Convención quiere que el Banco Central de Chile mire más allá del IPC

Los constituyentes aprobaron una norma que apunta a que la autoridad monetaria considere empleo y medioambiente en decisiones

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Bloomberg — La Convención Constitucional de Chile aprobó un artículo que indica que el Banco Central deberá considerar factores adicionales, incluidos el empleo y el cambio climático, al decidir su política monetaria, lo que dificulta el mandato de la autoridad monetaria.

Los banqueros centrales deberán considerar esos elementos y también la orientación general de las políticas económicas del Gobierno en el cumplimiento de sus objetivos, según un artículo que fue aprobado el viernes.

La Convención votó a favor de mantener el objetivo actual del Banco Central de garantizar la estabilidad de precios. Continuará salvaguardando el sistema financiero y asegurando el normal funcionamiento de los pagos nacionales e internacionales.

Andrés Pérez, economista jefe para Chile y Colombia de Banco Itaú, señaló que, si bien mantener la estabilidad financiera y de precios como objetivos del Banco Central es definitivamente positivo, las consideraciones adicionales a su mandato, como la volatilidad del tipo de cambio y la protección del medio ambiente, pueden complicar su proceso de toma de decisiones.

La semana pasada, la Convención también aprobó una propuesta que declara al banco como una entidad autónoma de carácter técnico.

La Convención Constitucional de Chile se encuentra en los últimos días de votaciones en el pleno, que abarcan temas cruciales como el medio ambiente, los recursos naturales y el banco central. Habiendo alcanzado la mayoría requerida de dos tercios, las propuestas sobre la autoridad monetaria se incluyeron en el borrador de la nueva Carta Magna, que será revisada por una comisión especial y luego sometida a referéndum el 4 de septiembre.

Otros artículos aprobados

  • El pleno aprobó artículos que establecen que el banco central tiene prohibido comprar instrumentos financieros emitidos por el Gobierno, sus agencias o empresas controladas por el Estado, excepto en caso de emergencia y únicamente en el mercado secundario.
  • Otro artículo aprobado establece que los consejeros pueden ser removidos de su cargo por la Corte Suprema, previa solicitud de la mayoría de la legislatura o del Consejo del banco, o del presidente. Pérez de Itaú considera que el proceso para destituir a los miembros del Consejo parece desviarse de las mejores prácticas internacionales.
  • El pleno también aprobó un artículo que establece que el mandato del presidente del banco central tendrá una duración de cinco años. El jefe de Estado de la nación también tendrá derecho a nominar al presidente de la autoridad monetaria.
  • La paridad de género y la representatividad territorial se tendrán en cuenta en la designación de los miembros del Consejo.