Montevideo — El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Uruguay estimó que la caja del Estado resignó en lo que va del año unos US$60 millones por la resolución del gobierno de ajustar los combustibles por debajo del precio de paridad de importación (PPI), el valor teórico que deberían tener los productos terminados en el mercado local. El cálculo fue presentado por el subsecretario de la cartera, Alejandro Irastorza, durante la comparecencia del MEF el miércoles 11 ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El Poder Ejecutivo definió en lo que va del año cuatro aumentos de combustibles, uno por mes desde febrero. Sin embargo, en todos los casos, los ajustes estuvieron por debajo del PPI calculado por la Unidad de los Servicios de Regulación de Energía y Agua (Ursea). Esto llevó a que, según afirmó Irastorza, el gasoil esté 11 % por debajo del PPI y la nafta un 2 % por los incrementos de tarifas en un porcentaje menor registrado a la referencia internacional.
En el desagregado, el impacto en la caja del Estado fue de US$2 millones en febrero, de US$10 millones en marzo, de US$29 millones en abril y de US$19 millones en mayo, dijo Irastorza según las actas de la reunión.
“La amortiguación del aumento del precio de los combustibles puede calcularse como la diferencia entre los precios fijados por el Poder Ejecutivo y los precios de paridad de importación de cada combustible para los meses pasados, pero también depende, obviamente, de la trayectoria del precio del petróleo para el futuro en un mercado donde todos sabemos que hay una gran volatilidad”, completó el subsecretario de Economía.
Irastorza respondió así a la pregunta de qué impacto fiscal tuvieron las distintas medidas del gobierno en el marco del avance de la inflación. En abril el Índice de Precios al Consumo se ubicó en 9,37%, un nivel similar al registrado en marzo. El IPC interanual en los 12 meses cerrados a marzo fue de 8,85% y en enero se ubicó en 8,15%.
Asado, fideos y adelantos
En total, el gobierno estimó en US$184 millones el impacto fiscal de las últimas medidas económicas anunciadas, entre las que Irastorza sumó los combustibles, la exoneración del IVA a algunos alimentos, y adelantos de salarios públicos y pensiones.
Luego del avance de la inflación este año, el gobierno resolvió la exoneración del IVA del 10% al asado de 10 a 13 costillas por 30 días, luego extendido. Eso, dijo el subsecretario, tuvo un costo de US$1 millón.
Además también promovió la reducción del IVA, gravándolo a tasa 0, al pan blanco común, la galleta de campaña, pastas y fideos, por un valor de US$3 millones.
Por su parte, el adelanto del 2% del ajuste de los salarios públicos fue estimado en US$30 millones y el de 3% de las pasividades en US$ 90.000.000.
El subsecretario dijo que el impacto fiscal puede ser afrontado “gracias al manejo ordenado y prudente que se viene realizando de la economía”. “Nos permite tomar estas acciones y reaccionar ante este escenario extraordinario imprevisto de suba de precios de los alimentos y otros commodities que tienen su impacto fiscal, pero que se puede soportar gracias al manejo ordenado de los recursos por parte del gobierno, que son los dineros de todos los uruguayos”, señaló ante los legisladores.
Irastorza también afirmó que entienden “inconveniente” una rebaja generalizada de impuestos. La Cámara de Senadores votó el 4 de mayo, a iniciativa del oficialismo, una solicitud para exonerar el IVA una canasta de 19 alimentos durante seis meses.
“Ante planteos recibidos en el Ministerio, nosotros no vemos como conveniente una rebaja generalizada de impuestos. Es difícil conseguir que el beneficio llegue al consumidor final, se generan distorsión en el sistema tributario y cambios en todo lo relacionado con los precios relativos. Además, se genera una renuncia fiscal en manos de aquellos hogares que pueden pagar esos precios y no lo necesitan”, dijo.
En tanto, el gobierno prepara medidas “focalizadas” para la población más vulnerable, para lo que Economía trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social.
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