Ciudad de Panamá — Al menos dos protestas diarias con su consiguiente cierre de calles se dan diariamente en Panamá, trayendo consigo pérdidas millonarias calculadas de manera conservadora en más de $3 millones, dándole una estocada a una economía que apenas comienza a recuperarse.
En días pasados, los empresarios agrupados en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hicieron un enérgico llamado a las autoridades para que ejecuten los proyectos programados, que brinden empleo a la población.
Ahora, el Consejo Empresarial Logístico (COEL), en carta dirigida al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, se queja del cierre constante de las calles y avenidas, que perjudica no solo al sistema logístico, sino a la movilidad empresarial y particular.
Señalan que gremios empresariales y profesionales han insistido reiteradamente en que se hagan cumplir las normas legales y se garantice el derecho constitucional de libre tránsito.
Pese a ello, indican que frecuentemente se repiten situaciones como la surgida este domingo en Paso Canoas, región fronteriza con Costa Rica, donde “un reducido grupo de transportistas que no responde a ningún gremio o asociación, unilateralmente y sin mediar aviso previo, ha interrumpido el paso fronterizo internacional, y a más de 24 horas de este evento, seguimos con la inacción de nuestros estamentos de seguridad”.
En horas de la tarde de ayer lunes se desbloqueó el cierre de la vía, luego de la mediación de las autoridades.
Sin embargo, inició un paro general en la provincia de Colón, en el atlántico panameño, donde se ubica la Zona Libre, que provocó el cierre de las avenidas de una de las regiones terminales del eje logístico nacional, con las “afectaciones reputacionales y económicas severas”.
No sólo nos referimos a la paralización del flujo de carga a través de los terminales portuarios de dicha provincia, sino de miles de personas que se ven impedidas para trasladarse a sus lugares de trabajo y estudio, manifiesta el gremio logístico.
De ninguna forma, alegan que proponen el uso de la fuerza como primer recurso, pero tampoco sostiene que puede permitirse el libertinaje y la anarquía so pretexto de mantener una paz social que, desde el momento en que se causa afectación a terceros, deja de existir.
Los miembros del COEL aducen que la conectividad nacional con la región occidental del país, e internacional, se encuentra sujeta a frecuentes interrupciones y cierres por parte de reducidos grupos de personas quienes, en reclamo de aspiraciones en muchos casos legítimas, causan graves perjuicios a todo el resto del país.
La presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Marcela Galindo, había señalado con anterioridad que los empresarios reconocen el derecho a la manifestación “siempre y cuando esto no perjudique los derechos de terceros”, pues nadie gana con los bloqueos.
“La pregonada paz social no debe ser costeada por los afectados, máxime cuando la gran mayoría de estos se originan en la inacción de autoridades locales o nacionales que no atienden de forma oportuna los requerimientos ciudadanos y no establecen canales de diálogo y comunicación eficientes”, afirma el COEL.
Nuestro país, añaden, enfrenta momentos muy difíciles, y el sector empresarial se encuentra en una ardua tarea por recuperar los niveles económicos previos a la pandemia, e incluso generar crecimiento y aportes al país en la forma de generación de plazas de empleo y dinamizar la economía.
