QUITO — El 24 de marzo pasado, el Legislativo ecuatoriano negó y archivó la Ley de Inversiones propuesta por el presidente Guillermo Lasso. Uno de sus capítulos estaba dedicado a las Alianzas Público-Privadas (APP), pues si bien desde 2015 existe una ley que las regula, el Gobierno buscaba perfeccionar este esquema jurídico-financiero acordado entre una institución pública y una entidad privada para la provisión de bienes, obras o servicios.
A pesar de la negativa de la Asamblea Nacional, la Secretaría Técnica de Asociaciones Público – Privadas y Gestión Delegada no ha abandonado la estrategia y más bien trabaja en mecanismos para potenciarla a través de instrumentos legales y nuevos proyectos.
Está prevista una reforma al reglamento de la ley vigente vía decreto y también la actualización del portafolio de 58 proyectos en los que la empresa privada puede participar y que suman US$ 38 mil millones. En esta entrevista con Bloomberg Línea, el titular de la Secretaría, Roberto Salas, que acompaña en estos días a Lasso en su visita a Israel, detalla las asociaciones que están en la mira y otras que están por concretarse.
El Legislativo negó la Ley de Inversiones que incluía un capítulo sobre las Alianzas Público-Privadas (APP), ¿en qué alternativas trabaja el Gobierno para impulsar este mecanismo?
La ley era robusta y capturaba lo mejor que se ha hecho hasta hoy en legislación de APP para actualizar o modernizar la ley del 2015. Desafortunadamente, la Asamblea optó por otro camino, pero nosotros no podemos abandonar esa estrategia y nos basamos en una premisa: se puede archivar una ley, pero no se puede archivar una política de Estado.
La Asamblea optó por otro camino, pero nosotros no podemos abandonar esa estrategia y nos basamos en una premisa: se puede archivar una ley, pero no se puede archivar una política de Estado
Roberto Salas, titular de la Secretaría Técnica de Asociaciones Público – Privadas y Gestión Delegada.
Esta política de generar empleo y mejorar las infraestructuras del país a través de la asociación del Estado con las empresas privadas va tomando cada vez más fuerza y lo que estamos buscando es mejorar sustancialmente el reglamento de la ley existente vía decreto y lograr los objetivos que teníamos para mejorar los procesos, hacerlos más claros y, sobre todo, más eficientes.
Además, queremos aumentar la transparencia en los procesos de licitaciones para generar más confianza y también mejorar la estructuración de los contratos. Por ejemplo, en el manejo de controversias queremos ofrecer más instancias de mediación de conflictos sin tener que llegar al arbitraje. También buscamos fortalecer el derecho de los financistas, así se genera más confianza en el riesgo.
Lo otro que estamos haciendo es aumentando el portafolio de proyectos que puedan tener más posibilidades de ser bancarizados y ejecutados, que no sean tan complejos o que generen altos niveles de riesgos para la bancarización. Estamos incorporando algunas carreteras e infraestructura hospitalaria, por ejemplo.
Sobre la reforma al reglamento, ¿se tiene ya una fecha o en qué estado está en este momento?
Está bastante avanzado ahorita, depende más de la misma Presidencia, pero es cuestión de muy corto plazo.
¿Se tiene pensado relanzar el portafolio de proyectos?
Más que relanzarlo hay que actualizarlo. Fue lanzado a finales de noviembre pasado y ya nos toca hacer una actualización que la estamos validando con los ministerios involucrados.
¿Esta actualización estará lista pronto?
Sí, estamos corriendo con esto, con el reglamento y con la publicación del portafolio actualizado, se han sacado algunos proyectos que no eran delegaciones sino otro tipo de contratos y hemos incorporado otros que no estaban originalmente, como algunas carreteras que son más fáciles de gestionar. Hemos incorporado un proyecto más urgente, de tres hospitales nuevos que se harían a través de APP. Estamos actualizando en tres sectores: infraestructura, hidrocarburos y salud.
¿La propuesta de ubicar en un solo portal los proyectos licitados sigue en pie a pesar del archivo de la ley?
Sí, estamos eligiendo la plataforma para el Registro Único de Proyectos de Gestión Delegada, que está promovida incluso por las Naciones Unidas y por los multilaterales. La vamos a tener antes de fin de año disponible. En el portafolio están todas las iniciativas que el Gobierno promociona, mientras que en el registro estarán los proyectos que se van concretando, que entran a un proceso de interés público.
Si bien hay cosas que se pueden hacer sin la ley, ¿qué temas se ven irremediablemente perjudicados por su archivo?
El gran beneficio de la ley es que era una ley, que da mucho más seguridad jurídica, sobre todo a inversionistas y financistas. El mismo hecho de que la ley no haya sido modernizada ya es una afectación importante. Hay cosas que se pueden hacer por reglamento y otras cosas que no, una de ellas es el acceso a la modalidad APP por parte de las entidades públicas. En la ley era mucho más abierto, cualquier institución pública podía acceder, eso no se puede hacer por reglamento. La aprobación de la ley habría generado un impacto muy positivo en la percepción de riesgo país.
¿Usted cree que la ley se negó únicamente por un bloqueo político o faltó discusión y difusión?
Estos proyectos de ley, que se hacen de manera urgente, no permiten una socialización exhaustiva, pero sí hubo confusiones, como decir que era una ley privatizadora, pero logramos que quede claro que la delegación o asociación público-privada no tiene nada que ver con la privatización.
En la redacción del documento final se puso expresamente una prohibición de vender los activos que se construyan por APP, cosa que es reiterativa porque las APP se inventaron precisamente para evitar las privatizaciones, pero igual se puso en el documento final, pero no lo analizaron en el Pleno de la Asamblea. Ya había una agenda de no dar pie a la propuesta del Gobierno. Había intereses políticos que se pusieron sobre el interés común. Pero nosotros tenemos que insistir en que este es el camino y la mejor forma de hacerlo es robusteciendo el portafolio y mejorando nuestra capacidad de ejecución para que la ciudadanía comience a sentir sus beneficios.
Ya había una agenda de no dar pie a la propuesta del Gobierno. Había intereses políticos que se pusieron sobre el interés común
Roberto Salas, titular de la Secretaría Técnica de Asociaciones Público – Privadas y Gestión Delegada.
En estos modelos el Estado sigue siendo dueño de los activos…
Al final del contrato, los activos nuevos siempre son transferidos al Estado y durante la vigencia del contrato ese activo no puede ser hipotecado ni dado en garantía porque no es de la empresa privada. Cuando es un activo preexistente y la empresa invierte en él, ese activo permanece en propiedad del Estado, siempre.
¿Hay algunas APP que estén avanzando a buen ritmo?
En el sector eléctrico y minero veo intacto el interés de inversionistas, de hecho va a haber un hito importante de aquí a pocas semanas respecto a tres proyectos de energías renovables que van a suscribir contratos de inversión y de concesión por casi US$ 500 millones y van a dar mucha confianza para lo que viene. Hasta el primer trimestre de 2023 vienen tres proyectos más del mismo sector de energía por US$ 1.800 millones.
También estamos apoyando en la estructuración de cinco proyectos viales de carreteras y estamos iniciando la planificación de largo plazo del modelo de ferrocarril del Estado para logística, no solo de pasajeros. Esperamos que este año o a principios del próximo pueda salir a licitación para buscar un operador. Lo otro es que pensamos hasta final del año lanzar licitaciones para tres hospitales nuevos a través de una modalidad APP que permita iniciar la construcción el próximo año.
Todos estos proyectos están en el portafolio actualizado, también esperamos que en el sector de hidrocarburos se dinamicen proyectos para que se vayan concretando los contratos de participación que se esperan hacer para aumentar la producción de pozos petroleros, que deben comenzar a salir a partir del segundo semestre.
¿Cómo el Gobierno replanteó su estrategia de inversiones?
Este tiempo que ha pasado ha sido importante para hacer una buena estrategia para establecer un buen portafolio, preparar estudios que sustenten decisiones para poder lanzar licitaciones bastante bien controladas y transparentes.
Hoy hay una expectativa de recuperación mucho más rápida, pero en este tipo de iniciativas no hay caminos cortos, los caminos cortos normalmente pasan factura en la calidad de los contratos porque no se han hecho los estudios necesarios. Lo importante es establecer procesos que deban cumplirse, por eso pensamos que hacia el final del 2023, todo el 2024 y parte del 2025 será el periodo en el cual habrá mucha más cosecha en términos de contratos e inicios de obra.
En este tipo de iniciativas no hay caminos cortos, los caminos cortos normalmente pasan factura en la calidad de los contratos
Roberto Salas, titular de la Secretaría Técnica de Asociaciones Público – Privadas y Gestión Delegada.
¿Las empresas más interesadas son locales o extranjeras?
La mayoría son empresas internacionales, un 90%, porque son las que tienen la tecnología y más recursos financieros, pero obviamente hay empresas locales que son sus aliadas o sus representantes acá. En estos proyectos hay un efecto de encadenamiento productivo porque la gran empresa internacional que hace un proyecto subcontrata mucho a las empresas locales.
Algunos nombres que nos pueda mencionar…
En el caso de energía estamos viendo firmas españolas como Solarpack y hay otras firmas están interesadas en geotérmica, por ejemplo. Para el ferrocarril hay alrededor de cinco firmas que están interesadas en participar cuando el Estado esté listo.
¿Por qué son importantes las APP?
Si quieres tener mejores infraestructuras, de primer mundo, o al menos mucho mejores que las que tenemos hoy, es necesaria la colaboración a través de la asociación con el sector privado bajo contratos bien hechos.
¿Cuál es el mensaje hacia las empresas luego de que no se aprobó la Ley de Inversiones?
Que una política de Estado está por sobre un hecho puntual y, por lo tanto, el Gobierno tiene alternativas para mantener el nivel de confianza, seguridad jurídica y la capacidad de ejecución de los proyectos públicos donde está invitando al sector privado. Las oportunidades del portafolio se han robustecido, hoy tenemos un portafolio de US$ 38 mil millones con 58 proyectos.
Hubo un mensaje que no fue bueno, una demostración de que el país necesita madurar en su cultura política; sin embargo, las oportunidades siguen, el Gobierno mantiene su convicción y hay alternativas para ofrecer buenos contratos asociativos, lo suficientemente robustos para tomar el riesgo y aprovechar estas oportunidades que el país está ofreciendo.
