operación del clientelismo político a gran escala; 2) los grandes intereses económicos, incluyendo los grupos económicos y los grandes terratenientes, cuyo poder les permite incidir en las decisiones de las autoridades públicas de forma indebida; y 3) los grupos ilícitos de crimen organizado, como paramilitares y guerrillas, y las organizaciones dedicadas al narcotráfico, contrabando, minería ilegal, y otras actividades ilícitas, que cuentan con una enorme capacidad para corromper a algunos actores políticos y servidores del Estado por medio del ejercicio de la violencia.
Además, la corrupción suele tener origen en el sistema electoral, en el que se genera una captura de la política electoral, llevando a abusos en la operación del Estado para generar rentas y beneficios privados.
Esto se facilita por la dependencia de los candidatos del financiamiento privado, la debilidad de las autoridades electorales y la ausencia de partidos políticos fuertes para garantizar que los candidatos elegidos defiendan sus intereses.
Los mecanismos principales para distribuir estos beneficios son la contratación pública, el empleo público, y la formulación e implementación de regulaciones y políticas públicas. Con base en este diagnóstico, entre las propuestas más importantes se encuentran:
- Modificar la nominación y elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y fortalecer su capacidad con presupuesto y planta autónomos y una mejora en sus capacidades de investigación.
- Aumentar la financiación pública directa e indirecta a las campañas del 30 al 70 por ciento de los gastos de campaña y fortalecer el control a los reportes de ingresos y gastos de las campañas políticas.
- Adelantar una reforma integral a los organismos de control para mejorar su eficacia y garantizar la autonomía e independencia frente a intereses políticos y económicos de la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), mediante un fortalecimiento de los mecanismos de elección, restricciones para ocupar cargos de elección popular, ajustes en los periodos institucionales para evitar coincidencia con periodo presidencial y de Congreso, y la declaración de conflictos de interés.
- Hacer seguimiento a los flujos de recursos ilícitos y el lavado de dinero asociado a la corrupción y combatir el uso del efectivo en las campañas políticas y la falta de transparencia de estos recursos.
- Combatir la corrupción en la contratación estatal al restringir el uso del régimen de contratación por los esquemas especiales, limitar contrataciones no competitivas y las adiciones a los contratos, así como fortalecer el gobierno corporativo de las entidades del gobierno nacional.
- Reformar el servicio civil y el empleo público y crear un régimen de vinculación en planta de los servidores en prestación de servicios sin un aumento del gasto público.
- Combatir la transaccionalidad de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso al aumentar la transparencia del proceso legislativo, regular los cupos indicativos y hacer del trámite legislativo un proceso digital y transparente.
- Fortalecer la capacidad de la sociedad civil de hacer control a la corrupción con esquemas de protección al denunciante y mayor acceso a información.
