San Pedro Sula — Diputados del Congreso Nacional inician este miércoles el primer debate de la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica social, un proyecto propuesto desde el Poder Ejecutivo para hacerle frente a la crisis en materia energética que afronta Honduras.
La normativa de 21 artículos resalta la renegociación de contratos de energía generada por térmicas, eólicas y solares, reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), construcción de represas de generación de energía con recursos renovables y para el control de inundaciones, y otra serie de medidas que en su conjunto pretenden rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
En tanto en la sesión legislativa del martes se dio lectura a la propuesta de Ley, la Secretaría de Energía (SEN) tuvo un segundo encuentro entre funcionarios y empresarios de energía hídrica y eólica, para avanzar con el proceso de renegociación de contratos de generación de energía.
Al terminar la reunión, el titular de la SEN, Erick Tejada, dijo en tuit que “aclaramos varios puntos sobre la reforma energética. Sin duda una buena parte del sector privado entiende sobre los aciagos 12 años que vivimos y, que hay que remar juntos con equidad hacia adelante”.
Sin embargo, otros sectores han expresado su preocupación sobre el contenido del proyecto de ley. Una ha sido la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura F. Dogu, quien a través de la misma red social comentó que están analizando la reforma energética, la cual consideran crítica para el desarrollo económico del país.
“Como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora”, agregó la diplomática.
En reacción, el secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Enrique Reina, citó el tuit y expresó a la embajadora que la reforma energética es urgente en respuesta a la corrupción y pobreza heredada de la administración anterior. “Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EE.UU.”, añadió.
Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Enrique Barrios, refirió que “la reforma energética rescata la soberanía del pueblo hondureño, sobre un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza social”, por lo que calificó el asunto como “estrictamente hondureño”, al tiempo que rechazó “cualquier injerencia extranjera”.
Comisión especial revisará contratos
Durante la sesión legislativa del martes, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, informó que nombraron una comisión especial para investigar todos los decretos relacionados con contratos y contratas de energía aprobados por ese poder del Estado hace ocho años, incluyendo todas las nuevas leyes y reformas del sector energético, decretos de concesiones, revisiones de los vicios de nulidad y procesos de votación.
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) mostró en físico unos 68 decretos y 99 contratos y contratas que fueron aprobados “supuestamente en un solo día” en 2014; con 105 de 128 diputados, de los cuales, solo 44 votó a favor, denunció.
“El Congreso Nacional de Juan Orlando Hernández (entonces titular del Legislativo) dijo que aprobó el 20 de enero todos estos contratos de generación de energía, y esto es falso, es ilícito”, agregó Redondo.
Según el titular del Legislativo, “este Poder del Estado no puede aceptar ningún decreto que sea producto del pago de dinero o de la corrupción”, al tiempo de asegurar que años atrás, junto con el diputado de Libre, Jorge Cálix, presentaron una denuncia al respecto ante el Ministerio Público, el Consejo Nacional Anticorrupción y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La comisión especial, que después presentará un informe con sus recomendaciones, estará integrada por los diputados Silvia Ayala (Libre), Fátima Mena (PSH), Rasel Tomé (Libre), Fabricio Sandoval (Libre), Kritza Pérez (Partido Liberal), Rolando Barahona (Partido Nacional) e Isis Cuellar (Libre).
EEH reacciona a demanda y proyecto
La exposición de motivos del proyecto referido a la reforma energética expone que existen cinco demandas nacionales por un monto de 5,000 millones de lempiras (HNL), unos US$203.4 millones, y una internacional por US$527 millones, promovidas por el inversionista operador Empresa Energía Honduras (EEH) en contra de la ENEE.
El 29 de abril pasado, funcionarios de Gobierno interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por daños y perjuicios contra la EEH por 10,000 millones de lempiras, US$408 millones.
En reacción, la EEH emitió un comunicado en el cual lamentó la conducta del actual Gobierno “que, en idénticas acciones al gobierno anterior, sigue generando controversia en el sector eléctrico del país, implementando medidas y generando iniciativas que violentan la seguridad jurídica y la libre empresa”.
Según EEH, la exposición de motivos está sustentada en “hechos falsos, causando verdadera extrañeza que las instituciones del Estado no verificaron la información que circularon”.
Sobre procesos legales pasados, el consorcio de capital colombiano-hondureño aseguró que se ha visto obligado a presentar acciones legales derivada de incumplimientos contractuales del Estado de Honduras, “sumado a la amenaza de expropiación a la inversión extranjera, que parece ser parte de la agenda del actual Gobierno”, lo cual derivará en promover nuevas acciones legales en instancias nacionales e internacionales, dijo.
En otras intervenciones, el secretario de Energía aseguró que no están planteando la nacionalización o la expropiación de plantas generadoras de energía.
El artículo 6 del proyecto de ley autoriza la adquisición de plantas de generación de energía eléctrica con cláusula de derecho preferente de compra en sus contratos.
Textualmente señala que se autoriza a la Enee para que con base en las cláusulas que corresponden a la liquidación y al derecho preferente de compra contenidas en los contratos de suministro de energía a probados por el Estado, y considerando sus prerrogativas y facultades, por razones de interés público, pueda adquirir las plantas fijando un justiprecio, por razones de seguridad nacional, mediante bonos del Estado y de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la República.
“Lo que estamos colocando en la ley es que se pueda plantear, de hecho hay algunos contratos que tienen la cláusula de derecho preferente para el Estado, la compra de la planta en caso de que quiera algún generador, porque son plantas de 25, 27 años que ya han tenido tasas de retorno grandes y que puedan plantearse la posibilidad de venderlas”, explicó Tejada.