Montevideo — El gobierno uruguayo y dos empresas de supergás iniciaron las conversaciones por un conjunto de contratos clave del mercado del gas licuado de petróleo (GLP). El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, autoridades del Ministerio de Industria, y representantes de las compañías mantuvieron el lunes una reunión en la Torre Ejecutiva, donde uno de los temas fue la regulación futura del mercado, que se apresta a tener modificaciones.
En el encuentro estuvo sobre la mesa el arrendamiento y suministro entre la estatal ANCAP y Gasur, la envasadora que es propiedad en un 40% de la empresa pública, un 30% de Acodike y un 30% de Riogas, y que operan las privadas, dijeron a Bloomberg Línea fuentes del gobierno. Ese contrato junto a otros que regulan la cadena de envasado y la distribución vence en febrero de 2023.
En el marco de las negociaciones, el gobierno apunta a reducir las pérdidas que el negocio le genera a las cuentas públicas, y que el Estado paga a través de un subsidio. Las empresas privadas, en tanto, buscan conocer las características de los cambios que impulsará el Poder Ejecutivo bajo el argumento que deben prever negociaciones salariales con sus empleados.
En el gobierno esperan que las reuniones se sucederán con más periodicidad en la medida que se acerque la fecha de finalización de los contratos. Bloomberg Línea intentó sin éxito contactarse este martes con representantes de las empresas.
Gasur es envasador de supergás desde 2008 mediante la gestión de las plantas de envasado propiedad de ANCAP.
En el mercado uruguayo el único proveedor en la cadena de abastecimiento de GLP es ANCAP, pero a su vez el envasado corre por cuenta de las empresas Gasur y Megal. En tanto, la distribución está a cargo de cuatro empresas: Riogas, Acodike, Ducsa (subsidiaria de ANCAP) y Megal. Las primeras tres envasan su producto en las plantas que ANCAP arrienda a Gasur, y Megal tiene su planta propia.
Contratos “muy diferentes”
El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, dijo a comienzos de abril que la empresa informó a las compañías de supergás su intención de no renovar los contratos tal como están formulados.
El titular de la empresa dijo en una entrevista con radio Carve el 6 de abril que la intención es generar contratos “muy diferentes”, una vez vencidos los actuales. “Los contratos vencen el 28 de febrero del año que viene y ANCAP ha comunicado a las distribuidoras que no tienen intención de renovarlos”, dijo Stipanicic sobre las condiciones vigentes.
“Primero hay que cambiar las relaciones de fuerza. Ducsa, que es una empresa de ANCAP, tiene que envasar sus garrafas en plantas que son de ANCAP pero que no las opera y sobre las cuales no tiene control. En 2008 se acordó de una manera. Pasados 15 años creo que es hora de replantearlo y ver cómo repartimos responsabilidades”, dijo. “Cuando generas un contrato por el que te reconozco el costo, y te doy una ganancia sobre el costo, lo que estás incentivando es que haya más costos, si bien lo paga otro”, concluyó.
El precio del supergás tiene tres componentes: un margen en la cadena de envasado y distribución, el IVA y el costo del producto. La garrafa hoy en día está a $63,35 el kilo, el precio de paridad de importación $60, y a ANCAP le ingresa $17,44. Según el balance de la empresa, en el último año el subsidio fue de unos US$96 millones en 2021, generado por la diferencia entre el PPI y el producto que vende ANCAP por unas 100 mil toneladas al año.
Los contratos fueron introducidos en 2008 para conformar la empresa que utiliza las dos plantas propiedad de ANCAP para la producción del 70% del GLP envasado que se distribuye en Uruguay. Una de las plantas es operada por Acodike y la otra por Riogas.
“Ese conjunto de contratos en 2008 cambió la ecuación económica en dos sentidos. Primero la participación de ANCAP fue cada vez decreciendo porque, como se ajustan los costos y márgenes del envasado y la distribución, si el precio al público se mantiene constante tiene que bajar el precio que recibe ANCAP. El segundo componente es que, en la política de precios, el supergás al público se empezó a rezagar cada vez más del precio teórico que debería tener”, dijo el presidente de ANCAP en la misma entrevista radial.
Stipanicic también dijo que el gobierno estudia tres vías de acción tanto a través de ANCAP como del Poder Ejecutivo. Una es el financiamiento del subsidio, en el entendido de si debe salir de las cuentas de ANCAP o de otro lugar de las arcas estatales. El segundo elemento es la regulación del mercado de supergás y el tercero son los contratos que regulan la relación entre ANCAP y Ducsa con Acodike y Riogas, y la relación entre las cuatro empresas distribuidoras.
Estaciones de servicio
Esto ocurre mientras el gobierno también busca modificaciones en el mercado de las estaciones de servicio. Según informó El Observador este martes, la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) maneja un borrador del proyecto de nuevo reglamento del mercado secundario de combustibles.
Una de las modificaciones promovidas es eliminar las restricciones de distancia en la ubicación geográfica de las estaciones de servicio.
El segundo punto establece que los grandes consumidores (un volumen promedio mensual de 500 metros cúbicos) podrán comprar los combustibles líquidos a distribuidores mayoristas o en las plantas de despacho.
También se propone autorizar la venta mediante el autodespacho, en la que el consumidor opere el surtidor.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Qué países de LatAm concentran parte del 20% de las reservas petroleras mundiales
Exportaciones uruguayas: carne bovina y soja apalancan abril y se vislumbra récord
Bankingly: cómo se proyecta en México y Colombia startup uruguaya que levantó US$11M
