San Pedro Sula — El riesgo país de Honduras, según los registros del Emerging Markets Bonds Index o los Bonos de Mercado Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), mantiene una racha ascendente hasta los 7.38% que alcanzó el 18 de mayo.
Con el puntaje, Honduras está por encima del promedio de Latinoamérica de 4.53% de este indicador calculado por J.P. Morgan Chase, basado en el comportamiento de la deuda externa emitida por cada país.
“Hemos decidido que, en este momento, por el alto nivel de riesgo país no vamos a colocar bonos, porque eso tendría un costo enorme”, dijo Rodolfo Pastor de Maria y Campos, secretario de Estado de la Presidencia.
El funcionario explicó que para hacer frente a las necesidades de país, como educación, salud, seguridad alimentaria e infraestructura, han decidido utilizar US$1.000 millones de los US$8.400 millones de las reservas internacionales netas (RIN) del Banco Central de Honduras (BCH).
“Esos 1.000 millones que vamos a sacar de reserva internacional lo vamos a utilizar para inversión pública. Eso no va a financiar gasto corriente, ni el pago de planillas”, aseguró el secretario. “Este excedente se va a utilizar específicamente en inversión pública, que es lo que urge para comenzar a resolver las múltiples crisis de este país”.
Al 12 de mayo, el saldo de las RIN se ubicó en US$8.527,5 millones, menor en US$150.1 millones al observado al cierre de 2021; comportamiento atribuido principalmente por servicio de deuda en US$313.4 millones y otros egresos netos por US$92.8 millones; movimientos atenuados por desembolsos por US$226.0 millones (18.8% del total proyectado para 2022) y donaciones de US$12.7 millones, reportó el BCH.
Comportamiento del EMBI
De acuerdo con Pastor de Maria y Campos, la actual administración recibió un país “altamente endeudado y tiene una calificación de riesgo país que se ha elevado”.
El 26 de enero, un día antes de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, el EMBI de Honduras estaba en 3.67% y el 27 de enero, cerró en 4.31%, en reacción de los mercados al comentario de la mandataria cuando dijo en su discurso que el país necesitaba una “reestructuración integral” de su deuda “insostenible”.
Al respecto, funcionarios de la administración pasada, a través de un análisis económico elaborado a propósito de los 100 días del nuevo Gobierno, refirieron que el riesgo país de Honduras llegó a estar el 6 de enero en 2.90% —su nivel más bajo en lo que va del año—. “A partir del 28 de enero del 2022 el nivel de riesgo país ha venido peligrosamente aumentado”, agregaron.
Según los exmiembros del Gabinete Económico, este escenario está “volviendo más alto el costo del dinero (intereses) para los hogares y micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, afectando la inversión nacional y extranjera y por ende la creación de nuevos empleos”.
Convenio de crédito entre el BCH y el Gobierno
Diputados del Congreso Nacional aprobaron este jueves un convenio de crédito entre el BCH y el Gobierno de la República, por intermedio de la Secretaría de Finanzas, por un monto superior a los US$335.9 millones, unos 239.4 millones en derechos especiales de giro (DEG).
Los fondos provienen del aumento en la asignación de DEG a favor de Honduras por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), ratificados en marzo de 2022 mediante decreto ejecutivo PCM 01-2022 y los cuales serán destinados para apoyo al pago de la deuda externa e interna programadas para marzo de 2022, “contribuyendo a solucionar la crisis fiscal y financiera” declarada por el Gobierno en febrero pasado, señala el dictamen de la comisión de finanzas del Legislativo.
Según la exposición de motivos enviada por la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, al Congreso Nacional, la autorización del convenio de crédito era “pertinente”, debido a que el 31 de diciembre de 2021 la Caja Única de la Tesorería General de la República contaba con un disponible 892.2 millones de lempiras (HNL), unos US$36 millones.
Luego, la administración anterior realizó pagos por un monto de 6.976.8 millones de lempiras, US$284 millones, entre el 3 al 26 de enero de 2022 “alterando las normas técnicas del sistema de Tesorería y generando como consecuencia más agravios que aumentan la precaria situación fiscal y financiera del país”.
Debate sobre la aprobación del convenio
El subdirector de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas, Jacobo Herrera, explicó a los diputados que la autorización “no es un endeudamiento adicional. Este endeudamiento ya fue autorizado por el Congreso en dos ocasiones anteriores”.
Primero, con el decreto 8-2022 del 15 de febrero, cuando el Legislativo declaró la emergencia fiscal y financiera debido al poco recurso disponible en la Tesorería, “y que existía un vencimiento en marzo de más de US$500 millones, incluyendo el pago de un bono soberano”, recordó el funcionario.
En el artículo dos de la declaratoria de emergencia, el Congreso Nacional autorizó al Gobierno la contratación de hasta US$2.000 millones para hacer frente al servicio de la deuda y los recursos aprobados en el presupuesto general, en el marco de la ley de responsabilidad fiscal.
En una segunda ocasión, el Legislativo, mediante decreto 30-2022, aprobó la reformulación del presupuesto general de ingresos y egresos del actual período fiscal, mismo que contemplaba tal endeudamiento como fuente de financiamiento de los gastos.
“Cabe señalar que posterior a estos decretos se solicitó el préstamo al BCH, quien únicamente por emergencia, según el artículo 40 de su Ley, puede otorgar préstamos al Gobierno”, explicó Herrera, quien agregó que el endeudamiento se aprobó por voto unánime del directorio, como lo establece la Ley, y posteriormente fue sometido en Consejo de Ministros, que tras su autorización lo comunicó de forma inmediata al Congreso Nacional.
Durante la discusión, el diputado del ahora opositor Partido Nacional, Marco Midence, destacó “que es un monto importante el que estamos aprobando en este convenio y estos son dineros que, en términos generales, van a ser destinados a cubrir déficit y a cualquier prioridad que el Poder Ejecutivo defina”.
El diputado del departamento de Atlántida añadió que los casi US$336 millones aprobados representan alrededor del 1.4% del producto interno bruto (PIB) de Honduras. “Es bastante plata”, dijo Midence, quien también fue secretario de Finanzas en la administración pasada.