Buenos Aires — La Cámara Argentina de Internet (Cabase) informó los últimos datos de penetración de la fibra óptica en la región, y alertó sobre el aumento de la brecha entre Argentina y otros países sudamericanos. Además, en un2 encuentro realizado para celebrar el Día Internacional del Internet, representantes del sector privado cuestionaron los efectos del DNU 690 que en 2020 decretó el internet como servicio público.
Al cierre del 2021, se contabilizaron en todo el país cerca de 1.750.000 conexiones por fibra óptica, apenas un 17% del total de conexiones fijas de banda ancha, reveló el estudio CABASE Internet Index.
“Si bien estos datos muestran por sí mismos un ritmo de despliegue de las redes de fibra óptica que resulta insuficiente, el espejo más crudo surge al compararnos con los países de la región”, sostiene el informe.
En ese sentido, se destaca que entre los países de la región “Argentina muestra el menor porcentaje de accesos con fibra óptica (FO) con apenas 17 accesos cada 100 conexiones”. Es superada por Uruguay, donde la participación de las conexiones por FO alcanza al 80,89% del total de accesos, también por Brasil, con el 62,69% de las conexiones provistas por FO y por Chile, con el 56,67%.
Críticas al decreto
En agosto del 2020, en uno de los momentos más críticos de la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Alberto Fernández avanzó con el DNU 690 que estableció como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC.
“Los resultados del impacto del DNU 690 en la conectividad de Argentina están a la vista en los indicadores oficiales del ENACOM. Estos datos tienen que interpelarnos, al estado y a la sociedad en su conjunto, para encontrar los mecanismos que nos permitan construir consensos y encontrar una salida superadora de una situación sin salida que nos aleja del objetivo común que tenemos todos los actores de la industria”, criticó Ariel Graizer, presidente de Cabase.
Y aseguró que el DNU 690 “ha puesto a todos los actores de esta industria en una situación de incertidumbre, indefiniciones y judicialización que a nadie le sirve, ampliando las asimetrías y generando un contexto nocivo que ya lleva dos años”.
Respuesta
Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, contestó: “En el momento más crudo de la emergencia sanitaria trabajamos muy bien el sector público y el privado. El DNU 690 tuvo su origen en ese momento, pensando en que no podemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda porque la conectividad es condición necesaria para el ejercicio de la ciudadanía”.
Matías Tombolini, presidente de ARSAT, señaló que “los que tenemos responsabilidades de gestión para llevar la conectividad a los que no la tienen no podemos estar desconectados de la opinión del sector privado sobre nuestra gestión”.
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