Lima — El Perú fue uno de los primeros países en adherirse al sistema de transparencia global de las industrias extractivas hace 17 años. Este 2022, sin embargo, pasó a ser el segundo país detrás de Tayikistán en ser suspendido de forma temporal de la iniciativa EITI, por no presentar a tiempo el informe que incluye información clave de los sectores de minería e hidrocarburos a nivel nacional.
La situación, que ha generado malestar entre organizaciones ambientalistas y empresas, no es menor si se considera el peso que estas industrias tienen para la economía peruana. Según la actualización del marco macroeconómico multianual, el sector Minería e Hidrocarburos representa el 14,4% del PBI peruano y este 2022 será el más importante para el crecimiento de la actividad económica, pues se estima que llegaría a expandirse un 6,3%.
Tras la respuesta oficial del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre esta suspensión, expertos consultados por Bloomberg Línea, que están también involucrados en el proceso, explican qué fue lo que ocurrió, la responsabilidad del gobierno peruano detrás del retraso, y las consecuencias que podrían llegar en caso el Perú sea suspendido de forma permanente de la EITI de no cumplir con el plazo requerido.
LA SUSPENSIÓN ANUNCIADA
La advertencia sobre la suspensión de Perú de la EITI llegó a las autoridades del Minem con anticipación. En octubre del 2021 se aprobaron los términos de referencia para elaborar el octavo informe nacional de Transparencia, y la comisión nacional de la iniciativa global de las industrias extractivas (EITI por sus siglas en inglés), conformada por organizaciones civiles, empresas y liderada por el Minem, definió un plan de trabajo para avanzar y cumplir con los plazos de la iniciativa.
Vanessa Cueto, vicepresidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), comenta que desde ese punto los retrasos fueron evidentes. “Ese informe debía ser presentado en diciembre. Por todos los cambios de funcionarios, que han sido varios, el Gobierno no daba el visto bueno para la contratación de la consultora que se necesita para hacer ese informe de transparencia nacional”, precisa.
Epifanio Baca, miembro del equipo del Grupo Propuesta Ciudadana -que también participa en la comisión-, añade que ante la inacción del Minem este grupo de trabajo pidió a la EITI una extensión de plazo, pues no había manera de llegar a diciembre con el informe culminado. La EITI otorgó tres meses más al país, hasta el 31 de marzo del 2022.
Pero en un contexto en el que se dieron varios cambios en el Gabinete Ministerial, con la cartera del Minem afectada, los plazos de la EITI seguían avanzando y no había priorización desde el ministerio para supervisar este tema. Cueto remarca que desde la comisión se acercaron al Minem en diversos momentos exigiendo el cumplimiento de los plazos y a pesar de ello, no hubo respuesta.
“Incluso en Perú recibimos la última semana de marzo una visita del secretariado internacional de la EITI. Nos advirtieron sobre la suspensión de Perú. Recién con la llegada del secretariado, el viceministro de Minas mostró preocupación y nos dijeron que lo iban a hacer, pero no se contrató a nadie”, anota la especialista.
Baca argumenta, por su lado, que se percibió desinterés desde los funcionarios por ejecutar este esquema de transparencia. “La iniciativa está conformada de manera tripartita, pero el líder es Minem porque su responsabilidad es contratar a la empresa auditora que se encarga de hacer el estudio”, explica.
Por estos hechos, los especialistas opinan que la responsabilidad de la suspensión recae enteramente en la inacción de la gestión actual, pues el presupuesto ya estaba definido desde fines del 2021. “No lo priorizaron por todo lo que viene pasando en el sector desde que inició el Gobierno: cambios sucesivos de ministros, gente sin mucha experiencia, sin competencias; han dejado casi en el abandono a la iniciativa y la suspensión es consecuencia de ello”, apunta Baca.
En un comunicado enviado un día después de que se conociera la suspensión de Perú de la EITI, de hecho, el propio Minem reconoce que fue imposible para la entidad culminar con el informe por la rotación y salida de funcionarios claves para implementar la iniciativa.
“En el mes de abril del presente año (...) el Minem comunicó a los representantes de esta instancia internacional que el Perú avanzó en diversos aspectos y se reformuló el plan de trabajo, pero los tiempos de permanencia de los funcionarios claves para la implementación del EITI han sido breves, lo que devino en la imposibilidad de culminar la parte administrativa”, informó el ministerio el pasado martes.
Sin embargo, Kaimer Dolmos, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, señaló en un evento de la industria minera esta semana que lo ocurrido “no es culpa de esta gestión”, y añadió que la pandemia no permitió que Minem trabaje en este tema a tiempo.
“No es fácil hacer un estudio a nivel nacional y regional, es un estudio muy importante pero también hay que sincerar la situación. Son varios años que se ha dejado”, dijo el funcionario ante los asistentes al Simposio de Oro, Plata y Cobre organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y pidió a los asistentes tener la seguridad que Perú volverá a participar de este estándar mundial.
De acuerdo al comunicado del Minem la elaboración del informe se adjudicaría este mes de junio, para lo cual ya se cuenta con un financiamiento de más de 200 mil soles, y a su vez se está solicitando a la EITI plazo hasta octubre (la fecha límite actualmente es setiembre) para entregar el informe completo y evitar una suspensión permanente de la iniciativa.
Una fuente de la entidad comenta a Bloomberg Línea que sería factible que la EITI acepte el pedido de ampliación de plazo, pero aún así el ministerio confía que antes de que termine setiembre se pueda llegar con el informe completo.
Para Cueto, la adjudicación debería darse este mes de mayo con el objetivo de evitar la expulsión de la iniciativa y no toparse con situaciones de inestabilidad al interior del Minem que puedan seguir afectando el curso de entrega del informe. Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, resalta que desde el sector empresarial ya se ha entregado toda la información requerida para ser procesada, con lo cual el avance estaría completamente en manos del gobierno.
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEBILITADA: UN PROBLEMA REAL
Tal como reconoció Minem en su comunicado, el movimiento al interior de Minem que implicó la salida de funcionarios importantes para los distintos procesos de sector ha sido fundamental para que se consumara la suspensión de la EITI. Esto vuelve a encender las alertas sobre lo que viene ocurriendo en el servicio civil peruano, algo que no ha pasado desapercibido por la comunidad internacional.
Este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a advertir al Perú sobre la urgencia de reformar el servicio civil y mejorar un sistema que carga con años de problemas. En su análisis, el FMI resalta que la inestabilidad política en Perú “está erosionando aún más la eficacia de la administración pública”, mientras que la ansiada reforma del servicio civil sigue sin ser una prioridad política desde el 2016.
“La gran mayoría de los altos cargos de la administración pública son nombramientos políticos, y la inestabilidad ha provocado una frecuente rotación en los niveles más altos de la administración del Estado”, advirtió el fondo. Junto a la falta de criterios de calificación para los nombramientos políticos, el FMI apuntó que la elevada rotación en el aparato estatal ha dado lugar al nombramiento de funcionarios sin experiencia en varios casos en Perú, “que se han enfrentado a curvas de aprendizaje muy pronunciadas y han tenido que renunciar rápidamente”.
“Esto se ha extendido al resto de la administración, dificultando aún más la eficacia del gobierno”, precisó el FMI.
LAS CONSECUENCIAS DE UNA EXPULSIÓN DE LA EITI
Tras lo ocurrido y mientras se esperan las novedades sobre la extensión de plazo o la adjudicación del informe de la EITI, Epifanio Baca, de Propuesta Ciudadana, identifica tres consecuencias centrales de que Perú sea expulsado de la iniciativa. En primer lugar está la reputación del país ante la comunidad internacional, considerando que Perú fue de los primeros en adquirir la categoría de país cumplidor en la EITI; y una segunda consecuencia tiene que ver con la ausencia de información sobre lo que produce o hace la industria extractiva local, que es clave para reconocer si hay irregularidades o espacios de mejora en las zonas donde operan.
“La EITI es la única iniciativa en el Perú que publica información sobre pagos tributarios y no tributarios que hacen las empresas individualmente. Cada empresa participante pública datos sobre el pago de Impuesto a la Renta, regalías y demás conceptos que paga al Estado, y eso lo hacen renunciando a la reserva tributaria de la que tienen derecho según nuestras leyes”, menciona Baca. Por su parte, Vanessa Cueto, de la organización DAR, agrega que en dicho informe también se encuentran los gastos sociales y ambientales que realizan las compañías en sus zonas de influencia.
“Considerando los conflictos que se dan con más frecuencia en zonas mineras, serviría por ejemplo saber qué pasa en Las Bambas, donde hay muchas protestas; cuáles son las inversiones sociales y el canon que se está destinando a las regiones”, subraya Baca.
La tercera consecuencia tiene que ver con el impacto sobre las EITI regionales, en lo cual Perú ha sido pionero. “Perú es el único país en el mundo que tiene la EITI descentralizada. Tenemos cinco comisiones de la EITI en Loreto, Apurímac, Arequipa, Piura y Moquegua. Las regiones están esperando que Minem pueda aprobar el pago para que se realicen también los informes regionales”, precisa Cueto.
Si bien lo más urgente es el informe nacional, ambos especialistas piden que no se descuiden los informes regionales que permiten hacer ‘zoom’ en la situación de las diversas zonas del país donde predomina la actividad de las industrias extractivas. Cueto recuerda que actualmente existen una serie de pedidos de gobiernos regionales para crear sus comisiones EITI, entre las cuales se encuentran Cusco, que ya ha creado su comisión y está pendiente a ser instalada, y Cajamarca; mientras que en Ancash y La Libertad se busca avanzar, aunque todavía falta implementar más pasos para que esto se concrete.
“Si nos retiran de la EITI, todo el esfuerzo de los últimos 12 años por descentralizar la transparencia del rubro extractivo se puede caer. Esta es además una buena práctica que ha sido resaltada por la OCDE, club de países al que el Perú quiere ingresar. La iniciativa es la única de transparencia que tiene el sector extractivo con la característica de ser un espacio tripartito, y no se debería perder”, puntualiza Cueto.
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