Ciudad de México — La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado el día de hoy a las autoridades mexicanas para redoblar los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición que ya superan las 100.000, según datos oficiales.
“El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones”, dijo Bachelet en un comunicado. “Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPDNO) ha estado recopilando desapariciones que datan de 1964. Según dicho registro, alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, mientras que aproximadamente una quinta parte tenían menos de 18 años al momento de su desaparición.
Más del 97% de las desapariciones, cuya fecha se conoce, ocurrieron posterior a diciembre de 2006, cuando México transitó a un modelo militarizado de seguridad pública. Solo 35 de las desapariciones registradas han alcanzado la condena de los perpetradores.
Esta “abrumadora tasa de impunidad” se atribuye principalmente a la falta de investigaciones efectivas, indicó la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo anterior deja solas a las familias de las víctimas, quienes ya están profundamente afectadas por la desaparición de sus seres queridos, con la carga adicional de intentar esclarecer qué les sucedió.
“Durante mi visita a México en 2019, pude conocer de primera mano la valentía de las familias de las víctimas, quienes han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Bachelet rindió homenaje a las y los integrantes de familias que han perseverado durante décadas en la búsqueda de la verdad y la justicia, incluida Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue víctima de desaparición forzada en 1975. Doña Rosario, quien murió en abril, ayudó a localizar con vida aproximadamente a 150 personas desaparecidas y devolverlas a sus familias.
México ha dado pasos significativos, incluida la aprobación de la Ley General de desapariciones y la creación de comisiones de búsqueda en todos los estados.
También ha creado comisiones para examinar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y ha establecido el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
En 2020, México reconoció la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para examinar comunicaciones individuales.
En junio de 2021, en una decisión histórica, la Suprema Corte reconoció el carácter vinculante de las Acciones Urgentes del CED. En noviembre de 2021, México se convirtió en el primer país en aceptar la visita del CED, que estuvo en 13 entidades federativas y atendió más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
Bachelet mencionó que espera que estos pasos positivos allanen el camino para prevenir más desapariciones, esclarecer el paradero de las personas desaparecidas, mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de las víctimas.
La Alta Comisionada hizo un llamado a las autoridades para que coloquen a las familias de las personas desaparecidas en el centro de sus esfuerzos y pongan a disposición los recursos necesarios para que las investigaciones y las búsquedas sean efectivas.
Bachelet también instó a México a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzada, al igual que todos los aspectos de la Ley General de desapariciones, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
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