Ciudad de Panamá — Partido intenso. Luego de casi cuatro años de investigación, finalmente se conoció la solicitud de acusación y apertura de juicio por parte del Ministerio Público (MP) a 11 personas por un sonado caso en el que diputados y políticos de todos los partidos solicitaron fondos millonarios para implementos y actividades deportivas, pero que no consta su recepción.
Esta es una de las investigaciones más voluminosas del Sistema Penal Acusatorio, con más de 600 tomos, declarado por ello causa compleja, e implicó diligencias a lo largo y ancho del territorio nacional e incluso internacional, según fuentes judiciales.
La principal figura vinculada a este escándalo, el diputado oficialista del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, preside la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) y es uno de los firmantes de los cheques de esta federación. Robinson, quien es presidente del PRD, lidera las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional, y además es considerado el verdadero poder político en Panamá, no fue acusado. ¿Cuál es la razón?
La investigación de oficio, que surgió tras una publicación periodística en el diario La Prensa, es conocida como el “caso Pandeportes” porque el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) entregó $39 millones en subsidios a 137 organizaciones deportivas (2014 – 2018, periodo investigado), pero solo las que contaban con un político en su nómina recibían el grueso de los fondos.
De acuerdo con la Constitución Política de la República de Panamá y la ley orgánica de la Contraloría General de República (CGR) para probar lesión patrimonial en perjuicio del Estado la auditoría de la Contraloría juega un papel fundamental por lo que la Fiscalía Anticorrupción solicitó una segunda auditoría a la entidad -que quedó bajo la dirección del contralor Gerardo Solís, militante del PRD- toda vez que la primera, entregada en 2019 durante la pasada administración, había concluido únicamente en “incorrecciones”.
Tras el primer resultado la fiscal Leyda Sáenz pidió a la Contraloría “solicitar la rendición de cuentas de todos los fondos públicos que hayan sido transferidos a cualquier persona natural o jurídica…así como la verificación del uso que le dieron dichos entes deportivos a tales aportes económicos” y le recordó que en las resoluciones “se resuelve realizar diligencias tendientes a reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos”.
Curiosamente, en esta segunda auditoría los resultados entre las dos organizaciones deportivas que más fondos recibieron son como el tamaño de las pelotas que se requieren en sus disciplinas: diametralmente opuestas. En una se determinó “perjuicio económico” y en la otra se aceptaron devoluciones, y solo se citan “incorrecciones” e incluso no se investigó el destino final del dinero.
En la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) con $3.8 millones de fondos recibidos, la CGR concluyó “como resultado de la auditoría, determinamos perjuicio económico causado a Pandeportes por B./233,469.04″, producto de obra no realizada, facturas fuera del evento y otras que no detallan lo adquirido.
Por los dineros para baloncesto, a través de Fepaba, se vincula al exdiputado del Partido Panameñista, Adolfo Valderrama, por blanqueo de capitales en perjuicio de Pandeportes.
‘INCORRECCIONES’ A LA BAJA
Pero en el caso de la Fedebeis, que recibió la mayor cantidad de dinero, la auditoría se mantuvo en “incorrecciones”, pero ahora con una diferencia. Mientras que en la primera auditoría la cifra de incorrecciones era de $4.5 millones, de unos $10.6 millones entregados, en esta versión final la cifra se redujo:
El resultado de la auditoría fue “la devolución de $272 mil no ocasionando una lesión al patrimonio” y “se mantienen las incorrecciones administrativas por $3.9 millones”. Aquí no se determinó perjuicio, a pesar de la similitud de los hechos descritos con la Fepaba.
Estas “incorrecciones” son aportaciones de Pandeportes sin el detalle de uso o informe económico, desembolsos sin descripción y fecha de la actividad, y la Contraloría no ha definido el uso de estos dineros porque no investigó a los promotores deportivos, quienes no tienen como evidenciar la entrega de los implementos, cita la auditoría.
La auditoría además detalla asuntos de forma, como que las facturas comerciales incumplían con el Código Fiscal pero se mantiene sin determinar, más allá de los papeles, quien recibió los “$2.0 millones” supuestamente gastados en implementos que según entrevistas de la fiscalía nadie vio. Tampoco precisa si hubo una dificultad por parte de los auditores para poder determinarlo o si se hicieron entrevistas de campo.
Bloomberg Línea intentó, en al menos cinco llamadas, obtener la versión del Contralor General de la República, Gerardo Solís. También le envió el cuestionario a través de mensajería directa y contestó que se gestionara a través de relaciones públicas, departamento que tampoco respondió.
“¿A qué auditoría te refieres?” respondió Solís cuando se le dijo que se le contactaba por interrogantes sobre la auditoría del caso Pandeportes. Preguntó si era a la que hizo referencia un medio local que el 24 de septiembre del 2021 concluyó “¿Qué se cometieron incorrecciones, pero que no estimó lesión alguna para el Estado, efectuada durante el periodo del contralor Federico Humbert?”.
El funcionario no volvió a responder cuando, entre otras preguntas, se le cuestionó por qué los auditores no concluyen quién fue el beneficiario de los implementos o si hubo alguna limitación para concluir si los dineros de la Fedebeis se utilizaron para adquirir y entregar implementos, por qué sí se determinó perjuicio en la auditoría de la Fepaba y no en el caso del béisbol en la que incluso se devuelve el dinero usado de forma inapropiada, además de qué tipo de auditoría se aplicó.
TODO TIENE QUE INVESTIGARSE, RECALCAN EXCONTRALORES
Los excontralores José Chen Barria y Alvin Weeden coincidieron en que el deber de la Contraloría es investigar todo y concluir tanto en la forma como en el fondo del uso del dinero público.
Sin embargo, para el programa de masificación deportiva en el que según la Fedebeis se destinaron $2 millones y los implementos estuvieron “dirigidos” por nueve diputados y exdiputados no se determinó el uso de los dineros porque la Contraloría no investigó a los promotores deportivos , que en algunos casos eran los asistentes de los diputados.
Estos $2 millones son parte de las “incorrecciones”, a pesar de que, según las normas de la CGR y de Pandeportes los subsidios económicos que reciben las organizaciones deportivas son para respaldar exclusivamente actividades de deporte de competencia y alto rendimiento, y no como en este caso de masificación.
El excontralor Chen Barria explicó que para probar peculado se tiene que aplicar una auditoría forense. En esta auditoría tampoco se especifica cuál fue la practicada, ya que tampoco lo indica el informe de la CGR, como sí se reportaba en casos anteriores. El contralor Solís también evitó responderlo.
La Contraloría debe detallar en su informe la forma en la que se sustraen los fondos públicos y es al Ministerio Público al que le toca calificar el delito, explicó Alvin Weeden, quien añadió que “en el caso del peculado la devolución del dinero te da el derecho a la reducción de la pena, pero no te releva del cargo”. Indicó que esto aplicaría para la Fedebeis, que devolvió parte de los dineros que se usaron para fines no autorizados.
NUEVOS DIPUTADOS SE SUMAN AL CASO
En esta auditoría salen a relucir nuevos nombres de diputados y exdiputados, que según la Fedebeis “dirigieron el programa de masificación” con montos y parte de su personal como los receptores de los bates, manillas, suéteres y otros insumos deportivos que sumarían los $2 millones, pero cuyo destino final no consta.
Sin embargo, ni el Ministerio Público ni la CGR respondieron porqué no presentaron este informe de auditoría ante la Corte Suprema de Justicia, único ente en el país con la facultad de investigar a los diputados.
Se mencionaron por Panamá Oeste a la exdiputada Rosa Canto con $150 mil, por Bocas del Toro, el diputado Benicio Robinson con $355 mil, en la provincia de Panamá el exdiputado Iván Picota por $200 mil, el diputado Raúl Pineda con $455 mil; y el difunto diputado Diógenes Vergara por $270 mil.
En la provincia de Coclé el diputado Néstor Guardia con $60 mil, en Veraguas a los exdiputados Juan Poveda con $50 mil y Rubén De León con $120 mil, y en la comarca Ngäbe Buglé al exdiputado Jaime Pedrol, con $220 mil.
La Fiscalía Anticorrupción únicamente solicitó acusación contra Jaime Pedrol como “cómplice” del delito de peculado, dejando por fuera a los otros políticos que “dirigieron” la masificación.
Daniel Ramírez, abogado de Pedrol, contestó que es falso que su cliente dirigiera el programa de masificación y que lo único que hizo fue “solicitar ayuda para su circuito, si llegó o no lo tiene que probar el Ministerio Público”.
Por su parte, Pineda negó recibir los fondos de Pandeportes, pese a que su nombre figura en la descripción de los cheques, afirmando que únicamente solicitó los fondos para su circuito, a través de la Fedebeis. El resto de los políticos no atendieron las llamadas ni mensajes.
A Robinson se le dejaron mensajes en su celular, llamadas y las preguntas, en al menos seis ocasiones. Pese a recibirlos y reportarse “en línea”, no contestó.
Mientras tanto, entre las personas que el Ministerio Público solicitó acusar y llamar a juicio se encuentran Anibal Reluz, gerente general de la Fedebeis y Jair Peralta, presidente de la Fepaba, ambos por malversar fondos otorgados por Pandeportes para fines deportivos y por la compra de implementos que nunca fueron recibidos.
