Buenos Aires — La presidenta de AySA, Malena Galmarini, pidió durante la realización de la audiencia pública de este jueves que las tarifas del servicio de agua tengan un incremento del 32% en dos cuotas, aunque aclaró que el porcentaje de ajuste “no alcanza”, por lo que solicitará la puesta en marcha de una segmentación, según los datos geográficos de residencia y socioeconómicos de los usuarios.
“El incremento en los ingresos contribuye sólo parcialmente a la cobertura de costos operativos”, sostuvo el documento presentado por la empresa en el que argumentó por qué debe haber una suba en las tarifas.
El ajuste de las tarifas forma parte de la estrategia del Gobierno del Alberto Fernández de cumplir con la meta fiscal que consensuó con el Fondo Monetario Internacional.
Según remarcó Galmarini, “la factura media mensual es de $485,15 y eso hace un total de 24.061 litros y medio de agua”. Aseguró que “comprar 18 litros de agua envasada mineralizada equivale a 24.000 litros de agua suministrada por red con calidad internacional de Aysa”.
“Es un aumento simbólico. Sobre todo, teniendo en cuenta los nuevos aumentos tarifarios en la energía de la semana pasada”, sostuvo la funcionaria, quien criticó: “Parece que el valor de la energía es mucho más que el del agua”.
“El 32% no alcanza. Durante los últimos tres años no nos habíamos encontrado porque no habíamos tenido la posibilidad de hacer la audiencia pública, a pesar de las solicitudes. Si había algo que necesitaban nuestros ciudadanas y ciudadanos era lavarse las manos. Creemos que con este incremento sólo estamos reduciendo la velocidad a la que se amplía la brecha entre lo que necesitamos para cubrir al menos la operación de la empresa y los recursos que por facturación ingresan”.
Las subas que propuso AySA
Durante la audiencia pública de este jueves la empresa aseguró que “en la medida que la tarifa AySA no se incrementa al ritmo de la inflación, se reduce la cobertura de gastos operativos a través de los ingresos propios por facturación de los servicios prestados y se incrementa, en consecuencia, la necesidad de subsidios del Tesoro Nacional a través de transferencias corrientes”.
La propuesta es una suba de 20% a partir de julio y de un 10% a partir de octubre. “Esto implica un aumento tarifario del 32% acumulado en el 2022, generando un incremento de sólo un 8.98% en los ingresos proyectados para el año en curso”, explicó.
Galmarini insistió en que no es suficiente esa suba, por lo que AySA solicitará más adelante “la segmentación propuesta por las autoridades del área de energía, según los datos geográficos de residencia y socioeconómicos de los usuarios” y aclaró que, “en su defecto, AySA confeccionará su propia segmentación para su aprobación”.
“El incremento en los ingresos contribuye sólo parcialmente a la cobertura de costos operativos”, reiteró y argumentó que el aumento “se encuentra muy por debajo de la inflación acumulada desde el último incremento tarifario e incluso por debajo de la inflación proyectada 2022″.
“Esta revisión tarifaria propuesta sólo reduce la velocidad a la que se amplía la brecha”, señaló Aysa.
La estructura de costos
La empresa manifestó que el 70% del costo operativo se compone principalmente por energía, insumos químicos, equipamientos y operarios, técnicos y profesionales y el 30% restante corresponde a servicios tercerizados e impuestos.
Pidió tener en cuenta que “el costo de energía se duplicará este año a causa del aumento de la tarifa eléctrica y la variación del tipo de cambio” y, en cuanto insumos químicos, subrayó que “se encuentran dolarizados, por lo que su incremento acompañó el aumento de tipo de cambio (278% durante los últimos 3 años)”.
La respuesta de los consumidores
María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, evaluó que el servicio es “un bien esencial y un derecho humano que se presta en igualdad de condiciones”.
Si bien aseguró tener en cuenta que la última actualización fue en 2019, sostuvo: “Solicitamos aclaraciones en algunos puntos. Consideramos que la propuesta tiene algún grado de razonabilidad, pero quisiéramos que después de todo se revisen los números y se vuelva a pasar un peine más fino con algunas consideraciones”.
“Sería deseable que el primer aumento fuera el menor y el segundo, mayor o que pudieran dividir los aumentos de manera equitativamente proporcional”, recomendó.
Por su parte, el secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Gastón Arias, fue más duro en su postura y rechazó la suba, al apuntar al “aumento generalizado de tarifas que va a haber en todos los servicios públicos”.
“Estamos oponiéndonos a este incremento tarifario generalizado, dado que consideramos todo el esfuerzo que viene realizando el Estado nacional, acompañando a las pymes, empresas, trabajadores, a quienes tienen dificultades, monotributistas, sectores sociales más delicados”, resaltó.
De ese modo, analizó que “la pandemia no terminó”. “Consideramos que este año se deben mantener los valores de la tarifas congeladas. No es un buen momento. Además, no resultaría significativo en los ingresos a la empresa por este año. Debería seguir congelada la tarifa”, opinó y sugirió aplicar la suba el año próximo para “discutir de otra manera”.
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