Bogotá — El ente de control colombiano dijo este lunes que se abrió una investigación fiscal contra Ecopetrol por un presunto daño patrimonial por más de US$615 millones (unos $2,4 billones) que se habría dado como resultado de un negocio en Perú.
Puntualmente, dice la Contraloría, la investigación se abrió porque la petrolera compró a finales de 2008 el 50% de la propiedad accionaria de la sociedad Offshorte International Group (OIG) y vendió la misma en enero de 2021 por menos del 5% de lo que pagó en el momento de la compra.
De acuerdo con el ente de control, “este fue un negocio mal planificado, que Ecopetrol adelantó dejando de lado las advertencias de consultores externos sobre los riesgos que podía afrontar y, aún más la empresa que compró nunca le generó utilidades”.
El caso motivo de investigación
En 2008, con el objetivo de producir 1 millón de barriles en 2015, Ecopetrol se enfocó en distintas estrategias entre las cuales se encontraba la “adquisición de campos y/o empresas a nivel nacional e internacional que aportaran recursos exploratorios, recursos contingentes y reservas”.
En su momento Perú fue atractivo para la empresa puesto que desde 2007 había ingresado a ese país y quería consolidarse allí aportando barriles a la producción de todo el grupo empresarial.
El 29 de diciembre de 2008, Ecopetrol, junto con Korea National Oil Corporation (KNOC) suscribieron un contrato de compraventa de acciones con Offshore Exploration and Production LLC (OEP), mediante el cual Ecopetrol y KNOC adquirieron en partes iguales el total de las acciones representativas del capital social de Offshore International Group Inc. (OIG) cuyo principal activo era la compañía Petro-Tech Perú.
El precio de compra en efectivo ascendió a US$992,1 millones, de los cuales Ecopetrol pagó en febrero de 2009 US$496 millones. Sin embargo, en una cláusula del contrato se establecía que, si se cumplían determinadas condiciones, al segundo aniversario de la fecha de cierre, KNOC y Ecopetrol estarían obligados a pagar una suma adicional denominada “Earn Out Amount” o el Importe del Beneficio Futuro.
El 22 de febrero de 2011, Ecopetrol y KNOC realizaron cada uno pagos adicionales por la suma de US$145,8 millones por este concepto. Por lo anterior, Ecopetrol realizó pagos de acuerdo a lo pactado contractualmente con Offshore Exploration and Production LLC (OEP), correspondientes al 50% de participación de Offshore International Group Inc. (OIG) por un valor de US$641,9 millones.
El 19 de enero de 2021, Ecopetrol informó que, mediante la suscripción del contrato de compra venta de acciones, entre Ecopetrol y KNOC actuando como vendedores y Z Mining Investments LLC., una de las compañías filiales de DeJong Capital LLC., en su calidad de comprador, se perfeccionó la enajenación de la totalidad de la participación de ECP y KNOC en el capital de la sociedad Offshore International Group Inc. (OIG), en la cual Ecopetrol tenía una participación equivalente al 50% del capital social.
En el documento Ecopetrol manifestaba que no se revelaba el monto de la transacción por “un acuerdo de confidencialidad” aspecto que llamó la atención de la Contraloría, la cual se dio a la tarea de indagar por dicho proceso.
Así las cosas, para la Contraloría no es razonable cómo una empresa por la que Ecopetrol había pagado más de US$640 millones para adquirirla fue vendida por menos del 5% de lo que pagó al momento de la compra.
Con base en lo anterior Ecopetrol manifestó que en el contrato de compraventa de acciones se acordó un valor total de la transacción compuesto por:
- Un pago de precio de compra inicial al cierre de la transacción de US$2 millones.
- Un ajuste del precio de compra inicial de hasta US$3 millones.
- Pagos sujetos a la materialización de eventos de hasta US$170 millones.
- Pagos asociados al crédito de accionistas con Savia de US$56,5 Millones.
Para la Contraloría “en el mejor de los casos se podría llegar a US$231,5 millones de los cuales US$115,75 millones le corresponderían a Ecopetrol, con el agravante que de los US$231,5 millones, US$170 estarían sujetos a “la materialización de eventos futuros”, entre ellos un proceso contra la SUNAT (la administración de tributos del gobierno peruano) por US$153 millones”.
Lo realmente recibido entonces, como elemento cierto sería el 50% de lo correspondiente a los ítems 1, 2 y 4, es decir US$30,75 millones (menos del 5% de lo pagado para adquirirla), resaltó el ente de control.
“Las condiciones que en su momento eran planteadas como favorables para invertir en el Perú no coinciden con lo reportado por los asesores externos contratados para realizar la debida diligencia previo a la compra de OIG”,
Contraloría.
