Ciudad de México — La reforma laboral en México entró en cuenta regresiva de un año para cumplir con las exigencias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): democratizar a los sindicatos, acabar con los contratos de protección y erradicar la simulación en las negociaciones colectivas.
El Gobierno mexicano deberá concluir en octubre próximo la implementación del nuevo modelo de justicia laboral en todo el país, lo que implica hacer de la conciliación la regla para resolver las demandas laborales y jubilar a las juntas de conciliación y arbitraje para transitar a tribunales del Poder Judicial.
Mientras que los sindicatos deberán legitimar sus contratos colectivos de trabajo a más tardar el 1 de mayo de 2023 vía la consulta a los trabajadores; se trata de un proceso que es angular para Estados Unidos porque es el filtro para detectar contratos de protección patronal y garantizar la libre negociación colectiva.
General Motors, en la planta de Silao, y Tridonex, en Matamoros, son dos empresas que pusieron a prueba la reforma laboral y estuvieron bajo la lupa de Estados Unidos desde 2021, luego de que la administración de Joe Biden se quejó con las autoridades mexicanas de que en esas fábricas había denuncias de violaciones a la libertad sindical.
Sindicatos independientes apelaron al nuevo marco laboral y en el primer trimestre de 2022 le ganaron a la corporativista Confederación de Trabajadores de México (CTM) la representatividad de los trabajadores de esas empresas y ahora, ya legitimados, pelean mejores condiciones laborales.
Sin embargo, estos son casos excepcionales. La mayoría de los trabajadores son apáticos con la reforma laboral en materia de justicia a pesar de que el 2 de mayo cumplieron tres años de haber entrado en vigor. El desinterés no es casual.
De una población ocupada de 56,6 millones al cierre de 2021, de acuerdo con datos del Inegi, solo 6% de trabajadores tuvieron un sindicato que negociara salario y prestaciones, según estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La gran mayoría de los trabajadores en México no tiene sindicatos y aun los sindicalizados desconocen en qué consiste la reforma laboral y cómo funciona el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) que sustituirá a las juntas de conciliación.
Las propias autoridades reconocen que la fuerza laboral, principalmente los jóvenes, no se siente identificada con el sindicalismo mexicano.
Jorge Sales Boyoli, socio de la firma Littler, afirma que hasta ahora la reforma laboral poco ha cambiado la posibilidad del ejercicio de los derechos humanos laborales en el país, al menos para la mayoría de la población trabajadora mexicana.
Las prórrogas del nuevo sistema de justicia laboral
La implementación del nuevo sistema de justicia laboral ha avanzado entre prórrogas y ajustes sobre la marcha. La pandemia afectó el ritmo de la implementación, pero antes del gran confinamiento la reforma ya presentaba trabas en aspectos operativos en el Centro Federal.
El nuevo sistema se diseñó en tres etapas, mismas que han sufrido prórrogas respecto de las fechas originales de inicio de operaciones. La primera etapa entró en vigor en 8 estados en noviembre de 2020, aunque originalmente comenzaría un mes antes.
La segunda entró en vigor en 13 estados en noviembre de 2021, un mes después de lo programado, y la tercera etapa entraría en vigor el 1 de mayo de 2022, pero el Congreso avaló una prórroga para que el nuevo sistema de justicia inicie operaciones en octubre.
La tercera etapa es calificada por las autoridades mexicanas como un “reto gigantesco”, ya que se trata de 11 estados de los más grandes del país, con más conflictividad y donde hay presencia de industria manufacturera y automotriz vinculada a Estados Unidos.
“Tenemos el reto de que este sistema de justicia funcione”, expresó Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo.
Jorge Sales Boyoli apuntó que en ninguno de los estados de la primera fase donde opera ya el Centro a nivel local existe información pública, abierta y de fácil acceso sobre el estado de operatividad y tipos de casos atendidos. Tampoco hay informes de trabajo oficiales que muestren el avance.
“La implementación de la reforma se vislumbra como lenta, contradictoria y opaca en varios de sus aspectos claves. Las nuevas instituciones presentan problemas en su consolidación inicial”, afirmó el abogado.
Aun más. La primera tarea que debían realizar los sindicatos consistía en modificar sus estatutos para integrar el voto personal, libre, directo y secreto como la puerta de entrada de las organizaciones a la democracia sindical.
Los estados de la primera etapa deberían estar al 100% en el cumplimiento de ese requisito de la reforma, pero los datos disponibles de la Secretaría del Trabajo muestran que solo los sindicatos de San Luis Potosí cumplieron en su totalidad la adecuación de los estatutos.
De las entidades de la tercera etapa, que es la próxima a echar a andar, Ciudad de México tiene un avance del 100% en la modificación de estatutos, seguido de Chihuahua con 68% y en tercer sitio Jalisco con 66%.
Saúl Escobar, investigador del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, señala que persiste la falta de conocimiento y experiencia de los trabajadores respecto del nuevo sistema laboral como el camino a la democracia sindical, aunque consideró que debe tomarse en cuenta que la reforma se ha implementado en medio de una pandemia.
Junto con los plazos originales de las etapas, el Centro Federal entraría en operaciones de forma paulatina en sus funciones de registro de sindicatos, contratos, reglamentos y documentos.
Sin embargo, se decidió adelantar los plazos por presión de Estados Unidos, por lo que a partir del 1 de mayo de 2021 la Secretaría del Trabajo dejó las funciones de legitimación de contratos colectivos para cederlas al nuevo Centro.
Además, la sede central estuvo lista hasta julio de 2021, los meses previos el personal ocupó oficinas de la Secretaría del Trabajo.
El reto de la legitimación
La legitimación de los contratos colectivos es la señal que necesitan Estados Unidos y Canadá, como muestra de que se está cumpliendo con el T-MEC y que se está transitando de contratos de protección a “contratos vivos” con el respaldo de los trabajadores.
“La razón de ser de la reforma laboral no se va a concretar del todo mientras los trabajadores no se apropien de ella”, admite Luisa María Alcalde.
La secretaria advierte que México está a un año de que se venza el plazo para que los sindicatos concluyan la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, a la fecha suman alrededor de 4.000 contratos legitimados, pero en el país hay identificados medio millón de contratos.
Esto quiere decir que apenas 1% de los contratos han sido reconocidos por los trabajadores a través del voto personal, libre, directo y secreto.
El objetivo original de la Secretaría del Trabajo era que por lo menos 15% del total de los contratos se legitimen, lo que implicaría que el resto de los contratos eran potencialmente contratos de protección patronal.
La autoridad estaba cómoda con ese porcentaje, pero ahora, a un año de que se venza el plazo y ante el lento avance, la Secretaría del Trabajo comienza a presionar a los sindicatos -y convencerlos- para acelerar la legitimación.
“Habrá contratos que no se van a legitimar, eso es evidente (pero) habrá todo un terreno fértil de contratos colectivos que no se hayan legitimado y que habrá que reconquistar esos terrenos”, dijo en un foro sobre movimiento sindical y la reforma laboral en el contexto del Día del Trabajo.
Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de Telmex y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), dijo que Alfredo Domínguez, director general del Centro Federal, podría enviar una iniciativa al Congreso para retrasar el plazo para la legitimación de contratos colectivos.
“Si no se hace este proceso me parece que puede estar en riesgo la reforma. Es una oportunidad que va a perder no solo el Gobierno sino el país”, dijo el lider de los telefonistas.
Tayde González, integrante del comité central de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), dijo que apoyarían una prórroga para la legitimación de contratos. “No estamos en contra de la reforma, nos estamos adaptando a una normativa, pero situaciones ajenas a nuestra voluntad nos han retrasado”.
El abogado laboralista Arturo Alcalde alertó que la baja legitimación de contratos puede conducir a una sequía contractual y una resistencia de empresas para firmar nuevos contratos. “El sindicalismo debe ofrecer focos de atracción. Necesitamos reinventarnos”.
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