Justo & Bueno tendría última chance de salvarse mientras aumentan dudas sobre JFC

Fuentes consultadas por Bloomberg Línea, y que prefieren no referirse al tema públicamente, tienen varios cuestionamientos sobre las presuntas inversiones de JFC

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Bogotá — A pesar de haberse ordenado la liquidación judicial de la sociedad ante el inminente impago de sus obligaciones, Justo & Bueno tendría un último camino para salvar a la empresa de la quiebra con una medida transitoria que se adoptó en medio del estado de emergencia por el coronavirus en Colombia.

Esto en medio de las dudas que sigue generando Joining Futures Capital International Limited (JFC) entre los acreedores, dado que en ninguna de las audiencias estuvo presente y nunca aportó ninguna información sobre un plan de inversión o de un mecanismo para superar la situación de crisis actual.

JFC ha sido cuestionado por parte de acreedores de Justo & Bueno que indican que, a pesar de que este se promociona como un colocador de fondos de capitales con sede en Hong Kong, los dos titulares de esta sociedad son John Jairo Flores Ospina y María Fernanda Mazo.

Indican además que esta empresa fue presuntamente constituida con un patrimonio de $28,5 millones de dólares de Hong Kong, equivalente a unos US$3 millones en 2021 y no en los años 90 como se presentan en su página web.

A pesar de esto, JFC se había comprometido a realizar un plan de inversión por US$628 millones en Justo & Bueno para adelantar un agresivo para de expansión en Latinoamérica, como dijo a Bloomberg Línea en un cuestionario escrito Jhony Zhang, director y vicepresidente de la junta directiva de la firma.

JFC dice en su página web que es “uno de los mayores productores y comercializadores de cobre del mundo”, así como que tiene participaciones en otros sectores como la exportación de carne, pollo, soya o azúcar en el mercado brasileño.

Pero algunas fuentes consultadas por Bloomberg Línea, y que prefieren no referirse al tema públicamente, tienen cuestionamientos sobre estas presuntas inversiones al señalar las pocas referencias de JFC y su pobre presencia digital.

Un perfil de Linkedin que presuntamente sería el de la compañía tiene apenas tres personas que han indicado que esta es su empresa y entre sus especialidades se incluyen las giras y conciertos, venta de arte, producción de cine y renta de capital.

Además, la descripción sobre sus negocios en metales y minerales conserva notables similitudes con la que publica en su portal oficial la multinacional minera Glencore, con sede en Suiza.

Mientras que las demás entradas referentes a los negocios de carne, específicamente la de cerdo, tiene párrafos exactos de otras informaciones disponibles en internet.

A una consulta inmediata sobre estos puntos, Bloomberg Línea aún no había obtenido respuesta de la oficina de prensa a través de la cual entrevistó a Jhony Zhang.

¿Cuál es la última carta que se juega Justo & Bueno?

La última carta que se juega la cadena de descuento duro está en el artículo 6 de la Ley 560 de 2020, al cual puede aplicar luego de que el juez resolviera favorablemente esa solicitud en la audiencia de ayer.

Dicho artículo hace referencia al salvamento de empresas en estado de liquidación inminente y abre la opción para que Justo & Bueno sea rescatada.

Cualquier acreedor podrá evitar la liquidación judicial de un deudor afectado por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, manifestando su interés en aportar nuevo capital, en los términos que se indican a continuación, siempre y cuando se evidencie con la información que reposa en el expediente que el patrimonio de la concursada es negativo”, indica.

Asimismo, indica que dicha oferta debe cubrir como mínimo el “valor a pagar por la totalidad de los créditos de la primera clase, las indemnizaciones laborales por terminación anticipada sin justa causa, la normalización de los pasivos pensionales, los gastos de administración de la reorganización, los créditos a favor de los acreedores garantizados y los demás créditos con vocación de pago, de conformidad con el inventario de activos”.

De no confirmarse la operación, no solo será inminente la liquidación judicial, sino que además el juez del concurso impondrá una sanción equivalente 50% del valor ofertado.

Justo & Bueno, que no recibió hasta ahora la prometida inversión de Joining Futures Capital International Limited (JFC), celebró en un comunicado que se haya dejado como único mecanismo de reorganización el contemplado en el artículo 6 de la Ley 560 de 2020.

“Este deja abierta la posibilidad de que en los próximos 30 días se presenten nuevas ofertas para salvar la empresa, hecho sin precedentes dentro de este tipo de procesos en Colombia. De esta manera se da una nueva oportunidad al rescate de la empresa, así como al salvamento de empleos, micro, pequeñas y medianas empresas que hacen parte de la cadena”, destacó.

El fundador de la compañía, Michel Olmi, dijo que “la decisión del juez es una luz de esperanza para que Justo & Bueno continúe aportando a tantas familias y al país”.

“Nos duele que JF Capital International no haya logrado cumplir con el plazo del 10 de mayo para la inyección de capital dirigida al pago de deudas y fortalecimiento de la operación. Este acuerdo se cerró a finales de marzo y siempre confiamos plenamente en la buena fe del comprador y en que lograría cumplir los compromisos”, dijo.

De acuerdo al empresario chileno, el colocador de fondos con sede en Hong Kong supuestamente hizo “muchos esfuerzos hasta el último momento para nacionalizar los recursos y no lograron concretar”.

“Rechazamos tajantemente las referencias despectivas y discriminatorias a la cultura china. Esta es una empresa colocadora de capitales con inversiones de alto impacto alrededor del mundo, y fue la única que creyó en Colombia, en Justo & Bueno y de manera ágil concretó una oferta en firme para salvar la compañía”, agregó.

La Superintendencia de Sociedades recibió distintos memoriales de queja contra Justo & Bueno por parte de 474 arrendatarios, 18 proveedores, 112 trabajadores, 25 empresas de servicios públicos, además de 35 acciones de tutela que pretenden la protección de estos derechos.

Con esto “evidenció que el proceso de reorganización no está cumpliendo su fin y que no se está ejecutando la operación de la compañía”.