Bloomberg — Un juez federal de Luisiana impidió este viernes que el gobierno de Biden eliminara el Título 42, una restricción fronteriza relacionada con la pandemia que permite la expulsión inmediata de solicitantes de asilo y otros inmigrantes.
La orden judicial preliminar, emitida por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Luisiana, supone un freno más permanente a los planes de la administración mientras se desarrolla la demanda liderada por una coalición multiestatal de fiscales generales republicanos.
El juez Robert R. Summerhays concedió una orden de restricción temporal el 27 de abril que impedía que el Departamento de Seguridad Nacional eliminara el Título 42 antes de su fecha prevista de finalización.
Las restricciones del Título 42 han estado en vigor desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, permitiendo a los funcionarios fronterizos expulsar inmediatamente a la mayoría de los solicitantes de asilo y otros inmigrantes en la frontera, sin darles la oportunidad de presentar un caso de protección en los Estados Unidos.
El plan de la administración Biden de poner fin al Título 42 a finales de mayo provocó una tormenta política. El DHS está preparado para recibir hasta 18.000 migrantes al día en la frontera tras el levantamiento del Título 42, más del doble del nivel actual.
Los legisladores republicanos argumentaron que el aumento llevaría a la frontera al caos, citando el ya elevado número de migrantes de este año. Algunos demócratas también se manifestaron en contra de la decisión y pidieron al gobierno de Biden que elaborara un plan más detallado para gestionar el aumento de las llegadas.
Arizona, Luisiana y Missouri demandaron que se mantuviera la restricción fronteriza, argumentando que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que invocaron el Título 42 en 2020, violaron la ley administrativa federal al no obtener comentarios públicos sobre su decisión de poner fin a la norma.
La reacción desbarató el intento del Senado de avanzar en un paquete de ayudas de Covid-19 el mes pasado y sigue enturbiando el destino de la legislación. Un grupo bipartidista de senadores quiere forzar la votación de una enmienda para mantener el Título 42 en vigor, lo que podría conseguir los votos suficientes para aprobar el Senado y complicar el destino del paquete en la Cámara.
Los demócratas progresistas quieren poner fin a la restricción fronteriza lo antes posible, argumentando que interfiere ilegalmente en el proceso de asilo y perjudica desproporcionadamente a los inmigrantes negros y marrones.
Virginia Occidental, Carolina del Sur, Florida, Misisipi, Wyoming, Georgia, Alabama, Alaska, Utah, Tennessee, Ohio, Idaho, Arkansas, Nebraska, Montana, Oklahoma, Kentucky y Kansas se unieron posteriormente a la coalición que impugna la orden de finalización.
Queda por ver si la orden judicial suavizará la presión de los republicanos y los demócratas moderados para que se tomen medidas legislativas.
Sin embargo, es probable que la aplicación de las restricciones del Título 42 sea diferente en los próximos meses, en virtud de una sentencia del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia que prohíbe al DHS expulsar a las familias a lugares donde puedan sufrir torturas.
El DHS tendrá que llevar a cabo un control adicional de los inmigrantes para cumplir con la sentencia de marzo, lo que probablemente se traducirá en un menor número de expulsiones, según los abogados defensores de los derechos de los inmigrantes.
La orden del Circuito de Washington entra en vigor el 23 de mayo, el mismo día en que el Título 42 debía terminar.
El caso es Luisiana contra los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, W.D. La., No. 6:22-cv-00885, 5/20/22.
