Ciudad de Panamá . - — La auditoría del caso Pandeportes, donde el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) entregó $39 millones en subsidios a 137 organizaciones deportivas, pero solo las que contaban con un político en su nómina recibían el grueso de los fondos “representa con claridad el descalabro de la institucionalidad del país”, estimó Lina Vega, presidenta de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.
Sus palabras se dan luego de que Bloomberg Línea diera a conocer que la auditoría final de la Contraloría General de la República tuvo dos resultados opuestos cuando investigó las dos federaciones que más dineros recibieron: la Federación Panameña de Baloncesto y la Federación Panameña de Béisbol.
En la primera relacionada al exdiputado Adolfo Valderrama, del opositor partido Panameñista, se determinó “perjuicio” al Estado por $233mil”, mientras que en la segunda, presidida por el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, no hubo perjuicio porque la federación devolvió $272 mil, e “incorrecciones administrativas” por $3.9 millones.
Vega criticó la “indiferencia” que en este caso ha tenido el contralor general de la República, Gerardo Solís, lo que en su opinión se traduce en “complicidad por parte de las instancias de control, los conflictos de intereses y la ausencia de justicia”.
En este sonado caso, en el que diputados y políticos de todos los partidos solicitaron fondos millonarios para implementos y actividades deportivas, pero que no consta que llegaron a los beneficiados, 11 personas han sido acusadas y llamadas a juicio por el Ministerio Público, luego de casi cuatro años.
Al parecer este es un juego de cero hit, cero error y cero carrera a favor de Robinson, quién no fue acusado ni llamado a juicio, a pesar de que es uno de los firmantes de los cheques de la federación.
Robinson lidera las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional y además es considerado como el verdadero poder político en Panamá.
“Es lamentable que en nuestro país no podamos tener la madurez de entender el impacto negativo que produce la impunidad y la selectividad de los casos de corrupción de funcionarios públicos de carrera, cargos de elección popular o designados por el Ejecutivo”, señaló por su parte la Coalición Panameña Pro Deportes.
Esto, añade la organización, deja entrever que las instituciones del Estado no tienen la independencia ni la capacidad para hacer valer el peso de la justicia sobre aquellas personas que estén involucradas en casos de corrupción, lavado de dinero y desfalco al erario público.
Una democracia no puede prevalecer bajo estas circunstancias, apuntó por su parte la presidenta de Transparencia Internacional.
Estas “incorrecciones” de la Fedebeis son aportaciones de Pandeportes sin el detalle de uso o informe económico, desembolsos sin descripción y fecha de la actividad, y la Contraloría no definió el uso de $2 millones del “programa de masificación” porque no investigó a los promotores deportivos, quienes no tienen como evidenciar la entrega de los implementos, cita la auditoría.
El contralor Solís se ha negado en varias oportunidades a dar respuestas a las interrogantes que han surgido en este caso, sobre todo el por qué los auditores no concluyen quién fue el beneficiario de los implementos o si hubo alguna limitación para determinar si los dineros de la Federación de Béisbol se utilizaron para adquirir y entregar implementos.
De igual manera, no respondió a los cuestionamientos sobre por qué sí se determinó perjuicio en la auditoría de la Federación Panameña de Baloncesto, también envuelta en este caso, y no en el caso del béisbol, en la que incluso se devuelve el dinero usado de forma inapropiada, además de qué tipo de auditoría se aplicó.
“Es muy triste que en una investigación en la que políticos jugaron con fondos estatales para hacer politiquería a través del deporte sea investigada parcialmente para proteger a amigos del poder” indicó el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.
“La justicia idealmente es ciega y no ve banderas políticas. El entregar, como en la Fedebeis, varios millones sin saber a quienes fueron o a qué fueron, es gravísimo en un país donde hace falta tanto apoyo al deporte”, concluyó Vásquez.
Ni la Contraloría ni el Ministerio Público contestaron los cuestionarios de este medio enviados desde hace una semana.
