San Pedro Sula — En cadena nacional de radio y televisión, en la noche del domingo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, se dirigió a la ciudadanía, para dar un discurso a propósito de los primeros 100 días de gobierno.
En ese espacio, de un poco más de 20 minutos, la mandataria defendió y reiteró su respaldo a la Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, normativa que concede “amnistía general, amplia e incondicional” a funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración de José Manuel Zelaya Rosales, quien es esposo y asesor de la mandataria hondureña.
“La amnistía ha sido cruentamente atacada, especialmente, por aquellos que apoyaron el Golpe de Estado y siempre se postraron ante el fascismo mientras masacraban y condenaban a patriotas y luchadores”, refirió la presidenta.
La amnistía, que fue la primera ley aprobada por el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo, incluye a las personas que fueron “víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados”, según el decreto ya publicado en La Gaceta.
Diferentes sectores, entre ellos, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), consideraron que la amnistía es un nuevo pacto de impunidad para servidores públicos del período 2006 a junio de 2009, al beneficiar a funcionarios que para la época del golpe de Estado cometieron delitos de lavado de activos, apropiación indebida de bienes, malversación de caudales públicos, hurto y otros. Algunos fueron judicializados y otros están prófugos.
“Aprobamos una Ley de Amnistía que ha permitido el retorno a la patria a varias decenas de hondureños y hondureñas perseguidos sin justificación alguna por los tiranos del régimen dictatorial que nos desgobernó en los últimos tiempos”, dijo en su discurso la presidenta Castro de Zelaya.
Contexto nacional e internacional
La presidenta aseguró que la actual administración heredó una deuda superior a los US$20.000 millones. “Gran parte de este dinero no se encuentra o está en bolsillos particulares, amparados por decretos ejecutivos, legislativos y sentencias judiciales que se dedicaron a saquear el Estado”, agregó.
A ello, añadió, que Honduras ha sido usado como laboratorio “para poner en práctica el plan de desmembramiento del territorio y la nación” y dar lugar a pequeños territorios o sociedades anónimas, como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), “donde imparten la ley de saqueo, el capital transnacional, la voluntad del amo... una especie de nuevo colonialismo esclavista en pleno siglo XXI”.
Con relación al proceso de extradición del presidente saliente, Juan Orlando Hernández Alvarado, la mandataria mencionó que ello confirma que desde el mismo Estado se organizó un cartel que operó sus estructuras desde 2004 “para financiar fraudes electorales y la reelección ilegal secuestrando la voluntad del pueblo”. Por ello, indició, la recuperación del país “requiere del esfuerzo continuo de todos los hondureños”.
Sumado al escenario nacional, “las condiciones graves que encontramos se vuelven más difíciles cuando explota en el contexto mundial la guerra en Ucrania”. La presidenta recordó que los combustibles han alcanzado máximos históricos, adicional al aumento en el costo de transporte, fletes y alimentos. “Situación que nos obliga a tomar medidas de emergencia en materia de seguridad alimentaria y energética”.
La visión social del Gobierno
Con relación a la reformulación y aprobación del presupuesto general de la República para el actual ejercicio fiscal, Castro de Zelaya dijo que era importante “para desenredar la maraña construida y heredada por el régimen anterior”, al tiempo que el nuevo proyecto plasma “la visión social”, a través de la cual pretenden generar más de 100.000 nuevos empleos en el transcurso de 2022 al 2023. “Nuestra tarea es apoyar la creación de nuevos puestos de trabajo y de una economía saludable para el pueblo que nos saque del fango”.
Según la mandataria, su administración está en la línea de incentivar “toda la energía creadora” de agricultores, sector social de la economía, sector informal y empresa privada, “para formular y financiar cientos de proyectos, para los cuales ya estamos evaluando y planificando su inversión en los meses siguientes”.
La titular del Poder Ejecutivo enfatizó la apuesta de su administración por el desarrollo industrial y tecnológico, “así como el desarrollo del campo, que debe producir todo nuestro sustento”.
La mandataria recordó que en su plan de Gobierno se propuso el rescate de instituciones públicas, como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y otras.
Puntualmente sobre el rescate financiero de la Enee, la presidenta recordó que ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley que reconoce la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.
En su criterio, la estatal “no puede ser vendida ni alquilada, ni enajenada por particular alguno. Vamos a renegociar transparentemente los precios de los contratos de suministros de energía”. Según la presidenta, todas las empresas involucradas en el negocio de la energía eléctrica “tienen ganancia. La única que pierde es la Enee”.
Con relación a la producción agrícola, Castro de Zelaya dijo que recurrirán a una revisión minuciosa del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), “pues limita seriamente nuestra libertad para alcanzar soberanía en esos sectores trascendentales, para mejorar la calidad de vida de nuestra población”.
Cambios en la estructura y promesas pendientes
La actual administración gubernamental creó la Secretaría de la Mujer, con el fin de brindar una institucionalidad sólida para las demandas de mujeres y niñas. “Junto al Congreso Nacional hemos comenzado los diálogos para la aprobación de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, para superar las altas tasas de femicidio y violencia que heredamos del régimen”, aseguró la presidenta.
También recordó la recién creación de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como parte del proceso que incluye la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), al tiempo que aprobaron la supresión de varios gabinetes sectoriales y entes “con funciones similares y escasa o nula coordinación, que únicamente sirvieron a la desintegración de conceptos primordiales de administración”.
Respecto a salud, la mandataria prometió promover la vacunación masiva, impulsar un proyecto de producción de genéricos y fármacos del cuadro básico y el fortalecimiento de la medicina preventiva, “en cumplimiento con la cobertura de cuatro nuevos hospitales, proyectos de agua potable y todo lo relativo a la salubridad”.
Referente a educación, un 70% de los escolares y colegiales del sistema público ya han iniciado sus clases presenciales. “Vamos caminando con la reconstrucción de las escuelas y centros básicos, apoyaremos proyectos para la dotación de agua y condiciones de salubridad”, aseguró.
Castro de Zelaya aseguró que extenderán al resto del país un programa masivo de reforestación y protección de cuentas y subcuentas, que ya ha iniciado en Olancho, El Paraíso, Colón y La Mosquitia (Gracias a Dios). “La protección de los recursos naturales es una de mis prioridades, igual que la defensa irrestricta de los derechos humanos”, añadió.
