Diputados hondureños aprueban ley que garantiza la energía eléctrica como bien público

La iniciativa enviada desde el Ejecutivo comprende una serie de reformas, que para la bancada opositora significan retroceso, como el permitir que la Enee vuelva a estar a cargo del despacho y suministro de energía

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Tegucigalpa — Diputados del Congreso Nacional aprobaron la madrugada de este jueves la ley especial para garantizar el servicio de energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho de naturaleza económica y social, una reforma energética propuesta desde el Poder Ejecutivo.

La legislación de 21 artículos fue aprobada con 76 votos de los 109 diputados presentes, tras la dispensa del segundo debate, por propuesta del vicepresidente del Legislativo, Rasel Tomé, y luego de cinco horas de discusiones.

Según funcionarios, la nueva Ley es clave para el rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), sumado a que pretende garantizar el acceso al servicio básico a las comunidades rurales y brindar tarifas más competitivas a partir de la renegociación de contratos con empresas privadas térmicas y renovables.

La iniciativa complementa y modifica algunos artículos de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), la cual fue aprobada en mayo de 2014, pero que aún no ha sido aplicada en su totalidad. La normativa permite la participación de actores privados en el mercado de la energía eléctrica, además que proponía la escisión de la Enee en tres empresas: generación, transmisión y distribución, una medida que la actual administración rechaza por completo.

“La antigua LGIE proponía un modelo de mercado absolutamente liberalizado que no correspondía y nunca empalmó con el subsector eléctrico en Honduras”, dijo Erick Tejada, secretario de Energía, durante la exposición de motivos que hizo ayer en el Poder Legislativo. El funcionario agregó que la Ley “escondía un fin perverso y que era estaba en teoría oculto, pero las acciones del régimen anterior lo delataban y era desmembrar la Enee, partirla en tres pedazos y posteriormente, someterla a las fuerzas indomables del capital y privatizarla”

Según Tejada, la Ley propuesta por la actual administración revierte “un impulso liberalizador y el dejar a la empresa del pueblo a manos de las fuerzas indomables del mercado”, a la vez que busca “darle un carácter humano a la Ley y a la dinámica de todos los actores del subsector eléctrico”.

Al respecto, el secretario de Energía dijo que hay 37 de los 298 municipios de Honduras cuyo acceso a energía es menor al 50%, además que con una cobertura nacional de 85.13%, el país está por debajo de sus pares de Centroamérica, con promedio de 94%.

Por el contrario, agregó Tejada, “hay empresas generadoras con tasas de retorno altísimas, o sea, con ganancias multimillonarias y que han gozado de un negocio extremadamente rentable durante las últimas tres décadas, algunos, y otros desde hace 10, 15 y 20 años. Misteriosamente, dentro de todo el subsector, solo la Enee está quebrada”.

Reformas a la LGIE

Con la Ley aprobada desaparece el Operador del Sistema (ODS), ente encargado de la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y que fue creado por la LGIE. Con la reforma, ahora el Centro Nacional de Despacho (CND) de la Enee estará a cargo.

“De esta forma que sea el Estado el que garantice el suministro eléctrico y además garantice el despacho de energía a un costo mínimo”, dijo Tejada, al tiempo de agregar que eliminar la personería jurídica al ODS “es un tema de soberanía energética y le devuelve al Estado el eje rector del suministro de energía eléctrica”.

En otras intervenciones, funcionarios han sugerido que el ODS favorece a algunos generadores con el despacho de energía. Al respecto, el personal técnico de la entidad independiente rechazó a través de un comunicado los ataques, al tiempo de destacar los esfuerzos que ha hecho por hacer transparente el despacho de energía.

“El ODS siempre ha estado al servicio de la población desde que inició operaciones en 2019 y nos ha tocado enfrentar períodos de emergencia nacional, como la pandemia del covid-19 y los huracanes Eta y Iota”, expuso la entidad.

Otra reforma comprende que ahora los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), un ente en teoría desconcentrado, responderán directamente a la presidencia de la República y sea el titular del Ejecutivo quien los nombre por un período de cuatro años y no de siete como estaba establecido en la LGIE.

A través de un comunicado, los comisionados de la Cree dieron su respaldo a la Ley especial, al considerarla “un paso importante en la búsqueda de soluciones a la compleja problemática del subsector de energía eléctrica de Honduras”.

Otras opiniones sobre la Ley

Diputados del ahora opositor Partido Nacional dijeron estar de acuerdo con la revisión de contratos de energía, siempre que se hagan conforme a la Ley y al respeto de la seguridad jurídica de los inversionistas. También dieron su apoyo a la revisión del contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH) y a los esfuerzos por la electrificación de las comunidades rurales.

Sin embargo, el diputado Marco Midence dijo que la bancada nacionalista no está a favor del monopolio de energía a cargo de la Enee. “Estamos a favor de la competencia y que los empresarios contraten servicios en empresas que sean eficientes”.

También defendió la separación de la estatal eléctrica, que la LGIE planteaba que debía hacerse en 2015, al considerarla como una acción necesaria para “garantizar precios competitivos al mercado”, y agregó que la si el ODS pasa a la administración de la Enee “significa regresar a las practicas antiguas oscuras”.

“No nos oponemos a todo. Estamos a favor del pueblo y de los consumidores. Dos cosas fundamentales: queremos energía barata que no asfixie y que no hayan racionamientos y apagones como en 1994, no queremos regresar al pasado″, añadió Midence.

En tanto, a través de un tuit, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, dijo que la reforma del sector eléctrico en Honduras más urgente es explicitar el delito de robo a la Enee. “Retroceder reformas diferentes a toda la región no indica progreso. Ojalá el robo de energía se prioriza desde otro frente con otras iniciativas”.

En otros espacios, expertos consideraban que la LGIE significa una reforma similar a la que desarrolló Guatemala hace más de dos décadas, con la que le permitió pasar de ser deficitario a ser exportador de energía.