Santiago — El proceso para redactar una nueva Constitución en Chile ha aumentado las incertidumbres políticas y económicas, lo que desincentivaría los planes de crecimiento de las compañías en este país, indicó Fitch Ratings en una nota este martes.
Aunque la agencia no espera que sus clasificaciones se vean afectadas de inmediato, advierte que las reformas aprobadas por la Convención están incrementando los riesgos a largo plazo, ya que aumentarían los “requerimientos” para desarrollar proyectos en Chile, incluyendo la “obtención de aprobaciones de estos, debilitar los derechos de propiedad y reducir la disponibilidad de financiación local debido a los cambios en el sistema de pensiones”.
Fitch indica que, de aprobarse la nueva Constitución el próximo 4 de septiembre en un plebiscito de salida, su aplicación necesitará de una legislación de respaldo que llevará tiempo, lo cual “ampliaría” el período de incertidumbre en el país.
Las empresas chilenas han moderado sus estrategias de crecimiento como reflejo de estas vacilaciones, explicó la clasificadora de riesgo.
Su pronóstico es que los recortes de inversión de capital (capex; capital expenditure) se harán más evidentes en los próximos meses debido a los rezagos en la planificación y ejecución de los proyectos. “Esto afectará al crecimiento económico y al empleo, presionando a muchas empresas. Muchas compañías buscarán más oportunidades de crecimiento en el exterior”.
Según la agencia, una nueva Constitución transformaría un entorno favorable para las compañías en otro más centrado en lo social: “Los cambios podrían afectar a las empresas, sobre todo en los sectores minero y forestal, disuadiéndolas de realizar inversiones grandes a largo plazo”.
Las preocupaciones recaen sobre un papel cada vez más importante de los grupos indígenas en la aprobación de nuevos proyectos, cambios en los derechos de propiedad, bajo “términos poco claros de compensación si se expropia un activo, y cambios en el estatus del agua, que eliminan la capacidad de comercializar los derechos de agua, e introducen la necesidad de obtener autorizaciones temporales de una nueva agencia gubernamental para el uso de dicho recurso”, detalló.
También resalta los cambios en la regulación del agua, los cuales considera afectarían a sectores como la agroindustria, acuicultura, minería y electricidad. “La revalorización de los activos de las empresas como consecuencia de los cambios podría afectar sus resguardos financieros”.
No obstante, Fitch considera que el uso prioritario del agua para el consumo humano garantizará el suministro y la continuidad del negocio de las empresas sanitarias. En el sector minero, el cual es primordial para la economía chilena, “es probable que las grandes empresas clasificadas por Fitch sigan invirtiendo en plantas de desalinización y agua reciclada para reducir el uso de agua dulce” con el fin de mitigar la incertidumbre sobre el acceso futuro a este recurso natural.
Asimismo, se refirió a las transformaciones en el sistema de pensiones chileno, lo que podría impactar sobre la capacidad de las empresas nacionales para obtener financiamiento en el mercado local. “El sistema actual fomenta el ahorro nacional y es la principal fuente de financiamiento local para los proyectos de inversión a largo plazo que utilizan muchas empresas del país”.
Los activos del sistema previsional representan cerca del 60% del PIB de Chile. “Los detalles sobre el futuro sistema contenidos en la nueva Constitución Política son vagos, no obstante, los cambios descartarían la continuación del actual sistema de pensiones, gestionado por empresas privadas”, concluye Fitch.
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