Ciudad de Panamá — Más de tres semanas han transcurrido desde que Bloomberg Línea le envió un cuestionario a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) respecto a las contrataciones millonarias para la limpieza de dos derrames de hidrocarburos, sin embargo la AMP no ha contestado. Por el mismo tema, este jueves 12 de mayo, la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental del Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos (SALA) efectuará una audiencia pública.
SALA es un espacio dentro del capítulo ambiental del tratado, que promueve la participación ciudadana a través de la obtención de información y abrió un proceso de hechos debido a que la Fundación para la Protección del Mar (Promar) también solicitó a la AMP, desde agosto de 2020, información sobre la capacidad de la entidad para el manejo de estos derrames de hidrocarburos en el medio marino y no fue contestada por lo que se investiga una posible violación a la legislación ambiental.
A su vez, a raíz de la publicación en abril de dos contrataciones directas para la limpieza de derrames por la suma de $9.5 millones en isla Galeta, -en la entrada del Canal de Panamá -y otro en Gatún, provincia de Colón, Bloomberg Línea le consultó a la AMP si se habían sancionado a los causantes de la contaminación, la razón de las contrataciones directas y el precio, detalles de los informes técnicos y del manejo del Fondo Especial de Contaminación con Hidrocarburos Provenientes de Fuentes Terrestres o Marítimas, entre otras preguntas, pero la autoridad no respondió.
Las contrataciones y apertura del proceso coinciden con los señalamientos públicos del abogado especialista en derecho ambiental, Harley Mitchell, que indicó que se está registrando una “epidemia de derrames” de hidrocarburos y que se conjuga con lo que calificó como “secretismo” de la AMP respecto a los detalles de las contrataciones.
“Todo lo que ha sido el derrame de petróleo en isla Galeta se ha manejado muy calladamente. Ha sido casi imposible averiguar quién lo causó, dónde, cuándo, cuán grave ha sido”, afirmó el investigador Stanley Heckadon, del Smithsonian Tropical Research Institute, cuyo laboratorio marino opera en dicha isla.
EL PROCESO Y LAS AUTORIDADES DE EEUU
Bethzaida Carranza, directora ejecutiva de la citada Secretaría, explicó que el accionar de la SALA permite que cualquier ciudadano, que perciba que no se está dando cumplimiento a las normas ambientales, pueda presentar una comunicación dando a conocer su insatisfacción.
Para ello, primero se necesita haber acudido a las entidades que tratan la materia ambiental, en el caso de Panamá el Ministerio de Ambiente, haber puesto en conocimiento cuál es esta situación donde se está dando el posible incumplimiento de la legislación ambiental y transcurrido el tiempo se abre la investigación.
De no haber una respuesta en un tiempo estimado, el ciudadano puede acercarse a la Secretaría y “solicitamos nuevamente la información a la institución correspondiente y una vez recibida el país, en este caso Panamá, tiene un término de 45 días para responder cuál ha sido el procedimiento que se le ha dado a la solicitud hecha por el público”, explicó Carranza.
Si dentro de los 45 días no hay una comunicación de parte de la entidad, o si la respuesta es extemporánea, incompleta o no atiende a la consulta ciudadana, “nosotros podemos sugerir al Consejo de Asuntos Ambientales, integrado por representantes de Estados Unidos (EEUU) y Panamá, la recomendación de que se dé la apertura de un expediente de hechos” lo que ocurrió en este caso.
Este expediente de hechos es un documento que busca rendir información de manera objetiva de lo que ha ocurrido, sin ser un proceso contencioso, pues no va a llevar ni a una multa ni a una suspensión concreta, debido a que para ello existe el procedimiento de las entidades competentes.
Promar presentó la solicitud a la AMP en el 2020 luego de que se diera el derrame de una embarcación en la cual pedía información sobre cómo se atienden los accidentes de derrame, con qué equipos se atienden y con qué frecuencia se dan los entrenamientos, entre otros planteamientos.
Así como lo hicieron en el 2020 también lo hicieron el año pasado, sin obtener respuestas, por lo que la comunicación fue presentada ante SALA, indicó Carranza.
Añadió que la respuesta que entregó la AMP fue una nota que hizo referencia a los derrames, sin identificar a los responsables y “sin aportar más nada”, por lo que se hizo la recomendación de la apertura del expediente.
“El capítulo ambiental está orientado a generar cooperación ambiental entre los países, se tienen 120 días para integrar el expediente, se convoca a audiencia pública, se envía al Consejo de Asuntos Ambientales […] y se pueden dar recomendaciones por parte del Consejo a la comisión de cooperación ambiental que existe entre Panamá y Estados Unidos en virtud del acuerdo[…] Esto puede incluir recomendaciones de mecanismos de monitoreos y ajustes de políticas de cómo se puede aplicar mejor la legislación ambiental” explicó Carranza.
