San Pedro Sula — Tras décadas de ser parte del desayuno de millones de familias hondureñas, The Kellogg Company (K) está imposibilitada desde hace más de un año de vender sus cereales en el mercado local, según una disposición de las autoridades judiciales.
La historia de por medio se remonta a octubre de 1972, cuando la compañía multinacional agroalimentaria estadounidense firmó con Diapa (Distribuidora de Productos Alimenticios) un contrato privado de distribución y representación de la marca Kellogg en Honduras.
La relación contractual contribuyó a que Diapa se convirtiera en la distribuidora de productos de consumo más grande del país, con un catálogo de más de 2.500 productos alimenticios, de limpieza, cuidado personal y otros más a su disposición.
También, “esta relación hizo crecer a la marca en Honduras, al punto que no es cualquiera el que mantiene desde 1972 una relación contractual, pero eso empezó a cambiar por el año 2014 y nosotros nos enteramos de ello en 2017″, dijo Juan Diego Lacayo González, director de JDL Abogados, una de las firmas de abogados que asistió a Diapa durante el proceso legal.
En entrevista con Bloomberg Línea, el profesional del derecho explicó que, para 2017, los abogados de la distribuidora se enteraron que Kellogg había nombrado a terceras empresas que estaban distribuyendo los mismos productos de los cuales Diapa tenía exclusividad en el país.
Según representantes legales de la distribuidora, la compañía multinacional le empezó a vender directamente a todos los competidores que tenía Diapa, provocando que a la empresa hondureña se le venciera el producto en bodega y por ende, bajaran sus índices de venta.
“Claramente nos dimos cuenta que había una dualidad y que alguien en el engranaje de Kellogg había decidido que para estos mercados, en los que los contratos eran de larga data, había que incumplirlo, básicamente, para que el mercado se fuera aumentando y el consumidor pudiera tener otras opciones que no necesariamente le querían dar a Diapa”, agregó Lacayo González.
Hace 50 años, Honduras tenía 2.8 millones de habitantes y eran muy pocas las compañías con el músculo financiero suficiente para comprar volúmenes de productos. Sin embargo, el escenario cambió en la medida que la población creció y el país empezó a registrar más movimiento comercial.
“La evolución del mercado en el mundo nos ha llevado a que las representaciones exclusivas sean incómodas”, dijo el abogado Lacayo González. “Como una medida que viene de la directriz de la sociedad matriz (de Kellogg) se decidió eliminar todos esos contratos exclusivos y así fueron país por país, eliminándolos, hasta que en Honduras quisieron hacerlo a la brava”.
Proceso legal de por medio
En 2019, Kellogg de Centroamérica promovió una demanda contra Diapa ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).
En ella solicitó determinar el incumplimiento contractual por parte de la distribuidora y declarar si procedía la terminación por causa justa del contrato privado de representación y distribución en Honduras, el pago de una indemnización de US$16.6 millones por perjuicios, así como la cancelación de costos, costas y gastos del proceso legal por parte de la distribuidora.
Sin embargo, el fallo exigió a la multinacional restablecer la exclusividad pactada a favor de Diapa en la distribución de sus productos en el mercado hondureño, como contemplaba los términos del contrato.
Al presentar el recurso de nulidad el 12 de enero de 2021, esta vez ante la Corte Primera de Apelaciones Civil del Poder Judicial, en Francisco Morazán, Kellogg expresó su preocupación por las pérdidas económicas generadas por incumplimiento de contrato.
A ello, se sumó la falta de producto suficiente para abastecer al mercado hondureño, la aplicación incorrecta de descuento de notas de crédito sin autorización y la supeditación del pago a la emisión de notas de crédito cuando no se había autorizado descontar o rebajar montos que no habían sido efectivamente operados.
La compañía agregó que la distribuidora había generado gastos por 27.820 dólares, unos 681.868 lempiras (HNL), por atrasos en puertos ante la falta de pagos de los gastos de aduana. También, informó del envío de imágenes digitales de supuestos pagos que se reflejaban en el sistema semanas o meses después y falta de cumplimiento del contrato de distribución y de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, normativa que data de diciembre de 1977.
Ante ello, Kellogg adujo que el pobre desempeño en ventas, la falta de pago y la mala atención de clientes por parte de la distribuidora estaba afectando su reputación.
No obstante, la distribuidora demostró que Kellogg incumplió la cláusula de exclusividad geográfica acordada, al comprobar que empresas socias del conglomerado importaban a Honduras, por medio de terceros.
Para ello, suprimieron la marca de los empaques de los productos y alteraron el nombre distintivo de tres de sus cereales más comercializados en el país: Corn Flakes, Choco Krispis y Zucaritas, esto para, aparentemente, eludir riesgos de la detención de los artículos en las aduanas, quienes se percataron que los productos provenían de la planta de Kellogg en Toluca (Pronumex), la misma fabricante de los cereales.
La Corte de Apelaciones determinó que la multinacional incumplió con sus obligaciones y por lo tanto, no podían exigirla de la otra parte. Ante ello, declararon sin lugar la demanda. Según las autoridades judiciales, los recurrentes no lograron acreditar ninguna de las causales alegadas en el recurso de nulidad.
¿Por qué no pueden comercializar en Honduras?
Dentro de los procesos del arbitraje, Kellogg pidió al juez una medida cautelar que consistía en que Diapa no pudiera introducir ni vender el producto en Honduras, es decir, una suspensión de la condición de distribuidor exclusivo, vigente durante todo el proceso legal.
Sin embargo, cuando se emitió el fallo absolutorio, el Tribunal de Sentencia decretó otra medida cautelar, en la que indica a Kellogg que, mientras no cumpla lo que se le sentenció y mientras no restaure la relación de distribución exclusiva con Diapa, no podrá comercializar el producto, puesto que la distribuidora es la única autorizada para hacerlo.
“Esa es la razón por la cual en Honduras no hay ni va haber producto Kellogg, por lo menos desde la perspectiva legal, mientras no se cumpla la sentencia en todo su esplendor”, explicó Lacayo González.
¿Qué dice Kellogg al respecto?
En entrevista con Bloomberg Línea, el director de Asuntos Corporativos de Kellogg Latinoamérica, Roberto Vásquez, dijo que “desafortunadamente para nuestros consumidores hondureños”, la compañía “ha sido objeto de resoluciones manifiestamente parcializadas, únicas en los más de 180 países donde operamos, que atribuimos a la influencia que el distribuidor local Diapa ha ejercido”.
El ejecutivo agregó que públicamente el distribuidor “es reconocido por haber disminuido al mínimo sus operaciones, incumplir de forma amplia sus obligaciones con sus clientes y afectar a sus proveedores, trabajadores y otros concedentes, muchos de los cuales tienen también acciones legales que preceden a las que mantienen Kellogg y Diapa”.
De acuerdo con Vásquez, ven con preocupación que las leyes locales apoyen “a este tipo de compañías e impidan el crecimiento económico y comercial del mercado hondureño”.
Pese a que en la actualidad están obstaculizados para atender el mercado hondureño, la compañía expresó su interés por regresar a Honduras, promover la inversión, los empleos y una mejor alimentación entre los consumidores nacionales.
“Hay muchos procesos legales entre Diapa y Kellogg respecto a los que, por estar muchos de ellos en transcurso, no es posible ahondar, pero podemos reafirmar, con toda convicción, que la compañía siempre será respetuosa de cumplir con la ley, haciendo valer en todo momento sus derechos ante las instancias que corresponda y que se lo permita la legislación hondureña”, dijo Vásquez.
La multinacional agregó que esperan ver cambios en el Estado de Derecho, “dada la protección que hemos visto se le concede a una compañía local objeto de tantas demandas de tantos sectores”.
La situación actual de Diapa
Debido al conflicto con quien era uno de sus principales socios, Diapa, fundada en San Pedro Sula en 1966, actualmente está “debilitada” financieramente hablando. “El único que nos ha protegido es la Ley”, dijo el abogado Lacayo González.
En tanto, la distribuidora tiene al menos unas 20 demandas en el Poder Judicial, sumado a otros procesos ante el Juzgado de Letras del Trabajo y reclamos recientes hechos por trabajadores de la distribuidora, quienes a través de un plantón en junio de 2021 y que cubierto por medios de comunicación nacional, denunciaron pagos de salario atrasados y el incumplimiento de otros derechos laborales.
