Bogotá — Marc Hofstetter y Leopoldo Fergusson, dos reputados economistas y académicos, hicieron una propuesta de cómo el próximo gobierno deberá afrontar los cambios en materia tributaria que requiere Colombia.
En una nota macroeconómica publicada en la Universidad de Los Andes explican que Colombia recauda poco y lo hace violando principios de tributación deseables.
Em ese sentido plantean los caminos que habría que recorrer para mejorar el estatuto: no solo sugiriendo ajustes en parámetros del estatuto sino también enfatizando los principios que deberían regir la discusión pública, incluyendo la legitimidad de la reforma y la relevancia de la gradualidad en la implementación de los cambios.
La propuesta abarca reformas de fondo en los impuestos a las empresas, las personas naturales, los impuestos verdes y saludables, entre otros.
Aclaran que los cambios propuestos, que tomarían cerca de diez años en entrar todos en vigor, permitirían un estatuto más progresivo, más eficiente y justo y recaudarían más de 3 % del PIB adicional.
Impuestos a las empresas
Hofstetter y Fergusson la reducción de los beneficios tributarios en los impuestos sobre las empresas debe priorizarse, por varias razones:
- Desnivelan la cancha desmotivando el emprendimiento en sectores perjudicados y protegiendo rentas de los favorecidos.
- Erosionan el recaudo.
- Crean un sistema tributario complejo, difícil de administrar, que favorece la evasión y elusión.
- La complejidad y el hecho de que estos ingresos ni siquiera entren al fisco dificultan su vigilancia y se convierten en formas opacas y muy persistentes de beneficiar a algunos a costa de los demás.
- Los faltantes en ingresos que generan esos beneficios terminan compensándose con mayores tarifas impositivas para el grueso de los sectores.
- Reducirlos coincide con la máxima de iniciar reformas con los más privilegiados pues se trata de sectores empresariales que reciben generosos descuentos que pagan los demás contribuyentes.
Aplicando el principio de gradualidad, proponen un marchitamiento de toda renta exenta, descuento, o tasa diferencial.
Con un horizonte de aplicación de 6 años, en el año de aprobación de la reforma, año 1, los contribuyentes continuarían conservando el 100 % del beneficio de las normas vigentes.
Para el año 2, este porcentaje caería al 80 %, en el año 3 al 60 % y así sucesivamente hasta quedar eliminado el beneficio del año 6 en adelante. Plantean que los nuevos beneficios que se creen deberán ser definidos con un procedimiento más estricto.
Los cálculos de Fedesarrollo (2021) sugieren que eliminar exenciones empresariales aumentaría el recaudo en cerca 0,3 % del PIB. Incorporar además el 20 % de los ingresos no constitutivos de renta para gravarlos a la tasa estatutaria genera un recaudo adicional del 0,25 % del PIB.
En consecuencia, dicen Hofstetter y Fergusson, teniendo presente que la opacidad de la información pública de la Dian puede conducir a subestimaciones del recaudo perdido y que el ejercicio contempla solo el 20 % de ingresos no constitutivos de renta, parece conservador suponer un ingreso adicional de 0,55 % del PIB (0,3+0,25) como resultado de la propuesta.
Paralelo a esta reducción de exenciones proponen la reducción gradual, en un mismo número de años, de la tarifa general de renta corporativa hasta un 30 %: 35%. Estimativos del Gobierno muestran que la reducción tarifaria tendría un costo de entre un 0,75 % y un 1 % del PIB.
Finalmente, para avanzar en la tributación sobre las plataformas digitales acogen la propuesta implementada en otros países de un impuesto sobre sus ingresos brutos del 3 % que no solo ayuda a corregir la inequidad horizontal dado que no les aplica el impuesto de renta, sino que podría recoger cerca de 0,1 % del PIB según cálculos de Fedesarrollo.
Impuestos a las personas
La medida fundamental consiste en reducir las deducciones y los ingresos no constitutivos de renta que amplían la diferencia entre la tasa estatutaria y la tasa efectiva.
Además, plantean que dado que las pensiones en Colombia no están sujetas al pago de impuestos a las rentas personales, eso debe reformarse: los ingresos por pensiones deben entrar en la declaración de renta como cualquier otro ingreso laboral de manera que la progresividad y los puntos a partir de los cuales se tributa, sean aplicados también a ese rubro.
Para evitar oposición política a la media, se sugiere que todas las pensiones terminen siendo parte de los ingresos personales sujetos a pago de impuestos de las personas naturales pero con una transición paulatina en la que en un periodo de diez años se van incorporando los ingresos sujetos al impuesto: en el primer año, el diez por ciento del valor de la pensión entra a la base tributaria susceptible de pagar ese impuesto, en el segundo el veinte y así sucesivamente hasta completar el total una década más tarde.
Si las pensiones entran a pagar renta de la misma manera que los ingresos laborales, el recaudo estimado por Fedesarrollo (2021) sería cercano a 0,5 % del PIB.
Otro de los temas que plantean Hofstetter y Fergusson es que los dividendos recibidos por las personas naturales también deberían entrar a tributar como cualquier otro ingreso. Hoy en día tributan al 10% pero después de determinado umbral.
Los estimativos sobre el recaudo que representaría incluir los dividendos en la renta de las personas según Fedesarrollo (2021) son cercanos a 0,11 % del PIB.
Uno de los temas más polémicos de la propuesta es aumentar la base gravable, incorporando a nuevos contribuyentes que hoy no deben declarar y pagar el impuesto de renta personal. Aseguran que es una reforma deseable por varios motivos:
- Fomenta la cultura tributaria.
- Porque aun cuando estos hogares necesariamente deberán pagar montos modestos o incluso tendrán saldos a favor del contribuyente, establecerán una relación con la Dian y quedarán bajo sus registros cuando sus ingresos aumenten y, en proporción, sus obligaciones tributarias.
- Pese a que no se trate de hogares que cuenten con holgados recursos económicos, sí son relativamente privilegiados en Colombia.
La meta en ampliación de la base que tributa debería llegar en el corto plazo al 20 % más rico. El Banco Mundial calcula que eso se puede alcanzar eliminando todas las deducciones a un solo máximo monto fijo de 900 UVT anuales (cerca de 35 millones de pesos). De esa manera, solo personas con ingresos de más de $3 millones al mes empezarían a tributar, y solo sobre el monto por encima de esa cifra.
Estos cambios, de acuerdo al Banco Mundial, reportarían un incremento en el recaudo de 1,2 % del PIB; tendrían, al quitar deducciones tan generosas en la renta personal, efectos positivos en la progresividad del impuesto y acortarían la distancia que hay entre impuestos de renta empresarial y personal.
Otro de los impuestos que puede generar un recaudo importante y aumenta la progresividad del sistema es el impuesto al patrimonio. La propuesta de Hofstetter y Fergusson es comenzar a cobrar por patrimonios por encima de $1.000 millones, sin derecho a descuentos adicionales.
La tarifa debe ser marginal, es decir, se tributa por el monto por encima de ese límite. La tasa que proponemos es progresiva y arranca en 0,5 %, sube de 1 % para patrimonios mayores a 3.000 millones y a 2 % para el tramo del patrimonio mayor a 5.000 millones. Con estos datos, basados en cálculos hechos por el Banco Mundial (2022), estimamos un recaudo cercano a 1 % del PIB.
IVA iría aparte
El potencial de recaudo de unificar por lo alto las tarifas de IVA dispersas que en la actualidad tiene Colombia es significativo y hace ver pequeños los esfuerzos en otras áreas.
A pesar de esto, la sugerencia de los académicos es que los cambios al IVA se hagan en una reforma posterior de los ajustes y sin mezclarlos con los demás tributos.
La evidencia reciente de los intentos de reforma muestra que los grupos interesados utilizan exitosamente la oposición popular al IVA, para frenar no solo esos cambios sino entorpecer otras reformas.
Lo que sí proponen en esa reforma inicial es eliminar los 3 días sin IVA. Los consideran complejos para el Gobierno, promueve el no pago de obligaciones y favorece a quienes más ingresos tienen para gastar en esas fechas.
Impuestos verdes
Lo primero que dicen es que el carbón, el combustible cuyo consumo tiene mayores consecuencias sobre el cambio climático, está de manera insólita por fuera de la lista de los que pagan impuesto al carbono. Tiene que ser incluido con la misma tarifa por tonelada de carbono equivalente. Incluir al carbón en la lista duplicaría los fondos recogidos por impuesto al carbono.
Además, creen que las tarifas cobradas en Colombia por emisiones de carbono son muy bajas comparadas con el contexto internacional. Una transición paulatina hacia tarifas significativamente más altas sería coherente con los compromisos colombianos alrededor del cambio climático.
También creen que no es lógico cobrar impuestos verdes y a la vez, como este año por temas políticos, subsidiar hasta con $30 billones los precios de la gasolina.
Para ello proponen registrar en la ley misma la fórmula que acordemos para determinar estos precios. Escrita en la ley la fórmula la discrecionalidad desaparece, su otra opción es mantener el esquema actual, pero con un límite a los ajustes de esa fórmula y que si el gobierno determina un precio de los combustibles por debajo de lo establecido por la regla, entra en acción un “impuesto complementario de carbono”.
La otra medida que plantean es retomar la discusión sobre gravar los productos plásticos de un solo uso.
Impuestos saludables
Cerca de 50 países ya cuentan con impuestos saludables que buscan encarecer el consumo de alimentos con altos contenidos de azúcar o sodio o que sean ultraprocesados.
Colombia debe abordar de nuevo ese debate, según Hofstetter y Fergusson, quienes proponen que, siguiendo la práctica de muchos países y la experiencia acumulada, el impuesto sea creciente en las cantidades de azúcar (sodio, etc.) pero que el pago no esté en manos del comercio sino de la industria productora.
Eso puede hacer más directos los incentivos a producir alternativas saludables; facilita los retos logísticos de hacer el cobro sobre la base de contenidos insalubres y no sobre precios del bien y tiene una ventaja en el debate público: los ciudadanos perciben que ese impuesto está a cargo del productor, no del consumidor y eso puede limar la oposición al cobro.
