Bogotá — La cadena de supermercados Justo & Bueno será finalmente liquidada luego del fracaso de una millonaria inversión que le hubiese permitido cumplir sus compromisos, un comprador que no se manifestó nunca en las audiencias y varias batallas perdidas, con lo que el negocio del ‘hard discount’ perderá a uno de sus competidores.
El delegado de Procedimientos de Insolvencia, Santiago Londoño Correa, tomó esta decisión ante un incumplimiento generalizado de Justo & Bueno e indicó que esta dificultad se extendería con el tiempo.
“El incumplimiento generalizado de las obligaciones pos es un indicativo de inviabilidad y da lugar consecuentemente a la terminación del mecanismo recuperatorio”, dijo.
El representante legal de la empresa deberá presentar una conciliación entre los saldos del estado inicial de los activos netos en liquidación y los saldos del último estado de la situación financiera, “preparado bajo la hipótesis de negocio en marcha”. También se le ha pedido información contable del valor neto de liquidación, con lo previsto en el Decreto 2101 de 2017.
El proceso se inicia con un activo reportado en pesos de $869.291 millones con corte al 31 de diciembre. Santiago Londoño Correa designó como liquidador de la sociedad al abogado Darío Laguado Monsalve.
La empresa fue fundada en 2016 por Michel Olmi, un empresario chileno y que creció en Venezuela que también estuvo detrás del surgimiento de Tiendas D1 en el 2009 en Medellín, así como de las cadenas de restaurantes Deliz y de cafeterías Tostao.
Pero luego de participar con el 3,7 % del total del mercado de consumo masivo y con el 24% en el canal de la categoría de ‘hard discount’ en el 2020, la falta de inyección de capital, sumado al golpe de la pandemia provocaron un desajuste irreparable en sus finanzas.
La vía de escape a esta situación se planteó con la adquisición del colocador de capitales con oficinas en Hong Kong Joining Futures Capital International Limited (JFC), pero tampoco le sirvió.
A pesar del compromiso de Jhony Zhang, director y vicepresidente de la junta directiva de JFC, de que Justo & Bueno iba a recibir US$628 millones e iba adelantar un agresivo plan de expansión, esto nunca ocurrió.
De hecho, el anuncio de inversión no terminó de convencer a los acreedores y empleados que manifestaron su inconformismo por la falta de respuestas en las recientes audiencias, a la vez que cuestionaron la contribución colombiana en dicha compañía.
Durante la audiencia, que se dividió en tres etapas, el delegado de Procedimientos de Insolvencia, Santiago Londoño Correa, informó que ese despacho ha recibido 474 memoriales de los arrendadores solicitando el pago y la fecha de restitución del inmueble por presunto incumpliendo de contrato.
Asimismo, recibió 25 memoriales de las empresas de servicios públicos y los dueños de los locales arrendados denunciando la falta de pago.
Del lado de los acreedores laborales, se recibieron 112 memoriales en los que solicitan el pago de su nómina y sus liquidaciones.
También se expuso que se recibieron 35 acciones de tutela de acreedores laborales y arrendadores desde la adminisión al proceso de reorganización.
Hasta abril, la cadena acumulaba en gastos de personal un déficit de caja por unos $42.000 millones, mientras que en temas de arrendamiento el estimado es de unos $35.000 millones y en los contratos de renting (que incluyen equipos de transporte y almacenamiento) es de $19.700 millones.
En cuanto al tema de impuestos se tiene que la falta de pago equivale a unos $17.098 millones en lo que va corrido del año hasta abril y los otros gastos corresponden a un déficit de $20.626 millones.
Con estas cifras, se tiene que la sociedad presenta un déficit de caja de $135.000 millones al 30 de abril de 2022 solo por gastos de administración de la reorganización.
