Bolivia — Hace un mes, la aduana boliviana convocaba a la prensa para presenciar la destrucción de 54 toneladas de bebidas alcohólicas incautadas a contrabandistas que ingresan productos de manera ilegal desde Argentina. Esto sucedió en Tarija, ciudad ubicada en la zona sur del país y vecina con Argentina.
Vinos, licores, cervezas, vodkas y todo tipo de bebidas se vertían en turriles azules para ser desechados. Marcas de cerveza como Quilmes, Schneider y Stella Artois eran parte de la mercancía. Otras marcas como vino Toro también se veían. El costo que tenía esta mercadería según la funcionaria de Aduana era de 450 mil bolivianos (unos 64.655 dólares). “La aduana con la intención de ayudar al país a reactivar la economía está dando una lucha fuerte contra el contrabando con más patrullaje y una línea de denuncias”, explicaba Lourdes Aldana en un video publicado por la misma institución gubernamental.
Para Rocío, una ciudadana que se dedica a vender vinos argentinos y productos alimenticios llegados desde Argentina sin ningún tipo de permiso, esto es “solo un show de los aduaneros y solo una pequeña parte de lo que en realidad pasa por las fronteras”. Rocío prefiere no dar su nombre completo por miedo a represalias, sabe que su actividad es ilegal, pero quiere contar su historia.
“Yo trabajé en una empresa grande durante 10 años, pero me botaron del trabajo hace dos años y quedé a mi suerte. Tengo dos hijos para mantener y estaba desesperada. Hace un año una prima que vive en Tucumán me dijo que debería llevar productos de alimentos y del hogar, algo que muchos hacen porque en Argentina son más baratos”, cuenta Rocío.
Luego de visitar a su prima Rocío encontró contactos y volvió a Bolivia por la frontera de Pocitos con su primer cargamento de alimentos. “Traje dulce de leche, mermeladas, chocolates, de todo. Me fue bien con eso, entre mis vecinos vendía. Hice mi catálogo y lo envié en PDF por WhatsApp a varios grupos y la gente me compra porque hacer supermercado es mucho más caro. Para año nuevo me animé a traer tragos y ahora me va muy bien con los vinos, solo vendo la caja al por mayor”, cuenta.
Un vino que normalmente cuesta unos 100 dólares en el mercado legal, Rocío lo vende por 30 dólares. Sus principales compradores “son de clase alta, gente fina y conocida que sabe de buenos vinos”, asegura.
Rocío no es la única. Bloomberg Línea comprobó que al menos en cinco grupos vecinales de distintas zonas de la ciudad circulan este tipo de “catálogos” de vinos y de alimentos traídos desde Argentina. Comparativamente los precios están entre un 15 a un 50 % menor que en mercado boliviano. Otro vendedor que contactamos ofrecía una caja de seis botellas de vino argentino Rutini Malbec por 800 bolivianos, es decir unos 19 dólares por botella. Comparamos precios en Tienda Ya, un retail de bebidas, y el costo de este vino está en los 34 dólares.
Según datos de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), “a nivel global estudios cuantifican el contrabando entorno los US$ 2.300 millones, cifra que representa aproximadamente 8% del PIB. Varios estudios cuantifican el contrabando entre un 5% y 10% del PIB”.
Para estos “emprendedores”, los productos de contrabando ha sido una salida a la falta de empleo formal y la comunicación digital por redes sociales como MarketPlace de Facebook o grupos de WhatsApp son su plataforma de negocios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de desempleo al primer trimestre de 2022 cerró a 5,9%, por debajo del 8,7% del mismo periodo en 2021. Sin embargo, para Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) el contrabando tiene que ver con la falta de empleo de calidad. “Este es un grave problema que hace vulnerables a las personas y a las poblaciones fronterizas que son cooptadas por el contrabando y ven a este delito como una alternativa desesperada porque han perdido sus fuentes de ingreso en el sector formal”, explica.
En septiembre de 2021, la aduana nacional denunció el saqueo y quema de un puesto de control a 10 minutos de Villazón, una ciudad fronteriza con Argentina. Según los funcionarios de gobierno los responsables fueron un clan de contrabandistas que opera en la zona y que es conocido como la familia Tolay. Los contrabandistas robaron lo que encontraron en las oficinas supuestamente como represalia de mercadería que les fue decomisada y luego incendiaron parte de las oficinas y un vehículo de propiedad de la Aduana Nacional. Y no es el único caso.
Rodríguez asegura que “hay poblaciones enteras cooptadas por el contrabando y no es secreto que esto tiene que ver muchas veces con el blanqueo de dinero por lo tanto el precio de venta no interesa si no que esos recursos ingresen a la economía”.
“Los argentinos están fregados por eso son felices cuando les llevamos dólares, pero no crean que es un negocio fácil, allá es con contactos y con cuidado porque el que hace contrabando controla todo en la frontera y son gente pesada que no solo negocia vinos y alimentos sino también narcotráfico”, cuenta un vendedor desde el anonimato.
Para el gerente del IBCE, este mal es atávico. “Sin embargo, en los últimos 10 años se ve exacerbado producto de la debilidad del dólar en nuestro país y una moneda boliviana que tiene cambio fijo desde el 2011 cuando se congeló el cambio actualmente vigente. Con la inflación interna, se hace más fácil cada vez importar, legal o ilegalmente, que producir. Eso sumado a las devaluaciones y depreciaciones alrededor nuestro”.
Rodríguez, que viene estudiando el tema por años, considera que la ganancia competitiva se la están llevando los socios comerciales de Bolivia lo cual se ha reflejado en saldos deficitarios en la balanza comercial entre el año 2015 y 2020. Recién en 2021 Bolivia logró un excedente en el intercambio comercial con el mundo. Y explica que en el caso del contrabando con Argentina “los productos como vinos, llegan a tener un tercio del costo de lo que cuesta producir el producto en Bolivia y así es imposible competir. Por eso hay una invasión literal de bebidas, alimentos, conservas, incluso productos básicos como granos, embutidos, panadería y demás. Esto afecta a los productores, comerciantes y todo quien está legalmente establecido”.
