Bogotá — A pesar de que algunos países en Latinoamérica como Brasil adoptaron el voto electrónico en la década de los 90, en Colombia los intentos para que esta modalidad sea implementada no han logrado prosperar en medio de los cuestionamientos al sistema actual.
La falta de voluntad política sumada a los costos asociados al despliegue de esta infraestructura en el país y los retos que supone la capacitación del personal para el uso de estas herramientas mantiene a Colombia aislada de la posibilidad de adoptar la votación electrónica pese a los múltiples intentos para que sea una realidad.
En una entrevista con Bloomberg Línea Juan Federico Pino, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), dijo que entre las principales razones para que no se adopte este modelo están las económicas y logísticas, así como la experiencia de otros países y la desconfianza que generan aún estos mecanismos.
“Se requiere una nueva formación del elector y no solamente un cambio de las máquinas”, dijo el especialista, quien explicó que si bien en la primera década del siglo 21 hubo una gran discusión sobre la conveniencia del voto electrónico, “ya han aparecido cierto tipo de efectos que hacen que esa transición no sea tan diáfana y se han subrayado los peligros”.
De acuerdo a cifras del Centro de Investigaciones Pew, los sistemas de votación electrónica se utilizan únicamente en el 10% de los territorios en los cuales hay datos disponibles, entre ellos EE.UU. o países más pequeños como Singapur.
De hecho, de los 227 mercados de los que el portal sobre elecciones ACE Electoral Knowledge Network tiene información disponible, 209 seguían utilizando al 2020 un modelo basado en marcar papeletas manualmente, según Pew.
“El marco legal y normativo para implementarlo ya existe, en distintas ocasiones y bajo distintos Congresos han existido diversas normativas para implementarlo en Colombia. La primera y tal vez la más trascendente fue la del acto legislativo de 2003 mediante el artículo 258, que abrió una posibilidad de implementar la votación electrónica y no solamente la de papel y lápiz que Colombia ha manejado a lo largo de su historia”, explica Pino.
Contó que en Colombia se han realizado distintos acercamientos para la adopción de este modelo y en 2004 con la Ley 892 el país buscó materializar esta iniciativa, al definir los mecanismos electrónicos de votación e inscripción.
Esta ley, que apuntaba a que el nuevo modelo se adoptaría antes del 2009, indicaba que las urnas serían reemplazadas por registros en base de datos y que el mecanismo electrónico de votación aseguraría el secreto e inviolabilidad del voto; no obstante, esto no llegó a materializarse.
Ante la dificultades para su implementación, con la Ley estatutaria 1475 de 2011 se ampliaron los plazos y se concibió la adopción gradual, con plazo máximo hasta las elecciones al Congreso del 2014.
De hecho, se conformó una Comisión asesora, conformada por el registrador nacional, el ministro del Interior y el de Hacienda o sus delegados, con la que se buscaba avanzar en el diseño e incorporación de las tecnologías para ese proceso.
Desafíos políticos
Desde entonces el proceso se ha encontrado con diferentes trabas a pesar de que “existen mandatos tanto constitucionales como legales para tales efectos” y “la realidad demuestra que no se ha podido ir más allá de las pruebas que se han implementado”, según concluye una investigación de la doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, Floralba Padrón-Pardo.
En este sentido, indica que esta situación “es el reflejo de una tendencia que ha marcado la capacidad de reforma estructural del sistema electoral del país”. Y si bien su adopción “no solucionará por sí misma los problemas de desconfianza, transparencia y abstencionismo presentes en el país”, sí “puede contribuir a mejorar la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral”.
Entrevistada por Bloomberg Línea, la profesora de la Escuela Superior de Administración Pública Angélica Bernal se refirió a retos asociados como que “no hay un alcance en todo el territorio para el ejercicio del voto”.
“No hay puestos de votación en todo el territorio y algunos ni siquiera tienen fluido eléctrico”, comentó.
Asimismo, “las prácticas clientelares de compra y venta de votos hace que no convenga a quienes toman decisiones un mecanismo que haría más difícil controlar la decisión final del votante”.
Los retos tecnológicos
Consultado sobre el tema por Bloomberg Línea, el presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, manifestó que el sistema de voto electrónico en Colombia no ha podido implementarse adecuadamente ante los desafíos para satisfacer de manera adecuada aspectos como la autonomía, el secreto o la libertad del sufragante.
“Y técnicamente hasta hace algunos años esto no era posible o no por lo menos bajo las condiciones técnicas que se exponían en su momento”, indicó.
Otro tema importante, añadió Erick Rincón, es la necesidad de garantizar las condiciones de conectividad y estas no son del todo idóneas en Colombia, que cerró con 46 millones de conexiones en 2021.
“Estamos hablando de que si bien hay un porcentaje muy importante de la población que se encuentra ya conectada a internet, la tecnología vinculada al voto electrónico requiere de una mayor calidad en la banda ancha”, añadió.
Precisamente el tema de los costos es un aspecto que abordan en un informe los especialistas de la Universidad de La Sabana Ricardo Sotaquirá y Johana Fandiño, quienes calculan que el despliegue de estas máquinas en los distintos puntos de votación podría costarle más de $1,5 billones al país.
“Las elecciones en papel siguen siendo más baratas, en total, están entre $350.000 millones y $450.000 millones cada una. Los costos de las futuras elecciones -después de la compra de los equipos- estarían, en promedio, un 19% por encima de los costos actuales -sin urna electrónica-”, indicaron.
