San Pedro Sula — El Estado de Honduras asumió este lunes la responsabilidad internacional por la muerte de Vicky Hernández, una mujer trans, trabajadora sexual y defensora de derechos humanos, asesinada en el marco del toque de queda decretado a raíz del golpe de Estado contra el entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales en junio de 2009.
El acto simbólico se desarrolló en San Pedro Sula, frente a la sede de la organización defensora de los derechos humanos de la población trans Colectivo Unidad Color Rosa, de la cual Hernández, de 26 años, era una activista reconocida.
A la ceremonia asistieron el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina; la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque; la presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, Kerry Kennedy; el subprocurador de Honduras, Tomás Andrade; la coordinadora de la organización hondureña LGBTIQ Cattrachas, Indyra Mendoza; la activista del Colectivo Unidad Color Rosa, Gabriela Redondo; la madre de Vicky Hernández, Rosa Argelia Hernández y otros.
En marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró que el Estado de Honduras es responsable por la violación al derecho a la vida y a la integridad personal en perjuicio de Vicky Hernández, siendo la primera vez que se determinó la responsabilidad de un Estado en la muerte de una persona trans.
“Solicitamos públicamente el perdón por este terrible hecho”, dijo la presidenta Xiomara Castro de Zelaya en un mensaje transmitido vía Zoom. La mandataria agregó que su gobierno se compromete, como medidas de reparación, a publicar la sentencia de la Corte-IDH y su resumen, al igual que promover y continuar las investigaciones sobre el asesinato de Hernández
También otorgará una beca de estudios a Argelia Yojana Reyes Ríos, sobrina de la activista, al tiempo que crearán la beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans y el Estado realizará un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras.
Avances en materia de derechos LGBT
Castro de Zelaya dijo que el Estado adoptará “un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, que permita a las personas adecuar sus datos de identidad en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género”, al tiempo que será puesto en práctica un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad estatal.
Como resultado de la sentencia de la Corte-IDH, el Estado hará un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia.
También, el Estado “diseñará un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI y se pagarán las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones, costas y gastos”, anunció la presidenta hondureña.
“Durante doce años vivimos una pesadilla en Honduras como resultado de la improvisación en el poder de una cleptocracia voraz que permitió y propició la infiltración del narcotráfico en las estructuras del Estado que produjo corrupción en gran escala, impunidad y represión como nunca se había experimentado”, agregó la mandataria.
Castro de Zelaya añadió que “la verdad debe servir como ejemplo a las futuras generaciones, los hechos ocurridos y derivados del golpe de Estado en Honduras no deben volver a repetirse”.
Marcar un precedente
Según la sentencia de la IDH, en la época en la cual tuvo lugar la muerte de Vicky Hernández, existía un contexto general de discriminación y violencia contra personas LGBTI en Honduras, crímenes motivados por prejuicios, primordialmente provenientes de agentes policiales y elementos seguridad.
“Honduras enfrenta retos en materia de garantía, de protección, promoción de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. En razón de ello y considerando lo ordenado por la Corte Interamericana, el Gobierno pretende desarrollar políticas encaminadas a revertir situaciones discriminatorias”, dijo el subprocurador.
Referente al reconocimiento de la identidad de género, Andrade explicó que el Estado está trabajando en dicho procedimiento, que permitirá a las personas adecuar sus datos en los documentos de identidad y registro público.
“Para esto ya estamos trabajando en el protocolo con el apoyo de organizaciones de internacionales de la cooperación, para que los comisionados del Registro Nacional de las Personas (RNP) hagan sus gestiones ante el Congreso Nacional”, explicó el subprocurador.
Al respecto, la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), anunció su compromiso de apoyar desde el Legislativo cualquier iniciativa de ley referente a garantizar los derechos de las personas LGBT.
En atención a la recomendación de la Corte Interamericana en la sentencia, el RNP solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la asistencia técnica para la normativa nacional y reconocer la identidad de género para las personas trans.
En la actualidad, el Estado de Honduras cuenta con el acompañamiento técnico del Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA). Por otro lado, en aras de garantizar el acceso a la justicia para las personas LGBT, están en proceso de formulación diferentes proyectos con la cooperación internacional, encaminados al diseño e implementación de sistemas de recopilación de datos y cifras vinculadas contra la población LGBT, además de protocolos y administración de justicia para procesos penales para casos en perjuicio contra dicha población, detalló Andrade.
Una hija y una amiga
Vicky Hernández nació el 21 de septiembre de 1983 en San Pedro Sula. Estudió hasta sexto año de la educación primaria antes de verse obligada a dejar sus estudios para empezar a trabajar y apoyar económicamente a su madre y contribuir con los gastos educativos de su sobrina, señala la sentencia de la IDH.
“Todos somos humanos y no nos creemos mejor que otros. Tenemos que amar a nuestros hijos como sean. Para mi fue difícil pasar por esto, la muerte que le dieron a ella. No más discriminación”, dijo su madre.
La activista Gabriela Redondo recordó a Vicky “como un gran ser humano que ha dejado huellas en cada uno y una de nosotras”, y cuyo legado “ha marcado un hito histórico para el movimiento LGBT en Honduras”.
Hernández fue asesinada entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, en San Pedro Sula. La Corte-IDH constató que “existían indicios de participación de agentes estatales”. Según la red lésbica Cattrachas, el año pasado hubo 26 muertes violentas de personas LGBT en Honduras.
